La guerra abierta de Erdogan contra el PKK se cobra miles de vidas en el Kurdistán

DIYARBAKIR.- En las calles bulliciosas de Sur, la ciudad vieja de Diyarbakir, el ambiente parece animado: los comerciantes exhiben su mercancía al sol, los viandantes compran y charlan despreocupados, y solo de vez en cuando un caza irrumpe en el cielo, obligando con su estruendo a suspender la conversación algunos instantes. Un segundo vistazo hace comprender que la calma es engañosa y esconde una tensión latente, magnificada por la omnipresencia de las fuerzas de seguridad turcas en forma de uniformados, calles cortadas por barreras policiales y vehículos blindados por doquier. Hasta hace tres meses, el centro histórico de esta ciudad era una zona bélica.

Tras meses de creciente crispación en el Kurdistán turco, hace un año Ankara dio por interrumpido el proceso de paz y volvió a una guerra abierta contra el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán). El Movimiento de la Juventud Revolucionaria y Patriótica (YDG-H), un grupo guerrillero hermanado con el PKK, se hizo con el control de decenas de zonas urbanas del sudeste del país, y el Estado respondió con contundencia, sacando los tanques y la artillería pesada a las calles, en Diyarbayir y en decenas de localidades de la región. El distrito histórico de Amed, como la conocen los kurdos, se convirtió entre verano de 2015 y marzo de este año en el escenario de violentos combates entre los rebeldes kurdos y el ejército turco, que sometió a la población local a bombardeos e impuso un toque de queda ininterrumpido durante más de cien días.

“Mataron a mi tío durante la ofensiva”, asegura Mahsun, en la veintena, mientras remueve su té en Hasan Pasa, uno de los lugares de ocio más turísticos de la ciudad cuando aún había turistas. “Un tanque pasó por encima de mi amigo, lo aplastó delante de mis ojos”, asegura otra habitante. En Diyarbakir y el resto del Kurdistán turco, todo el mundo tiene a un ser cercano en la guerrilla. O en prisión. O muerto.

El apoyo de la población a los rebeldes es masivo y evidente. Las paredes de Sur aparecen sembradas de pintadas a favor de Abdulá Ocalan, líder de los kurdos encarcelado a perpetuidad, del PKK y de las YDG-H. Cientos de casas fueron destruidas durante los bombardeos y ciertas partes de la ciudad permanecen aún hoy cerradas a cal y canto por barreras policiales. Un paseo por los callejones estrechos de Sur permite ver los boquetes dejados por la artillería turca. Los habitantes que pudieron, huyeron despavoridos. Unos zapatos aún esperan a la entrada de una vivienda abandonada con la puerta descerrajada. Muchas de las casas del centro ya solo están habitadas por los fantasmas.

Antes de la ofensiva del ejército, apenas había huellas del Estado en la ciudad, a excepción de los edificios oficiales; ahora, vuelven a exhibirse inmensas banderas turcas sobre la muralla que rodea el casco histórico, simbolizando el regreso de la autoridad estatal a Diyarbakir.

Con sus 950.000 almas, la considerada capital oficiosa del Kurdistán turco, es uno de los bastiones del partido prokurdo HDP, que acoge bajo su paraguas a kurdos, pero también a otras minorías, como alevíes, asirios y caldeos. Si la victoria en las últimas elecciones municipales ha extendido su influencia por numerosas localidades del sudeste del país, su gran resultado en las legislativas (a día de hoy es el tercer partido en Turquía), ha hecho tambalearse el poder cuasi absoluto del que disfruta el presidente Recep Tayyip Erdogan desde hace años.

“Erdogan ve en el movimiento kurdo uno de los principales focos de resistencia contra su sueño neo-otomano. Las victorias de los kurdos en Rojava (Kurdistán sirio) y la victoria del HDP en las últimas elecciones han aterrorizado a Erdogan, que no ha dudado en arremeter contra ambos”, afirma una activista que prefiere el anonimato, haciéndose eco de quienes acusan al mandatario turco de un doble juego en su lucha contra el grupo Estado Islámico en Siria para evitar a toda costa el fortalecimiento de los kurdos sirios.

En el plano político, la ley aprobada a finales de mayo por el parlamento turco para retirar la inmunidad a miembros del HDP y del partido mayoritario de la oposición, el secular CHP, supuso una primera maniobra de Erdogan para recuperar la mano perdida y ahora trata de impulsar una iniciativa para que un responsable gubernamental tutele las localidades bajo control de los prokurdos y eventualmente los sustituya.

La persecución se incrementa al mismo tiempo contra las críticas internas. Intelectuales y universitarios turcos han sufrido presiones, amenazas y arrestos desde la declaración de la petición “No seremos parte de este crimen”, lanzada por Académicos por la Paz a mediados de enero. Las detenciones se suceden al mismo tiempo entre periodistas y medios críticos con el régimen de Erdogan por su gestión del conflicto kurdo.

En el plano militar, la respuesta se dirige contra el PKK es contundente. Más allá de Diyarbakir, la ofensiva del ejército turco se extiende a decenas de localidades, entre ellas Cizre, Sirnak, Silopi y Yuksekova, donde distritos enteros han sido arrasados y otros continúan en en toque de queda meses después de expulsar a los rebeldes kurdos, acciones que el Consejo de Europa definió recientemente como “desproporcionadas” y “no constitucionales”.

Junto con las operaciones militares, “la retirada de la inmunidad a los políticos del HDP o su intento de apartar a los responsables del HDP de las alcaldías ganadas en el sureste de Turquía no son solo una amenaza hacia los políticos kurdos o prokurdos: son una amenaza a la población que votó a esos políticos, una forma de decirle que, si siguen votándolos, el conflicto, la guerra, la sangre, jamás abandonarán sus ciudades, su región”, advierte un activista que prefiere no dar su nombre.

Unas 350.000 personas se han visto desplazadas por los combates en la región, según el International Crisis Group, y según cifras oficiales, más de 4.000 combatientes del PKK han sido “neutralizados”. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que muchos de esos guerrilleros son, en realidad, población civil.

La Asociación turca de Derechos Humanos (IHD) ha pedido a la ONU que investigue a Turquía por Crímenes contra la Humanidad en las provincias kurdas del país, ejemplificándolos con matanzas como la conocida como masacre de Cizre, donde murieron unas 150 personas, entre ellas muchos civiles (incluidos niños), al asaltar las fuerzas de seguridad los sótanos donde se habían refugiado de los bombardeos.

La respuesta de la comunidad internacional ante la violencia ejercida por el Estado turco ha sido hasta ahora tibia, si no nula. “Europa cierra los ojos porque quiere mantener el trato con Erdogan sobre los refugiados y porque Turquía sigue siendo miembro de la OTAN”, afirma la periodista Güzide Diker, de la agencia Jinha News ubicada en Diyarbakir.

“El ataque del gobierno turco contra ciudades y barrios kurdos equivale a un castigo colectivo”, señalaba Amnistía Internacional a principios de año, lamentando que las autoridades turcas hayan afrontado muy pocas críticas por parte de la comunidad internacional. “Las consideraciones estratégicas relacionadas con el conflicto de Siria y los esfuerzos resueltos para obtener la ayuda de Turquía a fin de detener la entrada de personas refugiadas en Europa no deben eclipsar las denuncias de violaciones graves de derechos humanos. La comunidad internacional no debe mirar hacia otro lado”, concluía.