Uno de los congresistas de EEUU con más influencia propone dejar de financiar al Ejército de Colombia si no frena los abusos contra los derechos humanos

El congresista demócrata Jim McGovern es el parlamentario estadounidense que más conoce Colombia, país que ha visitado hasta una docena de veces en 20 años. Además, es el presidente del poderoso Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, quien decide qué proyectos se votan y cuándo, cuántas enmiendas y de qué tipo se pueden proponer e introducir a un proyecto de ley. Esta semana, McGovern acudió de nuevo en una discreta visita oficial y dejó claro que es el momento de debatir de forma profunda la política que EEUU debe tener con Colombia.

"Un número grande y creciente de miembros del Congreso de los Estados Unidos y nuestros electores, la gente del pueblo estadounidense, no quieren tolerar que sus impuestos sean utilizados para violar los derechos humanos de manifestantes civiles o para matar a líderes sociales defensores de derechos humanos, en Colombia o en cualquier otra parte del mundo", declaró en una rueda de prensa en Bogotá tras permanecer en el país entre el 3 y el 8 de octubre.

Esta gira oficial de McGovern es respuesta directa a los graves reportes sobre el ataque policial contra manifestantes desarmados. Son al menos 44 asesinatos, 83 jóvenes que perdieron la visión total o parcial por impactos de bala en los ojos, 28 víctimas de violencia sexual, 1.832 detenciones arbitrarias y 1.468 casos de violencia física. Todo esto del 28 de abril al 28 de junio de 2021.

Las cifras ponen en cuestión la cooperación militar (incluyendo la policial) de EEUU con Colombia, uno de los países que más ayuda militar estadounidense reciben en el mundo. Las fuerzas militares de EEUU entrenan desde la posguerra a soldados y agentes colombianos y han influenciado fuertemente la doctrina de las fuerzas de seguridad del país. 

Los planes de EEUU con Colombia

Entre 1998 y 2015 vino el Plan Colombia, un programa concebido en EEUU con amplio respaldo bipartidista e impulsado activamente por la industria de defensa, por empresas mineras y petroleras estadounidenses.

Era la primera vez desde la derrota en Vietnam (1975) que Estados Unidos se involucraba directamente en la guerra colombiana. Consistía en un programa cívico-militar donde lo militar abarcaba el 75% de la financiación. De ese porcentaje, la mitad sirvió para comprar helicópteros made in USA. Todos los bienes y servicios que contemplaba el Plan Colombia tenían que adquirirse obligatoriamente en Estados Unidos.

En el marco del Plan Colombia y más allá, oficiales estadounidenses entrenaron en este país a grupos grandes de infantería, más de 110.000 efectivos entre 1999 y 2018, indica el informe Desde el inicio hasta el final: Estados Unidos en el conflicto armado colombiano". Este documento fue publicado en octubre 2020 y realizado por tres ONG estadounidenses para la Comisión de la Verdad de Colombia, producto del acuerdo de paz de hace cinco años.

"Las estrategias del Plan promovieron las violaciones de derechos humanos, directamente o a través del apoyo a la fuerza pública colombiana que cometía violaciones, a cambio de ganancias para las empresas extractivistas y de bienes y servicios de guerra", resume dicho informe.

El Plan Colombia creó batallones para prestarles seguridad a las industrias petrolera y carbonífera estadounidenses activas en el país suramericano. En 2015 los colombianos pagaban con sus impuestos 20 de estos batallones, con 68.255 soldados dedicados exclusivamente a proteger esas empresas.

La paz con la guerrilla de las FARC cambió el panorama. El Plan Colombia se transformó en Paz Colombia, para indicar un cierto apoyo de EEUU al acuerdo firmado en 2016. También hubo otro cambio: la desactivación de cerca del 80% del conflicto armado dejó al desnudo el conflicto social.

El presidente conservador Iván Duque, en el cargo desde 2018, parece que no tomó nota y el pasado abril, en plena pandemia, elaboró una reforma fiscal que aumentaba los impuestos a las familias de clase media. Las protestas, que ya venían desde noviembre de 2019, pero habían quedado sepultadas por la covid-19, estallaron de nuevo con huelgas e indómitas manifestaciones en todo el país. Duque respondió a sangre y fuego las manifestaciones contra sus políticas económicas y contra la violenta represión policial.

"Mucha gente de EEUU y del mundo se horrorizó con los vídeos difundidos y estaban asustados con la forma en la que la Policía respondió a las manifestaciones (...) No se debe negar la seguridad ni arriesgar la vida de otra persona por tener una opinión contraria", sostuvo McGovern a la prensa en Bogotá.

A raíz de la brutal respuesta de Duque a la protesta, el congresista estadounidense propone desde mayo cortar la financiación de la policía colombiana. También ha propuesto poner como condición el respeto a los Derechos Humanos antes de aprobar nuevas asistencias militares y policiales, así como para ayudar en las campañas antidrogas que EEUU concede a Colombia. Según sus cálculos, su país ha invertido en esos rubros en Colombia 8.200 millones de dólares.

