Honduras celebra elecciones bajo la sospecha de fraude

“Hay un dicho en Honduras. Juan Orlando Hernández ya ha sido reelegido como presidente, solo falta que se celebren las elecciones”. Gustavo Pacheco, profesor, que se reivindica como militante de izquierdas, resume una idea generalizada entre la oposición hondureña: los comicios que tendrán lugar el domingo 26 de octubre son un mero trámite, ya que el actual jefe de Gobierno tiene preparado el fraude.

Pacheco se encontraba el lunes en colonia Kennedy, uno de los barrios más populares de Tegucigalpa, donde cerró la campaña Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura. La plancha opositora es una coalición formada entre Libre, el partido del expresidente Juan Manuel Zelaya (depuesto tras un golpe de Estado en 2009) y el Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD).

Su cabeza de lista es Nasralla, un empresario y antiguo presentador televisivo que fundó sus propias siglas, el Partido Anti Corrupción (PaC) pero que ha terminado encabezando la principal alternativa al oficialismo. Su mitin, en una pequeña placita en la que se mezclan las banderas rojas con la noria de una feria, tiene un punto de izquierda estéticamente nostálgica, con el inevitable Quilapayún y “el pueblo unido jamás será vencido”.

También se percibe una gran incertidumbre. La idea de que el domingo habrá fraude la comparten todos los asistentes al acto. La duda es qué ocurrirá después. Si se saldrá a la calle y si hay fuerza para mantener una protesta sostenida. Cómo responderá el Gobierno. Si habrá una escalada en un país donde cualquier excusa es buena para que se desate la violencia.

Un día antes del acto de Nasralla, en la colonia Los Robles, también en Tegucigalpa, miles de personas arropaban al candidato oficialista, Juan Orlando Hernández, cabeza de lista del Partido Nacional. Hernández encabeza una formación derechista (y en Centroamérica decir derecha es decir mucha derecha), con más de un siglo de historia y que se aferra al discurso securócrata como principal baza.

Su principal reivindicación de los últimos cuatro años es sacar a la calle a la Policía Militar y la construcción de los “pozos”, cárceles de máxima seguridad en las que ha encerrado a decenas de líderes pandilleros, principalmente del Barrio 18, en condiciones de absoluto aislamiento. “Lo principal es que se mantengan los militares en la calle y que se mejore la seguridad”, resumía Araceli Castillo, empleada estatal, que acudía a la marcha enarbolando una bandera azul del partido y una camiseta con el lema “cuatro años más”, que reclama la continuidad del presidente en su puesto.

A pesar de ser un acto mucho más masivo que el opositor, se respira menos entusiasmo. Los asistentes, organizados por grupos de barrio o centro de trabajo, llegan en autobuses, aplauden un rato bajo un sol abrasador y se marchan por donde han venido.

Pedir que las elecciones en Honduras se desarrollan en un ambiente normalizado sería demasiado. Con una tasa de 51,9 homicidios por cada 100.000, estamos ante el segundo país más violento del Triángulo Norte centroamericano, uno de los lugares con mayores porcentajes de asesinatos del mundo. Por encima, El Salvador, con 60 muertes violentas por cada 100.000.

Entre los factores que explican esta sangría está la actividad de las pandillas (en especial Barrio 18 y Mara Salvatrucha, aunque también cuenta con grupos autóctonos, como Los Chiricos) y el narcotráfico, ya que el país se encuentra en el tránsito entre productores como Colombia y el consumidor final, que es EEUU.

La violencia no es lo único que lastra Honduras. Según el Banco Mundial, cerca del 20% de su población sufría pobreza extrema en 2015. El salario mínimo está en 8.000 lempiras (350 dólares) y no todo el mundo tiene la suerte de acceder a él, la miseria es evidente a simple vista y el Estado, simplemente, está ausente en muchos de los ámbitos que debería regular.

En los últimos años se han destapado graves casos de corrupción como el saqueo de la Seguridad Social, con un desfalco de 335 millones de dólares (unos 283 millones de euros).

