La Iniciativa G5 rezuma cierta dosis de entusiasmo, tres años después de su lanzamiento, cuando los jefes de Estado de los cinco países vecinos de una de las regiones más pobres y conflictivas del planeta, lanzaron una estrategia única en el continente africano: unir sus fuerzas militares y sus esfuerzos económicos para crear estabilidad y generar prosperidad.

Era febrero de 2014 y la declaración inicial de buenas intenciones, redactada en Nuakchot, capital de Mauritania, con el impulso y el apoyo de Naciones Unidas y la Unión Africana, poco a poco ha ido tomando forma. Para sorpresa de la práctica totalidad de cancillerías internacionales, que no sólo no confiaban en la capacidad organizativa de cinco de las naciones con menor renta per cápita y de menor densidad de población del mundo, lo que contrasta con la gestión de unos territorios demasiado extensos para ejercer cualquier mínimo control de seguridad.

Sino que veían como altamente improbable que un proceso de integración en estas latitudes puediera hacer frente a la amenaza terrorista que propagan tanto Al Murabitun, como otras células afines a Al Qaeda, o el sanginario grupo Boko Haram.

Sin embargo, Nuakchot marcó dos hitos importantes de futuro que, en las últimas semanas, se han acelerado. El primero, de índole militar: la puesta en marcha de una fuerza militar conjunta, de 10.000 efectivos, que sea efectiva en 2018 y que sirva de barrera de contención de los grupos insurgentes. Francia, el socio europeo con mayores intereses geoestratégicos en la región, que tiene desplegados 4.000 soldados en la zona desde que París interviniera militarmente contra el yihadismo en el norte de Mali, en 2013, y EEUU, que perdió hace un mes a cuatro efectivos de su ejército en una emboscada, se han apresurado a dar su apoyo a una iniciativa que “logrará controlar una zona limítrofe con tres fronteras nacionales y combatir a los grupos armados que trafican, asedian y atacan a la población”, según un comunicado oficial del G-5 tras la reciente cumbre de ministros de Exteriores de Europa y África de finales de noviembre.

En una primera fase, se desplegarán la mitad, 5.000 soldados, englobados en siete batallones, que también realizarán labores humanitarias y cooperarán, para garantizar la seguridad, con responsables civiles de proyectos de desarrollo y con las fuerzas de pacificación de Naciones Unidas, denominada MINUSMA y dotada de 14.000 efectivos, una de las misiones más caras que los cascos azules tienen operativas, y que tiene su base en Sévaré, en el centro de Malí, objetivo de frecuentes ataques yihadistas desde 2013.

Aun así, estos denodados esfuerzos militares del G-5 podrían caer en saco roto si la comunidad mundial, no consuma sus compromisos financieros. En especial, el dado por la Casa Blanca y que habla de un cheque superior a los 60 millones de dólares, aunque lo condicionaba a que no se tocara ni un dólar de los fondos multilaterales de Naciones Unidas, institución a la que Donald Trump le ha puesto una cruz visible.

Para desesperación de Francia y del secretario general de la ONU, el portugués Antonio Gutérres, quien apeló a la cordura de “una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar”, si realmente el mundo apuesta por reducir la escala de riesgos en una región donde “la inseguridad es extremadamente preocupante”. A la espera de si su Consejo de Seguridad se decanta por aprobar una resolución que libere partidas, como desea París, o eluda la redacción del texto y se convoca una conferencia de donantes, la opción que baraja Washington.

Sea cual sea la fórmula, los cascos azules y el nuevo ejército saheliano van a necesitar 250 millones de dólares para emprender su tarea de pacificación y de reconstrucción regional. Tarea de envergadura. Porque en el último curso académico, el 2016-17, sólo en Malí, más de 500 escuelas tuvieron que cerrar ante la amenaza de ataque, muy por encima de las 296 del año precedente, mientras el número de refugiados se disparaba hasta las 140.000 personas, además de otros 55.000 desplazados, y 165.000 niños se encontraban en riesgo de malnutrición, según UNICEF.

