El penúltimo capítulo de la batalla legal para esclarecer la guerra sucia mundial del espionaje de EEUU contra los denunciantes de crímenes de Estado se está librando en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional española, donde el magistrado José de la Mata instruye la investigación de la empresa Undercover Global S.L. por haber espiado a Julian Assange durante su largo confinamiento en la embajada de Ecuador en Londres.

Todo indica que UC Global –con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz) y cuyo propietario, David Morales, está imputado desde hace más de un año– trabajaba a sueldo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) al mismo tiempo que era contratada para proveer la seguridad perimetral de la sede diplomática ecuatoriana en la capital británica. Así que, aprovechándose de su acceso ilimitado a las instalaciones de la embajada, colocó micrófonos y cámaras ocultas con los que grabó las reuniones del creador de Wikileaks con sus abogados, colaboradores e incluso médicos.

UC Global también copió los teléfonos móviles, los dispositivos electrónicos y los documentos de identidad de las visitas que recibía Assange, y reunió una enorme base de datos, capturas de pantalla, audios y vídeos que volcaba en los servidores de la empresa española bajo el nombre clave de Hotel, según el amplio informe elaborado por la defensa que coordina el exjuez Baltasar Garzón.

Morales llevaba en persona a EEUU el material obtenido en la Operación Hotel y desde allí enviaba nuevas instrucciones a sus agentes de campo, que hicieron "seguimientos personales" y fotografías de Garzón, así como recopilación de información sobre altos funcionarios ecuatorianos, congresistas norteamericanos, diplomáticos, políticos y otras personalidades que visitaron a Assange en sus siete años de reclusión y asilo en la embajada.

Diez años de persecución global desencadenada por EEUU

Esa operación de espionaje sin precedentes contra el editor de una plataforma de comunicación dedicada a revelar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por orden de gobiernos ha culminado una década de guerra secreta para acallar esas denuncias; guerra que ha capitaneado EEUU, con la colaboración entusiasta de sus aliados británicos, nórdicos y australianos, y que este 4 de enero culminará con la sentencia de una jueza británica sobre la extradición de Assange a EEUU, donde se le piden 175 años de prisión.

Sin embargo, Assange nunca centró su escrutinio exclusivamente en las potencias occidentales, ya que sólo dos años después de su fundación en 2006 como plataforma segura de filtración de documentos oficiales, Wikileaks desafió la gran muralla de censura de China en Internet difundiendo 35 vídeos de la represión de manifestaciones populares en el Tíbet. Después, ha publicado miles de documentos comprometedores de regímenes como el del general Al Sisi en Egipto o el del presidente Vladimir Putin en Rusia.

Pero ninguno de esos gobiernos desencadenó una persecución global contra Wikileaks como la que puso en marcha el fiscal general (equivalente a ministro de Justicia) de EEUU Eric Holder en 2010 a raíz de las filtraciones de los archivos de las guerras de Afganistán e Irak, de las fichas de los más de 700 detenidos indefinidamente, sin proceso judicial ni defensa, en el penal de Guantánamo, y de más de 250.000 cables del Departamento de Estado estadounidense en los que se ponía de manifiesto la guerra sucia de engaños, hipocresía e injusticias que practicaba la diplomacia estadounidense en todo el mundo.

Esas filtraciones fueron publicadas en colaboración estrecha con cinco grandes medios de comunicación internacionales –The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, El País y Le Monde–, pero la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y las agencias de inteligencia estadounidenses sólo persiguieron a Assange y Wikileaks, porque sobre los demás podían ejercer presiones políticas y económicas. Y funcionaron, porque esos mismos periódicos que obtuvieron fama y audiencia gracias a las filtraciones de Wikileaks se volvieron después contra él y su organización.

La guerra encubierta contra la libertad de información comenzó en las redes, primero mediante una cadena de ciberataques –a través de los llamados DDS (Distributed Denial of Service)– contra los servidores de Wikileaks, y a continuación varios senadores estadounidenses presionaron a compañías como Amazon y Tableau Software para que retirasen sus servicios informáticos a la plataforma de filtraciones.