Por si esto fuera poco, desde hace una década el país está marcado por la polarización política y la represión. Zelaya, entonces al frente del Partido Liberal, fue depuesto por los militares en 2009.

Como recordaba recientemente la revista salvadoreña Factum, EEUU tuvo conocimiento del golpe desde el principio. Y jugó un papel determinante en su legitimación. La excusa fue la denominada “cuarta urna” que el presidente quería instalar en las elecciones que iban a tener lugar ese mismo noviembre. En ella, los hondureños debían responder si apoyaban el inicio de un proceso constituyente.

Una propuesta que el actual partido en el gobierno vinculó con Venezuela (en efecto, aquí también se juega el comodín bolivariano) y con la supuesta voluntad de Zelaya de perpetuarse en el poder, ya que la Constitución impide que un jefe de Gobierno sea reelegido. Los militares se hicieron con el mando del país, Zelaya se exilió y unos nuevos comicios dieron la victoria a Porfirio Lobo, inaugurando un ciclo de triunfos del Partido Nacional.

Lo paradójico es que, ahora, Juan Orlando Hernández aspira a mantenerse en el poder sin ni siquiera cambiar la Constitución. Para ello se sirve de una ambigua sentencia de la Corte de Constitucionalidad que permite su inscripción como candidato pero no dice nada de su reelección, que en principio está vetada. Al tener controlados todos los poderes del Estado, el presidente tiene claro que no va a encontrar oposición institucional. Tampoco es cuestión de perderse en tecnicismos. Si Hernández es reelecto, permitiría de rebote que Zelaya pueda volver a presentarse en 2021.

Clientelismo e irregularidades

“Tenemos informaciones de que Juan Orlando va a salir a las 8 de la tarde (3 de la madrugada en España) anunciando su victoria y que sacará al Ejército para detener a los opositores”. La denuncia la realiza Mario Sorto, diputado por Libre y aspirante a la reelección, pero es una idea que se extiende entre los partidarios de la Alianza.

En su opinión, el proceso viene “viciado” por el control del Partido Nacional de la administración. “No hay tarjetas de identidad y se han comprado credenciales (que es lo que permite a los partidos controlar el proceso, ya que las mesas están en manos de voluntarios y no de ciudadanos por sorteo como ocurre en España)”, afirma.

Salvador Nasralla, el candidato opositor, ha asegurado tener encuestas que le dan “hasta 30 puntos de ventaja”, al tiempo que pone en cuestión la fiabilidad del proceso. En apariencia, esto solo dejaría la salida de la movilización en caso de que el domingo Hernández anuncie su victoria. Aquí nada es lo que parece y, en ocasiones, mientras los líderes lanzan proclamas incendiarias, pactan con sus rivales a espaldas incluso de sus propias bases. Todo es complejo. Juegan los intereses, los cálculos a largo plazo, las alianzas y las propias fuerzas. Hay que ver si la oposición tiene capacidad real de plantear un pulso a un Estado cada vez más militarizado y donde apelar a la securocracia, aunque sea a costa de derechos civiles, genera más beneficios que pérdidas en cuestión de opinión pública.

La posibilidad del fraude va más allá del recuento. Tiene que ver con un modelo. La estructura del Partido Nacional se mezcla con la del Estado y miles de personas dependen de salarios que están vinculados a la continuidad del partido en el poder.

Como Alicia Mendoza, que se encarga de una de las carpas de la formación del presidente en la colonia Quesada. Cobra 4.000 lempiras (142 euros) mensuales. Su labor es atender a los votantes, repartir propaganda y mantener la visibilidad en la calle. Si no es período electoral se encarga de otras cuestiones relacionadas con su barrio, siempre en términos partidistas (aka “clientelares”). ¿Qué ocurriría si Juan Orlando no ganase las elecciones? “Perderíamos el trabajo”, sentencia, pragmática.

Luego asegurará que ahí no hay nadie por dinero y que no se paga por voto. Sin embargo, son cientos los que, como ella, dependen directamente de los fondos del partido. Esto provoca que la oposición los califique como “acarreados” y denuncie que la asistencia a un mitin se cobra a 50 lempiras y el voto, a 100. Mendoza lo rechaza. “Cada quien va por amor al partido, nadie va pagado”, asegura.

