El Tribunal Supremo de Israel está estudiando las preguntas que hace unas semanas le formuló España concernientes a altos cargos políticos y jefes militares israelíes contra los que hace poco se presentó una demanda en Madrid por presuntos crímenes de guerra.

El diario Yediot Ahronot informó este viernes de que en la elaboración de las respuestas están colaborando conjuntamente el Tribunal Supremo, el Gobierno, el Ejército y los servicios secretos.

La demanda la interpuso en Madrid una asociación palestina de derechos humanos contra ocho israelíes de los cuales dos tenían en su momento un cargo político y el resto eran jefes del Ejército o de los servicios secretos.

A todos se les acusa de crímenes de guerra por un ataque de la aviación en la franja de Gaza ocurrido hace seis años, en el que resultó muerto un líder local de las milicias de Hamás, Saleh Shahadah, y catorce civiles, incluidos once niños.

La línea argumental de los israelíes es que se trata de un caso que ya fue estudiado por las autoridades israelíes sin que se determinará la comisión de ningún delito. Sin embargo, el juez Fernando Grande-Marlaska ha instado al Supremo israelí a que responda a ciertas preguntas antes de dar el siguiente paso.

Grande-Marlaska todavía no ha decidido el sobreseimiento de la causa pero tampoco ha continuado el proceso. Parece que no tomará una decisión hasta tener en sus manos las respuestas del Supremo de Israel.

La ministra de Exteriores, Tzipi Livni, ha evocado varias veces ante las autoridades españolas este problema que en Israel se califica de 'embrollo'. La última vez fue en septiembre, durante la visita que realizó a la región Miguel Ángel Moratinos.

'Es inadmisible que oficiales del Ejército en la reserva se vean afectados por una denuncia política y antiisraelí. Le pido que ayude a encontrar una solución al problema', dijo Livni a Moratinos. Fuentes políticas citadas por el Yediot Ahronot advirtieron que esta cuestión 'puede afectar muy negativamente a las relaciones entre los dos países'.

Las autoridades israelíes han ordenado a numerosos militares, en activo o en la reserva, que no visiten España por temor a que, de un día para otro, se presente una demanda contra ellos y se vean implicados en un proceso judicial amparado por el Tribunal de Justicia de La Haya.

El temor es mayor si se tiene en cuenta que los militares tampoco pueden viajar a otros muchos países de Europa que, como España, han suscrito la legislación sobre crímenes de guerra. Todos estos Estados podrían ordenar la captura de un sospechoso en cualquiera de los países firmantes.

Las organizaciones de derechos humanos británicas mantienen en jaque a los militares israelíes desde hace algunos años. En una ocasión, el entonces jefe del Ejército, Shaul Mofaz, que hoy es ministro de Transportes, tuvo que abandonar repentínamente el Reino Unido al saber que una organización había presentado una denuncia contra él en los tribunales.

Más sonado fue el caso del general Doron Almog. Cuando llegó al aeropuerto londinense de Heathrow no se atrevió a salir del avión al enterarse de que la Policía lo estaba esperando al pie de la escalerilla. Almog regresó a Israel a bordo del mismo aparato.

El caso más célebre ocurrió el 16 de octubre de 1998, cuando un tribunal de Londres ordenó el arresto del general Augusto Pinochet a petición del juez Baltasar Garzón. No obstante, después de un largo proceso, Pinochet pudo regresar a Chile sin que se lograra su extradición a España.