"Ha estallado la primera gran guerra de la información", escribió John Perry Barlow, cofundador de la Electronic Frontier Foundation, "y el campo de batalla es Wikileaks".

Cables diplomáticos desvelados un año después por The Sydney Morning Herald constataban que en diciembre de 2010 el despliegue de medios de investigación activados por la Casa Blanca contra Wikileaks –según escribía la embajada australiana en Washington– "no tiene precedentes tanto en su escala como en su naturaleza". Empezando por la constitución de un Gran Jurado en Alexandria (Virginia) que articulaba bajo estricto secreto una elaborada construcción jurídica para procesar a Assange bajo la Ley de Espionaje de 1917, promulgada en plena Primera Guerra Mundial.

Simultáneamente, el Gobierno de EEUU obligaba a PayPal a suspender la cuenta de Wikileaks y el banco suizo PostFinance cedía también a las presiones y congelaba todos sus fondos sin previo aviso. Igualmente, Visa y MasterCard bloqueaban todas las transacciones y donativos para la plataforma. Y todo ello se ejecutó sin mediar diligencia legal ni orden judicial ningunas.

De hecho, las maniobras subterráneas de la inteligencia de EEUU contra Wikileaks habían comenzado a raíz de la publicación, en febrero de 2010, de su primer cable de una embajada del país norteamericano, el conocido como "Reykjavik 13", que envió el número dos de la sede diplomática estadounidense en Islandia detallando las reuniones secretas que había mantenido con los dirigentes islandeses sobre la crisis bancaria del país. Su difusión provocó la celebración de un referéndum sobre el rescate de la banca islandesa IceSave y la caída del Gobierno.

Como Wikileaks estableció su centro de coordinación en Islandia, en 2011 Washington envió a ese país a ocho agentes del FBI aduciendo que tenían informes de que los sistemas informáticos de ese país iban a sufrir un ciberataque. Pero el ministro islandés del Interior, Ögmundur Jónasson, descubrió que lo que estaban haciendo era construir "montajes policiales contra Julian Assange y Wikileaks", y ordenó su expulsión del país.

Más adelante, cuando Assange trató de hallar asilo en Suecia, la Fiscalía sueca montó un caso falso de supuestos abusos sexuales cometidos por el creador de Wikileaks para emitir una alerta roja de Interpol y una euroorden de detención contra él. La mayor parte de la opinión pública mundial sigue creyendo que se presentó una denuncia contra Assange, pero la realidad es que ninguna mujer le acusó nunca de ello; sólo una había ido a la Policía a preguntar si podía exigirle hacerse una prueba del sida tras haber mantenido relaciones sexuales consentidas. Años después, una investigación independiente de la ONU concluyó que las autoridades suecas cometieron no menos de once graves irregularidades para mantener activa artificialmente la acusación fiscal contra Assange que justificó sus nueve años de confinamiento en Londres.

Recientemente, la periodista italiana Stefania Maurizi obtuvo la prueba de cargo del montaje sueco-británico: un correo electrónico enviado el 31 de agosto de 2012 por el Crown Prosecution Service del Reino Unido a la directora de la Fiscalía General de Suecia, Marianne My, instándola a mantener los cargos contra Assange a toda costa.

En mayo de 2010, los servicios secretos de EEUU localizaron a la fuente de muchas filtraciones, el soldado de 22 años Bradley Manning –más adelante renombrado Chelsea tras cambiar de sexo en prisión–, quien también fue la persona que entregó a Wikileaks el histórico vídeo denominado "Collateral Murder", que muestra cómo dos helicópteros Apache acribillan y matan con ametralladoras de 30mm a una docena de civiles desarmados, incluidos dos reporteros de la agencia Reuters, en Bagdad (Irak), el 12 de julio de 2007.

