El Gobierno de ultraderecha israelí, dirigido por Benjamín Netanyahu (Likud) continúa con su ofensiva contra la agencia de los refugiados palestinos de la ONU. El pasado jueves 10 de octubre, el periódico hebreo Israel Hayom informó de que la municipalidad de Jerusalén expropiará la sede de la UNRWA Ma'alot Dafna, ubicada al este de la ciudad santa, para construir 1.440 viviendas. El territorio en el que se ubica el complejo de la ONU es considerado por la comunidad internacional como parte de los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967, lo que hace de esta operación urbanística un nuevo ejercicio de dominación colonial.

La sede de la agencia llevaba cerrada desde el 10 de mayo de este año, después de sufrir varios ataques contra el complejo, en uno de los cuales trataron de prenderle fuego. La expropiación de la parcela urbana responde así a las demandas de una parte de la población que se opone a la presencia de organismo internacional en todo el territorio palestino e israelí. Más aún, el cese de sus actividades.

Esta operación urbanística supone una parada más en la ruptura de relaciones que está protagonizando Israel con las Naciones Unidas. Una relación que empezó a resquebrajarse visiblemente cuando António Guterres, comenzó a cuestionar la respuesta militar de Israel a los ataques del 7-O. Conforme más solicitaba Guterres un alto al fuego en la Franja, más elevaban el tono las autoridades políticas y militares sionistas.

La tensión diplomática entre Tel Aviv y el organismo internacional ha escalado hasta el punto que Israel Katz, ministro de Exteriores hebreo, declaró persona non grata al máximo representante de la ONU a principios de octubre. Pero las embestidas contra la UNRWA por parte de los sectores más conservadores del sionismo se vienen alargando desde hace décadas. Así lo ha confirmado a Público Raquel Martí, directora de UNRWA en España: "Los ataques por parte de Israel al trabajo de la UNRWA y la tergiversación de su mandato no son algo nuevo".

Tampoco sus ataques han sido meramente simbólicos. Sólo desde que empezó el genocidio, al menos 300 trabajadores humanitarios de la UNRWA han sido asesinados en la Franja de Gaza. Una cifra a la que se le suman varias decenas si se tienen en cuenta las vidas sesgadas en operaciones militares anteriores a la Franja de Gaza.

Además de acabar con sus trabajadores, la Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han destruido o dañado seriamente 190 infraestructuras de la agencia, entre ellas, escuelas y centros sanitarios. Las demoliciones de infraestructuras de o para palestinos son parte de la estrategia de colonización y castigo colectivo que Israel lleva décadas desarrollando especialmente en Cisjordania y que ya venían afectando a los edificios de la UNRWA y los financiados por otras entidades, como la UE. Entre enero de 2019 y septiembre de 2023 –es decir, antes de los ataques de Hamás– fueron demolidos parcial o completamente 1.692 edificios que habían recibido fondos internacionales, tal y como contó Público en un artículo publicado en noviembre del pasado año.

Más recientemente, el 10 y 11 de octubre, Israel atacó el Cuartel General de la Misión de Paz de la ONU en Beirut (Líbano), donde se encuentran las tropas de las Naciones Unidas –cascos azules–, algunos de ellos españoles. Mientras, el frente en el Líbano ya se ha cobrado la vida de unas 2.000 personas, entre ellas alrededor de 130 niños y niñas, según los datos de principios de octubre de Save the Children.

"Ahora podemos cuantificar todo lo que pasa en Gaza (...): los muertos, los heridos, la destrucción, el número de casas, de carreteras, de hospitales. Lo único que no hemos podido contabilizar y yo no soy capaz de expresar es el dolor", enunció Raquel Marti en su intervención en el IV Congreso de Periodismo de Migraciones que tuvo lugar en Mérida durante la segunda semana de octubre. "El dolor contra la población palestina, el sufrimiento, la tortura psicológica a la que les están sometiendo. Es imposible describirla", añadió.

El odio contra la UNRWA, ya latente desde el inicio del genocidio, se desató en enero, cuando Tel Aviv anunció que 12 empleados de la UNRWA habrían estado presuntamente implicados en los ataques del 7-O. El primer paso de la agencia de la ONU fue expulsar a los trabajadores sospechosos e iniciar dos investigaciones independientes. Dado que Israel no entregó las pruebas para que los investigadores pudieran contrastar las informaciones, la implicación de estos trabajadores "no se ha podido demostrar" de momento, explica Martí.

En cualquier caso, el hecho de que "hubiesen podido participar no implica que la UNRWA pueda ser acusada en su totalidad de ser terrorista". Todo ello fue explicado detenidamente por Natalie Boucly, comisionada adjunta de la agencia, en una entrevista concedida a Público a principios de octubre.

Tel Aviv no parece estar dispuesta a dar las pruebas ni detener la masacre contra los palestinos. Tampoco en poner coto a su ofensiva contra la UNRWA. De hecho, en las próximas semanas, el Parlamento israelí debatirá algunas resoluciones con las que busca ahondar en el desmantelamiento de la agencia. Algo que, de lograrse, podría agravar aún más la situación de los palestinos en Gaza. Según ha explicado Martí a este periódico, es a través de la gestión de la UNRWA que "otras agencias que están operando en Gaza", por lo que si son expulsados del territorio "otras agencias no podrían operar, porque no tendrían ni la capacidad ni la logística". Y concluye: "Lógicamente, acabar con UNRWA y lograr retirar su financiación haría que la catástrofe fuera mayor".