Hillary Clinton presionó a medios internacionales para tratar de frenar las revelaciones de Wikileaks

La tormenta era inminente. En los últimos días de noviembre de 2010, el Gobierno de Barack Obama aguardaba, de un momento a otro, una lluvia de filtraciones a cargo de Wikileaks que dejaría al descubierto miles de comunicaciones entre el Departamento de Estado y sus embajadas. Pero eso no era todo: lo que realmente preocupaba al Gobierno de EEUU era no contar con los paraguas adecuados para tratar de protegerse contra ese tsunami.

Según consta en un documento desclasificado del Departamento de Estado al que ha tenido acceso Público, la administración estadounidense montó un detallado operativo con el que intentaría contrarrestar esa filtración que veía inminente y que finalmente se produciría el 28 de noviembre de 2010.

La Casa Blanca ya contaba con los antecedentes de las revelaciones que en abril, julio y octubre ese mismo año había efectuado Wikileaks y que habían permitido conocer las atrocidades cometidas por EEUU en Irak o Afganistán. Tras esas publicaciones, ahora sería el turno del denominado Cablegate: una filtración de miles de documentos que, entre otras cosas, revelarían los vuelos secretos de la CIA en territorio español.

El Gobierno de EEUU busca ahora la extradición del periodista australiano para que sea juzgado por 18 delitos relacionados con la Ley de Espionaje y la piratería informática. El pasado viernes 10, el Tribunal de Apelaciones de Londres dio luz verde a la entrega del fundador de Wikileaks, quien enfrenta peticiones de hasta 175 años de cárcel.

"Hasta 250.000 cables"

Antes de lanzarse contra Assange, la administración estadounidense intentó presionar a los medios de comunicación internacionales para tratar de evitar que se hicieran eco de las impactantes revelaciones de Wikileaks.

"El Departamento es consciente de que los artículos basados en el supuesto alijo de hasta 250.000 cables del Departamento de Estado se publicarán en varios medios de comunicación internacionales destacados, como The New York Times, Der Spiegel, El País, Le Monde y al-Jazeera", señalaba la entonces responsable de la política exterior del Gobierno de EEUU, Hillary Clinton.

"Hemos empezado a hablar con los editores para instarles a que no publiquen los cables o, en su defecto, para animarles a que reduzcan la información que podría poner en peligro las fuentes citadas, comprometer las operaciones de inteligencia o de seguridad en curso, o poner en grave peligro un interés nacional importante de los Estados Unidos", detallaba la secretaria del Departamento de Estado. 

Esa campaña de presión estaba enmarcada en el marco de las acciones que, según detallaba Clinton en dicho documento, buscarían "gestionar el impacto y coordinar las actividades del Departamento de Estado sobre Wikileaks".

"Aunque esas discusiones están en marcha, es poco probable que sepamos si los medios de comunicación aceptarán nuestras peticiones hasta cerca o después de la publicación real",  afirmaba la secretaria en alusión a los contactos con los responsables de distintos medios internacionales.

En esa línea, Clinton instaba a los funcionarios estadounidenses en el extranjero a informar "inmediatamente" sobre "otros medios de comunicación adicionales que están planeando publicar historias sobre el material de Wikileaks", de forma que se pudiese "debatir" sobre "cómo tratar de mitigar cualquier nueva historia de prensa sobre sobre el tema".

La secretaria del Departamento de Estado daba a conocer en su informe que los responsables del New York Times "informaron al Departamento el 24 de noviembre que planean publicar historias diarias" sobre el material de Wikileaks, e incluso habrían proporcionado al Gobierno de EEUU una agenda con las fechas de publicación de las distintas filtraciones y los asuntos que se abordarían en cada uno de esos artículos.

Con esas previsiones a la vista, el Gobierno estadounidense informó a sus funcionarios en el exterior que a lo largo de los siguientes días proporcionaría  "un artículo de opinión genérico, adaptable a las condiciones locales, para su uso en la gestión de las consecuencias de la publicación del material de Wikileaks".

Contactos con otros gobiernos

No fueron esos los únicos pasos ordenados por la Casa Blanca para tratar de contrarrestar las filtraciones. Según avanzaba ese informe, "antes de la esperada publicación de los documentos de Wikileaks", tanto la secretaria de Estado como otros altos cargos de su departamento tenían previsto "llamar a sus homólogos" de otros países. En el documento parcialmente desclasificado al que ha tenido acceso Público, la nómina de gobiernos extranjeros con los que se realizarían tales contactos aparece censurada.

Clinton explicaba en su informe que en esos contactos con representantes de otros Estados se les haría saber que "la publicación de Wikileaks parece ser

el resultado de un acto ilegal" y se les indicaría que el Gobierno de EEUU estaba tomando medidas "para mejorar la protección de nuestros intercambios diplomáticos".

Del mismo modo, el Gobierno de Obama plantearía a sus interlocutores "revisar el material específico del país que podría ser motivo de preocupación". En caso de que fuese necesario, plantearía además su "preocupación por por la seguridad de personas mencionadas en el material" que filtraría Wikileaks. 

"Todos los puestos deben coordinarse estrechamente con sus oficinas regionales y (a partir del 26 de noviembre) con el Grupo de Trabajo de Wikileaks del Departamento para identificar dónde se requiere un compromiso adicional de alto nivel", subrayaba.

"Reacción del público"

Asimismo, el área dirigida por Hillary Clinton solicitaba a sus agentes en el extranjero que proporcionasen en tiempo real "informes clasificados (diariamente, si se justifica) de las reacciones y evaluación del impacto"  que tendrían las informaciones divulgadas por Wikileaks.

Dichos informes deberían incluir, entre otros puntos, un "análisis de la información de los medios de comunicación y de la reacción del público", la "reacción y comunicación del gobierno anfitrión", así como una "evaluación del impacto y recomendaciones para la acción de Washington".