El presidente francés Emmanuel Macron junto a los líderes del Sahel G-5.REUTERS/Michel Euler

El G-5 calcula que precisará 497 millones de dólares (423 millones de euros) para implantar las fuerzas militares conjuntas, pero sólo una cuarta parte de esta cifra se ha recaudado hasta la fecha. Además de los 60 millones de Washington, Europa aporta algo más de 50 millones, a los que habría que sumar los 8 que suministra Francia a título individual. De ahí que Gutérres apele a la “movilización financiera para prorrogar durante varios años este reto unificador”, sin ningún precedente en África, de cara a la primera toma de contacto de países donantes, prevista en Bruselas, antes de que finalice el año.

La segunda prerrogativa que ha emanado del G-5 ha sido la decisión de renovar el ambicioso Programa de Prioridad de Inversión 2015-17, para el que reclaman la ayuda externa al desarrollo de una franja desértica de 145 millones de personas, el 80% de las cuales viven con menos de 2 dólares al día, con problemas de desnutrición y de escasez de agua, tensiones fronterizas y una pésima distribución de la riqueza procedentes de sus privilegiadas y anquilosadas estructuras de explotación de recursos. Con focos de corrupción entre sus cúpulas dirigentes y una sucesión de desastres naturales.

En 2015, año de máxima intensidad de estas lacras con efectos sociales, la OCHA, agencia de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, cifró en 20 millones las personas con insuficiencia alimentaria, de los que 4,4 estaban en situación grave y 6 millones eran niños con síntomas de desnutrición para un total de 4,5 millones de desplazamientos humanos como consecuencia de la inestabilidad en el Sahel. El presidente galo, Enmanuelle Macron, ha sido el que más énfasis ha puesto en la resolución de este punto conflictivo del planeta.

En su opinión, Francia pondrá la seguridad al mismo nivel que la educación, la cultura y la economía en sus intereses en el Sahel. Para lo cual, ha prometido que elevará, al final de su mandato, hasta el 0,5% del PIB la ayuda al desarrollo gala, una décima más que la actual. Gran parte de la cual se destinará a sufragar los esfuerzos del G-5, dijo en una conferencia reciente. Y 200 millones de euros de envío inmediato a programas de asistencia económica en la región.

“Los avances en la seguridad no perduran sin el necesario impulso político; pero tampoco se consolidan sin un clima adecuado para la inversión y los negocios”, precisó Macron, antes de anticipar que logrará un acuerdo de la UE para inyectar nuevos fondos financieros en el Sahel. Zona en la que gobiernos como el de Níger, por ejemplo, no controlan vastos territorios del país, en los que no hay ni policía, ni escuelas ni carreteras. O donde los conflictos étnicos y territoriales han servido de refugio a terroristas, desplazando de esas tierras a los tuaregs.

Por si fuera poco, la desertización ha hecho mella en un año especialmente seco. Acción contra el Hambre acaba de advertir que “los niveles de vegetación no alcanzan siquiera para alimentar a los animales” porque los efectos del cambio climático “han desplazado las escasas lluvias que suelen descargar en la región”.

Desde Naciones Unidas se llama a continuar, en el terreno económico, las iniciativas unificadoras del G-5 en el ámbito de la seguridad. Su vicesecretaria general, Amina Mohammed, nigeriana, experta en desarrollo y una de las impulsoras de los Objetivos del Milenio, cree que si la alianza saheliana contra el terrorismo surte efecto, como empieza a parecer, “sería determinante” que se unificaran los programas de desarrollo, las agendas económicas, la cooperación financiera y la configuración de un orden jurídico que atraiga al capital extranjero.

“Es el Talón de Aquiles”, la atracción de las múltiples estrategias en una única fórmula. “Pero necesitamos recursos” para poder canalizar las prioridades y evitar que el Sahel se convierta, ahora que se han puesto los primeros pilares de la seguridad, en un “laboratorio” del integrismo.