Que la oposición denuncie el fraude tiene sus razones. Recordemos que, en 2009, Zelaya fue expulsado del poder por los militares y que nueve meses después, con el presidente legítimo exiliado, se celebraron elecciones que EEUU dio por válidas y en las que se impuso Porfirio Lobo. Cuatro años después, en 2013, ganó Juan Orlando Hernández, el actual presidente, en un proceso que también fue impugnado por la oposición.

Las acusaciones de fraude también salpican a los opositores. El martes por la noche, una veintena de personas ocupaba la sede de Libre en Tegucigalpa. Acusaban a Aida Reyes, una de sus coordinadoras, de pactar con el Partido Nacional la entrega de credenciales y estar acordando un reparto de puestos.

Según el Tribunal Superior Electoral, se desplegarán más de 15.000 observadores para garantizar que las elecciones se desarrollan limpiamente. De ellos, unos 500 forman parte de la Unión Europa (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA). El propio Nasralla, en declaraciones a Público, instó a la comunidad internacional a no permitir que sus instituciones se “deslegitimen” avalando un fraude.Seguidores de los dos principales partidos acusan a sus rivales de aferrarse a un discurso del miedo para evitar una afluencia masiva a las urnas.

La violencia siempre es un factor

La violencia es uno de los elementos que marcan las elecciones. Se trata de un fenómeno brutal, terriblemente normalizado, que forma parte de la vida diaria de los hondureños.

El jueves, en el Paraíso, una de las colonias más peligrosas de la capital, aparecían dos cadáveres dentro de bolsas de plástico. Desde una barandilla, dos decenas de personas seguían los trabajos de la policía y el Ministerio Público como si se tratase de la platea de un espectáculo. Algunos incluso comentaban la jugada. Que si los habían “amarrado bien” o que si eso te ocurre “si andas en malas cosas”.

Entre los curiosos (no hay otra definición para los que se arremolinan ante los cuerpos), la viuda de una de las víctimas, que solo acertaba a relatar que su marido desapareció la víspera junto a su madre. Posiblemente llevase desde entonces sabiendo cuál sería el desenlace, esperando únicamente el punto en el que los sicarios abandonarían el cuerpo.

En ese momento, ella no quiere dar los nombres de las víctimas ni detalles sobre qué ocurrió. Más adelante, la Policía explicará que las víctimas eran Glenys Yolanda Cruz Herrera, de 45 años, y su hijo José Gustavo Reyes Cruz, de 25. Encapuchados los secuestraron la víspera de su domicilio de la colonia Brisas de Olancho, en Comayagüela. Dos nuevas víctimas a una larga lista de crímenes que, generalmente, quedan impunes.

Los policías desplegados en el lugar aseguraban que estas escenas estaban haciéndose cada vez más raras ya que el número de asesinatos ha descendido. Al margen de los homicidios habituales, existe una categoría especial vinculada a las elecciones. Son los denominados crímenes políticos, que tampoco tienen por qué estar directamente relacionados con la actividad de la víctima, ya que en este país existen múltiples causas por las que una persona puede terminar asesinada.

En la última semana se han contabilizado, al menos, tres homicidios de líderes de Libre, el partido de Zelaya, la muerte de otro activista de la alianza opositora y una quinta miembro del Partido Liberal.

La violencia condiciona el desarrollo de los comicios. Como explica Otto Argueta, de Interpeace, una organización que trabaja en procesos de pacificación en América Latina y otros lugares del mundo, “los partidos dependen de las relaciones formales e informales que tienen con las pandillas para garantizar su acceso a los barrios y llegar a los votantes”.

También los integrantes del Partido Nacional están bajo amenaza. Hace dos semanas, uno de sus activistas fue asesinado. Recientemente se han difundido audios, supuestamente atribuidos a pandillas, en la que se amenaza directamente a los integrantes del partido derechista. Resulta imposible verificar la autenticidad de las grabaciones.

