El malestar por el supuesto fraude al fisco español por parte de Juan Carlos de Borbón ha llegado a Bruselas. Los eurodiputados de Izquierda Unida, Sira Rego y Manu Pineda, han enviado una carta al vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, pidiendo que el Ejecutivo comunitario tome una posición clara sobre un asunto de presunta evasión fiscal del rey emérito.

En la misiva, los eurodiputados denuncian que el ex monarca podría haber defraudado a la hacienda pública alrededor de 102 millones de dólares a través de una estructura offshore radicada en Panamá. Dinero que se encontraba en el famoso banco de Mirabaud, "oculta a la administración española y europea".

Explican que este dinero procede de la supuesta donación que hizo el rey Abdalá de Arabia Saudí en 2008 "como cobro de una comisión ilegal por las obras del tren de alta velocidad de Medina a la Meca, en la que Juan Carlos de Borbón habría tenido un papel negociador muy importante". Según estimó la asociación de técnicos de Hacienda, Juan Carlos de Borbón debería de haber pagado 52 millones de euros a las arcas madrileñas por esta transacción, por no existir lazos familiares entre ambas partes.

El Ejecutivo de Ursula von der Leyen quiere hacer de la lucha contra la evasión fiscal una de las principales banderas de su mandato. Tal y como anunció recientemente la Comisión Europea, planea una ofensiva contra el régimen fiscal de países europeos con bajas tasas impositivas para empresas. Es decir, dumping fiscal.

Para el tercer trimestre de este año, Bruselas tiene previsto presentar un plan de acción, que incluya una iniciativa no legislativa sobre buena gobernanza fiscal en la UE y una revisión de la directiva sobre información tributaria entre Estados miembro.

Teniendo en cuenta la sensibilidad del Ejecutivo comunitario por este asunto, los eurodiputados instan a la Comisión Europea a tomar partido, "teniendo en cuenta que la evasión fiscal es un problema de toda la Unión Europea y no sólo de un Estado miembro".

También han preguntado formalmente si Bruselas está recibiendo algún tipo de presión para guardar silencio sobre este asunto. El pasado 15 de julio la prensa española preguntó al comisario Gentiloni en una rueda de prensa sobre evasión fiscal por las últimas noticias en torno al rey emérito, a lo que el italiano se limitó a responder "sabe usted lo que pensamos, pero no podemos comentar algo completamente vinculado a la situación interna de un Estado miembro".

El equipo de portavoces económicos de la Comisión Europea ha confirmado la recepción de la carta y ha asegurado que contestará a los eurodiputados en el tiempo previsto, sin precisar una fecha límite para hacerlo. Sin embargo, no ha querido clarificar el mensaje del comisario de Economía.

Los representantes de Izquierda Unida explican en la epístola que, según las investigaciones del fiscal Yvess Bertossa, parece acreditado que el modus operandi del ex monarca era retirar semanalmente la cantidad de 100.000 dólares de la cuenta radicada en Ginebra. En 2012 se cerró esta cuenta y se transfirió el dinero restante a Corinna Larsen. Dinero que el rey emérito reclamaría después de abdicar, según informó Público.

Sira Rego y Manu Pineda denuncian que estos hechos ocurrieran en un momento complicado para España, en plena crisis del euro, "mientras los españoles y españolas sufrían el paro, la pobreza y la precariedad". Los eurodiputados se preguntan si Bruselas va a estar a la altura y va a responder a las preguntas de la ciudadanía española, que asiste incrédula a la información de estos presuntos delitos del ex monarca.

"Que hayan pasado 12 años desde que el rey emérito empezara a cometer presuntamente estos hechos delictivos es una prueba de la impunidad de la que gozan determinadas personas en nuestros Estados miembros y, por tanto, en la Unión Europea", han subrayado. Han hecho hincapié en que "estas personas, por su posición, actúan con total impunidad, sin que la UE consiga atajar de raíz el problema de la evasión fiscal".

Los eurodiputados de Izquierda Unida cierran la carta con una pregunta tajante dirigida al vicepresidente Valdis Dombrovskis y al comisario Paolo Gentiloni: "¿creen ustedes que este tipo de actitudes y acciones son compatibles con la legislación comunitaria?".