Marta García Outón, analista de GIASP, Observatorio de Estrategia e Inteligencia, corrobora los avances de la G-5 Sahel Force, promovida por Macron, en el reto de restaurar la autoridad de los gobiernos de estas cinco naciones. Requisito esencial para “facilitar la acción humanitaria y de desarrollo, proteger a los desplazados y atacar la amenaza armada”. Es decir, “la creación de una auténtica policía regional”, que precisa -coincidiendo con las predicciones de la ONU- de unos 500 millones de dólares, “para pacificar” el área.

Outón cree que la actividad terrorista está todavía lejos de remitir. Por eso no puede haber lugar a la complacendia. En octubre pasado, los ataques se concentraron en Malí y en las fronteras de Burkina Faso y Níger. En especial, por Al Qaeda. En total, y desde 2017, se han contabilizado 244 actos terroristas. Una tendencia que revela “la porosidad de las fronteras entre estos países” y la necesidad de un refuerzo sobre el control de fronteras y de colaboración entre los servicios de inteligencia occidentales y entre el G-5 y países limítrofes como Argelia, Libia y Senegal, que casi nunca cooperan de buen grado, por el protagonismo que Malí ha adquirido en el G-5.

Por eso “la influencia determinante de Francia” resulta fundamental para legitimar la guerra contra el yihadismo en términos de colaboración e intercambio de información. Consciente de la trascendencia del momento, Naciones Unidas insta a París a “seguir mostrando su importancia geopolítica”, a mantener su Operation Barkhane de presencia militar en la zona y a reforzar los lazos socio-económicos y financieros de Europa con un área clave para estabilizar sus fronteras del sur.

Evolución de los atentados terroristas durante el año 2017 en Malí (Azul), Burkina Faso (Rojo) y Níger (Verde)

A EEUU, le pide una mayor involucración política y estratégica -no sólo de índole económico-, y su apoyo a que la resolución del conflicto pase por la ONU. Pero también hace un repaso del G-5. Así, al Gobierno de Malí, a quien otorga el papel dirigente de las fuerzas militares conjuntas, aunque bajo un mando comandado por Francia y EEUU, le encomienda que recupere la autoridad sobre ciertos territorios donde se han hecho fuertes grupos armados con conexiones con Al Qaeda, y medidas de centralización de los poderes políticos y económicos.

A Mauritania, reformas para reforzar su vulnerabilidad económica y para corregir el déficit social y de Justicia. Mientras a Níger, Chad y Burkina Faso, que refuercen sus controles fronterizos con áreas de seguridad, con objeto de reducir las numerosas incursiones terroristas procedentes de Boko Haram (Nigeria) y de movimientos afines al Daesh, especialmente en Chad.

Luca Rainieri y Francesco Strazzari, del Instituto Europeo para Estudios de Seguridad (EUISS, según sus siglas en inglés) aseguran que “el relanzamiento” de Francia como gran interlocutor del Sahel “ofrece el mejor de los ímpetus al proceso de paz” en la región. Aunque alertan de que la reedición de viejas fórmulas predecibles de apoyo militar, asistencia externa o de cooperación regional “no surtirán efecto a menos que los donantes globales exijan como contrapartida a sus fondos un elenco de reformas que sirvan para combatir la corrupción, el mal gobierno o faciliten la igualdad social”.

Pero, sobre todo, acaben con “la impunidad hacia los terroristas”. Algo que se consigue con una alianza estratégica y sólida entre el G-5 y sus financiadores. Juan Alberto Mora, del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), recuerda que el G-5 “tiene el objetivo primordial de proveer de recursos a la Sahel Force los recursos adecuados”, pero que “sólo el 12%” de los 423 millones de euros, la contribución europea, “está asegurada” por lo que llama a una acción concertada que consiga acabar con la “poligamia institucional” que practican ciertas autoridades y que favorece la dispersión de recursos y de decisiones que les resta credibilidad “antes sus sociedades”.

Andrew Lobovich, experto del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales (ECFR), considera capital que los países del Sahel alcancen acuerdos de paz en sus fronteras con grupos de insurgentes y con sus vecinos -como Marruecos y Argelia- para gestionar mejor los flujos de desplazados y refugiados. Tarea -dice- en la que debería jugar un papel de mediación notable la UE.