Sin clases en colegios y universidades públicas, sin atención en oficinas públicas y entidades bancarias, y con gran parte del transporte paralizado, un conjunto de sindicatos con el apoyo de las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) intentó convocar una huelga general en Argentina de la que se desentendió la principal central obrera del país, la Confederación General del Trabajo (CGT).

“Somos uno de los sectores más perjudicados de las políticas de este Gobierno. Quedamos 3.000 trabajadores desde que asumió esta gestión, cuando éramos 5.000”, comentó a Público Daniel Sánchez, secretario adjunto del Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero. “Tuvimos despidos porque las empresas no pueden llevar adelante el pago de salarios. No hay reactivación económica, los productos de manufactura tienen un sector muy limitado a partir de la apertura de las importaciones, el mercado se achicó, no podemos colocar nuestros bienes dentro del mercado interno, y exportar se hace complicado porque el valor del dólar no es competitivo para el exterior”.

El dirigente sindical resumió así la situación de su sector cuando regresaba de la céntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires, donde transcurrió el acto central de la movilización convocada por los organizadores del paro. “Que la CGT no defendiera esta huelga es algo lastimoso y muy doloroso para nosotros, porque la CGT es la gran representantes de los trabajadores. Creemos que es porque tienen algún grado de complicidad con el Gobierno”, sostuvo.

A la manifestación se sumaron partidos de izquierda, como el Frente de Trabajadores de Izquierda (FIT), y entidades sociales y barriales que secundan cada iniciativa contra el Gobierno.

“El paro fue contundente en todo el país, más allá de que algunos funcionarios dicen que no se notó”, reivindicó durante el cierre de la marcha Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, uno de los gremios con mayor capacidad de movilización en Argentina que lideró la convocatoria de esta huelga. “El paro ha sido total en algunas provincias”, añadió desde el escenario principal situado frente la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.

Fractura en los sindicatos

Pese a la movilización que colmó la Plaza de Mayo y la avenidas adyacentes, la fragmentación en Argentina también afecta al sindicalismo. Esa fractura es espejo de la división que existe en el peronismo, el movimiento político más importante del país.

En un año electoral, los gremios más cercanos al kirchnerismo, que sueña su regreso al poder de la mano de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se precipitaron a las calles. El peronismo no kirchnerista, más conservador y representado por varios bloques parlamentarios y no pocos gobernadores de la mayoría de las provincias, sigue a la CGT, que ha sido complaciente con el presidente Mauricio Macri en los tres años y medio que lleva en el poder, y que ha quedado en evidencia al no adherirse a la medida de fuerza de este martes.

En la capital argentina y en la provincia de Buenos Aires, la huelga afectó a la mayoría de los servicios de transporte, pero no a todos. Las líneas de ferrocarril no interrumpieron su actividad, representados como están por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), adscrito a la CGT. Sí se cancelaron casi todos los vuelos nacionales e internacionales. Buena parte de los autobuses no hicieron su habitual recorrido, mientras que el servicio de metro fue cancelado en su totalidad.

Tampoco hubo actividad judicial, ni funcionó la recolección de basura, el transporte de carga, el servicio de correo, las gasolineras o la atención en oficinas públicas. Los hospitales públicos atendieron con guardias mínimas.

Durante la madrugada fueron quemados unos cinco autobuses de líneas que no se iban a sumar a la huelga, y algunos conductores trataron de paralizar el servicio de las unidades que sí querían trabajar, lo que llevó a que una decena de personas fueran detenidas.

Reacción del Gobierno

Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adjudicó la quema de automóviles a mafias que a su juicio se convirtieron “en el verdadero riesgo país”. Su par en Transporte, Guillermo Dietrich, afirmo que “muchos sindicatos afines al kirchnerismo buscan generar caos y mediante la violencia buscan que la gente adhiera”.

Mientras el país funcionaba a media máquina, el presidente Mauricio Macri aprovechaba el levantamiento y los enfrentamientos en Venezuela de este martes para desear “que éste sea el momento decisivo para recuperar la democracia” en el país caribeño.

Desplazado por el presidente brasileño Jair Bolsonaro en su afán por liderar al compás de EEUU la arremetida contra Maduro, el jefe de Estado argentino encara la peor etapa de su gestión. La recesión económica mantiene en caída la actividad económica desde mayo de 2018 y la inflación en el último año fue del 54,7%. La depreciación del peso argentino en relación al dólar fue del 104% el año pasado y este año acumula una caída del 17%.

El crédito por 56.300 millones de dólares que el Ejecutivo pactó con Fondo Monetario Internacional (FMI) para contener la volatilidad cambiaria ante un mercado financiero que una vez más desconfía de Argentina se paga con algo más que dinero. El Gobierno debe este año llevar a cero el déficit fiscal primario, después de que en 2018 fuera del 2,4% del PIB, mientras el déficit financiero, que sí cuenta los intereses de deuda, llegó al 5,2% del PIB. Para evitar la dolarización de activos en un mercado completamente desregulado, el Banco Central ofrece bonos con tasas de interés que acarician rendimientos del 74% anual, lo que imposibilita cualquier inversión productiva.

Así ocurre que la pobreza se acentúa: llega al 42% de los habitantes, unos 14,4 millones de personas en un país que supera los 45 millones. Por delante, seis meses hasta las elecciones presidenciales del 27 de octubre en las que Macri aspira a revalidar su cargo. Mientras tanto, Fernández de Kirchner sorprendió la semana pasada con la publicación de un libro que hasta ahora mantuvo en secreto, Sinceramente, y cuya primera edición, de 64.000 ejemplares, se agotó en las primeras horas. Permanece la incógnita de si la expresidenta y senadora se presentará a los comicios, cercada por varias causas judiciales por corrupción y con el primer juicio oral previsto para el 21 de mayo.