Entre las personas que han recibido estas amenazas se encuentra Griselda Barrientos, integrante del partido de Juan Orlando Hernández en El Edén, una colonia atrapada entre dos fuegos (por el norte, el Barrio 18, por el sur, la MS). Asegura que tiene miedo aunque, por el momento, no ha sufrido ningún ataque diario. Mientras que las bases derechistas acusan a los opositores de tener una alianza con pandillas para hostigarles (concretamente con la 18), desde las filas de Nasralla se señala al Ejecutivo de desarrollar una campaña de “falsos positivos”. Como hace una semana, cuando la Policía presentó un supuesto hallazgo de una casa presuntamente vinculada con mareros en la que aparecieron cócteles molotov y propaganda de Libre y el movimiento estudiantil. Ni hecho de encargo.

De qué se discute al margen de todas las anomalías

Recordemos que estamos en unas elecciones y, en principio, se trata de contraponer modelos políticos, aunque esta campaña haya estado más centrada en cuestiones procedimentales y, por supuesto, la violencia. En total, algo más de seis millones de hondureños están llamados a las urnas. Además del presidente se eligen los 128 miembros de la Asamblea Nacional y sus suplentes, los 20 miembros del Parlamento Centroamericano y alcaldes de 298 municipios en 18 departamentos.

“No queremos que nos regalen nada, pero hemos mejorado mucho. Antes las casas eran cárceles, donde nos encerrábamos por miedo a la extorsión”. Jaime Sancho Pacheco es uno de los activistas del Partido Nacional que organiza la caminata de cierre de campaña en Tegucigalpa. Resume la posición de los fieles a Juan Orlando Hernández: seguir igual porque consideran que los últimos cuatro años han sido exitosos. Su principal argumento es afirmar que se ha reducido el número de homicidios, que se combate al crimen organizado y que se han desarrollado programas asistencialistas que mejoran la calidad de vida de los hondureños.

Desde la oposición acusan al Partido Nacional de haber recortado los derechos civiles y convertir el país en una dictadura desde el golpe de Estado de 2009. En los últimos años, los homicidios de activistas sociales se han incrementado. El caso más conocido es el de Berta Cáceres, asesinada en 2016 a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado para ella medidas cautelares de protección.

“Aquí decide Washington”, denuncia la activista social Denia Mejía, que denuncia que “se ha entregado el país” a través de concesiones a empresas transnacionales. Los conflictos relacionados con empresas extractivistas se han incrementado exponencialmente.

La alianza opositora ha basado su campaña en deslegitimar la reelección de Hernández. Su principal propuesta es la de retomar la senda institucional rota en 2009 y poner en marcha un proceso constituyente. Mientras tanto, según explica el propio Salvador Nasralla, mantendrá a la Policía Militar en la calle hasta que se desarrolle un cuerpo comunitario que prevenga la violencia y pondrá el foco en la corrupción para recuperar activos que sirvan para programas sociales.

Desde el oficialismo, sin embargo, se acusa a los opositores de aliarse con la delincuencia al plantear que la seguridad pública esté en manos de la policía y no de los militares. Además, como ya es costumbre en cualquier proceso electoral, se tira de Venezuela y se acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de supuesta “injerencia”.

Lo curioso es que el modelo de intromisión denunciado es a través de Internet y cuentas de Twitter. Básicamente, la misma teoría que esgrime el Ejecutivo español sobre Rusia en relación al proceso independentista en Catalunya.

Existe una sensación de incertidumbre sobre qué puede ocurrir a partir del domingo. Los oficialistas dan por seguro el triunfo y señalan a la Alianza contra la Dictadura como posibles instigadores de violencia. Frente a ellos, los partidarios de Nasralla, que están seguros del fraude y miden hasta dónde serían capaces de llegar en una movilización. No reconocerán los resultados que ofrezca el Tribunal Supremo Electoral hasta que lo cotejen con los datos que les proporcionen sus propios militantes. Esto abre un espacio de intranquilidad en el que un mal paso puede generar graves consecuencias.

(*) Periodista de Plaza Pública