Un grupo de pensionistas lleva al Gobierno suizo ante el Tribunal de Estrasburgo por inacción ante la crisis climática

Un grupo de mujeres suizas ha llevado a su país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para denunciar que las políticas climáticas adquiridas por el Gobierno de Suiza las está poniendo en riesgo de salud además de violar los derechos humanos.

Después de una batalla de seis años y tras ser derrotadas en el Tribunal Federal, la principal vía legal de Suiza, elevaron el caso al TEDH en Estrasburgo, donde docenas de mujeres, junto con activistas y simpatizantes de Greenpeace, se han congregado ante la sala del tribunal antes del comienzo del juicio, portando pancartas y flores.

Suiza no niega que la crisis climática pueda afectar a la salud y argumenta que las emisiones no pueden vincularse específicamente a la salud de los mayores. El veredicto podría tener importantes repercusiones no solo para los Estados miembros del Consejo Europeo sino para el mundo entero.

Se trata de un caso pionero presentado ante el Tribunal de Estrasburgo que sentaría un importante precedente y podría obligar a Suiza a reducir las emisiones de dióxido de carbono mucho más rápido de lo previsto. Otros ocho países se han sumado al caso y dos de ellos, Irlanda y Francia, se han dirigido al Tribunal durante la jornada de este miércoles.

En el caso de Francia, a título personal el ecologista y alcalde de una pequeña ciudad costera Damien Carême, reclamó al Gobierno francés que tomara todas las medidas necesarias para reducir las emisiones causantes de efecto invernadero para cumplir con los compromisos asumidos por el país y para adaptarse a las consecuencias de la crisis climática. 

En enero de 2019 llevó sus exigencias al Consejo de Estado, que por su parte instó al Gobierno a una reducción del 40% de esas emisiones en el horizonte de 2030, y que lo hiciera antes del 31 de marzo de 2022. Esas medidas no se llevaron a cabo y constituyen una violación de los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que protegen su derecho a la vida y a una vida privada y familiar normal.

A los jueces europeos, que no tienen un plazo determinado para pronunciarse, se les plantea en primer lugar la cuestión de si estas demandas las presentan personas que pueden considerarse potencialmente concernidas de forma directa por una eventual violación de sus derechos.