Primeras acciones de McGovern

El congresista movilizó a sus colegas y el 1 de julio pasado el Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos condicionó por primera vez la financiación de la policía colombiana, cuando aprobó un proyecto de ley que incluye 461 millones de dólares para Colombia en 2022. Hasta ahora, las restricciones solo aplicaban al ejército, en la picota hace décadas por violaciones a los derechos humanos. Si Colombia quiere que sigan fluyendo dólares para la policía, tendrá que demostrar que está investigando y haciendo justicia respecto a los uniformados implicados en los graves abusos.

Además, McGover urge a EEUU a volver a examinar a fondo la asistencia militar y policial, que a pesar de "Paz Colombia", de la que no se volvió a saber, lleva años "con piloto automático", manteniendo los énfasis sin evaluar "qué funciona y qué no", en sus palabras.

McGovern viajó directamente a las ciudades que más sufrieron los crímenes de la policía antimotines (ESMAD) contra los manifestantes durante la protesta social que Duque ahogó en sangre.

Ruta por Cali

El diputado demócrata, que también es copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de su país, estuvo en la ciudad de Cali, capital del occidental departamento del Valle del Cauca donde hubo más jóvenes manifestantes asesinados, y en la vecina Santander de Quilichao, ciudad de poco menos de 100 mil habitantes en el departamento del Cauca. En esta última sostuvo encuentros con líderes indígenas, campesinos y de las negritudes.

Pasó el jueves 7 en Bogotá, donde dio una rueda de prensa al final de la tarde después de entrevistarse con Duque durante una hora. Le manifestó su apoyo irrestricto al acuerdo de paz con las FARC el cual, le recordó, fue incorporado a la Constitución de Colombia y es obligación cumplirlo.

En su gira habló con periodistas amenazados y defensores de derechos humanos sobre el espionaje ilegal al que son sometido; con padres y madres de jóvenes asesinados por el ESMAD; con el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, el mismo que puso el dedo en la llaga cuando preguntó en los días más álgidos de la huelga nacional: ¿Cómo les digo a los de las barricadas que dejen pasar los camiones con alimentos para Cali, cuando los mismos manifestantes no tienen qué comer?

En sus viajes a Colombia, McGovern ha visto cosas que lo deprimen y otras que le dan esperanza: "Estoy asombrado de la valentía de los defensores de derechos humanos de este país", destacó. Gente que no ceja en su empeño y a quienes el estadounidense incluso vio llorar de miedo al relatar el peligro en que viven.

Fueron tantas las necesidades económicas y sociales que notó en su viaje actual, que avanzó en su propuesta, y en la rueda de prensa habló de que la financiación estadounidense derive en ayuda socioeconómica: "Tal vez es hora de invertir en la gente de Colombia". Ayudar en lo social parece bastante más exigente que echarle leña al fuego.

El panorama colombiano

5,3 millones de colombianos trabajan en la precariedad laboral. 3,5 millones cayeron en la pobreza desde que comenzó la pandemia, según la expresión y las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El 43% gana menos de lo indispensable para cubrir lo básico. La pandemia mostró la vulnerabilidad del 16% de la población que tiene los ingresos más bajos. En Bogotá (con casi 8 millones de habitantes) durante el último año se triplicó la gente en pobreza extrema.

El descontento es grande. La desigualdad y la delincuencia han empeorado, se profundiza la inseguridad alimentaria, y Duque exasperó con su mano dura contra la protesta social al tiempo que esgrimía distintas teorías de conspiración. El 71% rechazó a Duque en la encuesta de Cifras y Conceptos en septiembre 20.

La gente ha salido a la calle con desespero y coraje, pero no todos pueden explicar por qué el desempleo y el hambre. Para el economista Aurelio Suárez "el paro fue un veredicto histórico de dos millones de personas movilizadas diciendo: este país esta mal, hay que arreglarlo. Pero no conocen la causa de los males".

Y es que Colombia consume y pide prestado más de lo que vende. Suárez muestra en su libro Saqueo, un ambicioso estudio recién salido del horno sobre la economía colombiana 1990-2020 (Ediciones Aurora, 962 páginas), que, si en el año 2000 cada colombiano debía el equivalente a 344 euros por la deuda externa del país, hoy debe 2.864 euros.

Al mismo tiempo, Colombia casi desmontó su industria, con la consiguiente pérdida de empleo formal. Actualmente, el 45% de los productos industriales que consume, son importados. "En la agricultura importamos 14 millones de toneladas y el 70% de los cereales y de las oleaginosas, es decir la dieta básica", señaló el catedrático Suárez en diálogo con Público. Añadió que el capital extranjero abarca la mitad de la economía: (los gobernantes) "nos montaron un modelo a favor del capital extranjero y en contra de la población, y la que paga es la población". Por ende, para pagar la deuda externa, le suben los impuestos y le bajan los salarios. Las cosas, en fin, venían mal ya antes de la pandemia, concluyó Suárez. Lo que está en cuestión, precisamente, es el modelo.