La Justicia Argentina insta a España a que defina si puede interrogar a Martín Villa

La jueza argentina que investiga los crímenes del franquismo, María Servini, envió un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país para que averigüe si España autorizará la declaración indagatoria del exministro de la transición Rodolfo Martín Villa, imputado en su causa por delitos de lesa humanidad, el próximo 20 de marzo en la Embajada argentina en Madrid.

En el documento, la magistrada apremió a la dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería argentina a fin de que "arbitre los medios necesarios para que se obtenga una respuesta definitiva y concluyente de las autoridades españolas". La titular del Juzgado Criminal y Correccional nº 1 de la capital argentina recordó en su escrito, fechado el 27 de febrero, "la proximidad de la fecha dispuesta" para interrogar a Martín Villa.

Aunque la fecha del interrogatorio había sido programada por la jueza el pasado 4 de diciembre, la única respuesta que recibió Servini hasta el momento fue una nota fechada el 20 de enero del entonces director de Asistencia Jurídica de la Cancillería argentina, Conrado Izura. En ese documento, el funcionario argentino atribuía el siguiente comentario a las autoridades del Ministerio de Justicia de España: "Nos han adelantado que el requerimiento no podrá ser diligenciado en los términos en los que actualmente se encuentra librado", puesto que el "medio idóneo para efectivizar la medida no es un oficio judicial sino que corresponde canalizar dicho requerimiento a través de una solicitud de asistencia internacional (exhorto internacional)".

El Ministerio de Justicia español transmitió por entonces que no había remitido ninguna información oficial hasta el momento, y negó haber obstaculizado el viaje previsto por la jueza. Fuentes de la cartera que dirige Juan Carlos Campo explicaron este jueves a Público que apenas son un canal de transmisión entre las comunicaciones de la Cancillería argentina y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, sin más intervenciones. La vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, también aseguró que el Ejecutivo no había puesto problemas en ningún momento para que Servini pudiera interrogar a Martín Villa.

Inquietud de la querella

"Hay preocupación en los abogados de la querella porque estas vicisitudes de tipo formal frustren una vez más un acto procesal de tamaña envergadura para la causa, máxime cuando la propia vicepresidenta del Gobierno español ha manifestado públicamente y ante el Congreso de Diputados que no hay ningún obstáculo por parte de su Gobierno para que se realice la indagatoria de Martín Villa ante la jueza Servini", señaló en diálogo con este diario Julieta Bandirali como integrante del equipo jurídico que se incorporó en 2018 a la causa.

Este malestar es compartido por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), que representa a víctimas y familiares del franquismo. "A día de hoy, el Gobierno de España no ha respondido oficialmente a la jueza Servini en el sentido en el que se han manifestado diferentes miembros del mismo", advirtió este jueves en un comunicado.

Esta actitud, que representa "la obstaculización constante y sistemática por parte de las autoridades españolas de la tramitación de la denominada "querella argentina", resulta inaceptable por vulnerar los principios del derecho internacional y por ocasionar "un profundo desamparo y desprotección a

todas aquellas personas que sufrieron graves violaciones de dichos derechos durante la dictadura franquista", añadió la entidad.

Dilación permanente

El juzgado de Servini ha perdido la cuenta de la cantidad de exhortos que han sido rechazados, diferidos o dejados sin efecto por la justicia o el Gobierno español. Sucedió desde el nacimiento de la investigación, el 14 de octubre de 2010, cuando Servini se dirigió por vía diplomática al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para averiguar si se estaban investigando en España los crímenes del franquismo.

La Fiscalía General del Estado tardó casi un año en contestar. En un documento sin firma, el organismo informó el 28 de junio de 2011 que se habían tramitado diversos casos. Su réplica fue objetada por la querella de la causa, por el exjuez Baltasar Garzón y por organismos como Amnistía Internacional, que recordaron que en España no se han investigado jamás los delitos de la dictadura.

Martín Villa está acusado en Argentina de "homicidio con la circunstancia agravante

La falta de colaboración de algunas autoridades españolas ha sido constante desde entonces. La Fiscalía y la Audiencia nacional se opusieron en 2014 a la extradición de cuatro agentes de seguridad del régimen acusados de torturas, entre ellos el expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño.

Ese mismo año, el Estado español ignoró la orden internacional de detención dictada por la jueza contra 20 imputados en el expediente, de los cuales ya fallecieron cinco.

En 2016, la jueza intentó viajar a España hasta en tres ocasiones para interrogar a Martín Villa, a Billy el Niño, y al exministro José Utrera Molina, quien falleció al año siguiente sin que nunca llegara a rendir cuenta de las acusaciones en su contra. Meses después, la Fiscalía General del Estado a cargo de Consuelo Madrigal reveló sus cartas al ordenar a las fiscalías provinciales que suspendieran la declaración de los querellantes que habían sido citados en diversos juzgados españoles en virtud de la petición de Servini. La instrucción de la exfiscal general todavía no ha sido anulada.

Martín Villa está acusado en Argentina del "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas", un crimen que puede acarrear prisión perpetua.

En las querellas individuales que se incorporaron con posterioridad al caso se le imputan además los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones graves. Todos estos delitos pueden investigarse por el principio de justicia universal reconocido en el derecho internacional y en la propia Constitución de Argentina que permite que cualquier país pueda investigar crímenes de lesa humanidad con independencia de quiénes sean sus víctimas o dónde se perpetraron los delitos.