El terrible vídeo de la matanza de civiles "Collateral Murder"

Reuters había solicitado el vídeo de la matanza, en cumplimiento de la Ley de Libertad de Información (FOIA), pero el Ejército de EEUU se negó a entregarlo y anunció que una investigación interna había concluido que fue un incidente en el que los soldados actuaron en cumplimiento estricto de las leyes de guerra y de las reglas para entablar combate. La realidad que mostró el vídeo es bien distinta: los tripulantes ametrallan indiscriminadamente y después siguen disparando contra uno de los fotógrafos de Reuters herido (rematándolo) y contra los civiles que trataban de socorrerle, incluidos dos niños, que resultaron gravemente heridos.

​Esa contundente demostración de que el Ejército de EEUU cometía crímenes de guerra y luego los encubría mintiendo a la ciudadanía en violación de leyes como la FOIA desencadenó una nueva guerra; ésta para acallar para siempre a los que destaparon esa terrible verdad.

Para que Manning confesara –y acusara a Assange de implicación en espionaje– fue sometida en la prisión militar a "trato cruel, inhumano y degradante", según dictaminó el entonces relator de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, al permanecer en confinamiento en solitario 23 horas al día durante casi un año, forzándola a pasar noches enteras desnuda y sin mantas en su celda.

Después, el Tribunal Militar del Distrito de Washington la condenó a 35 años de cárcel por ocho graves delitos, incluidos el de espionaje y el de "ayudar al enemigo" en tiempo de guerra. Los que cometieron la matanza de civiles desde los helicópteros nunca fueron investigados, mucho menos procesados o condenados. Igual que jamás han sido juzgadas las torturas perpetradas contra los prisioneros extrajudiciales en la penitenciaría militar de Guantánamo.

Como diría años después el siguiente relator de la ONU sobre Tortura, Nils Melzer, cuando se le acusó de "pasarse de la raya" por denunciar que Assange estaba siendo víctima de tortura en su confinamiento en Londres: "¿Cómo que no tiene nada que ver con la tortura cuando un hombre expone evidencia de crímenes de guerra y torturas cometidos por un Gobierno y nadie está siendo procesado por ello?"

Así que la guerra secreta contra la verdad alcanzó al propio Melzer, contra el que actuó hasta el Gobierno británico, enviando al embajador en Ginebra a pedir su cabeza al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Al no conseguirlo, pues es un cargo independiente y nombrado directamente por el Consejo de Derechos Humanos, las autoridades británicas presionaron a la Universidad de Glasgow, donde es catedrático de Derecho Internacional, para que fuera privado de su cátedra.

Melzer replicó: "Me niego a ser intimidado. Llevo a cabo el mandato que me han dado las Naciones Unidas de acuerdo con lo mejor de mi moral y mi criterio. Es una violación de mi independencia intentar eludir los procedimientos oficiales y tratar de socavar mi credibilidad y mi posición con las Naciones Unidas y con mi empleador. Y ciertamente no retrocederé".

"Destruido públicamente para que nadie copie a Wikileaks"

Su evaluación de que Assange había sufrido tortura se basó en una visita médica que se le hizo en la embajada, con dos doctores especialistas, en 2019. El diagnóstico se obtuvo bajo el Protocolo de Estambul, el estándar internacional para identificar síntomas de tortura. Pero Melzer no ha conseguido que sus conclusiones aparezcan en ninguno de los grandes medios de comunicación internacionales; ni siquiera ha logrado ser entrevistado por la cadena de televisión BBC, que alegó que no tenía "interés periodístico".

En un acto celebrado en febrero en Londres, Melzer advirtió de que Assange estaba siendo "destruido públicamente ante nuestros ojos", en una operación de "cámara lenta" destinada a intimidar a "todos los demás en el mundo que podrían tener la peligrosa idea de copiar a Wikileaks. Si es extraditado a los Estados Unidos, no tendrá perspectivas de recibir un juicio justo".

Melzer subrayó que mientras Assange se enfrenta en EEUU a penas que suman 175 años de prisión, los máximos castigos impuestos a los condenados por crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia fueron de 40 años. Pero "Assange no ha matado ni dañado a nadie, sino que simplemente ha publicado documentos verdaderos".

Documentos que además demuestran que los que sí han cometido crímenes de guerra son, precisamente, quienes quieren condenarle a pasar el resto de su vida entre rejas como escarmiento y aviso para todo el que quiera imitarlo.