El 11 de abril de 2019, hace casi cuatro años, el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tomaba una decisión que cambiaría el futuro del fundador de Wikileaks: retiraba el asilo del que había gozado durante siete años Assange en la embajada del país sudamericano en Reino Unido, lo que permitió a la Policía detener al periodista en Londres y llevarlo a prisión, donde se encuentra desde entonces.

Pero ese mismo día de 2019, el Gobierno de Moreno tomaba otra decisión relacionada con Assange. Su amigo, el informático sueco Ola Bini, era detenido cuando se disponía a viajar desde Quito a Japón. La entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, lo acusaba de haber participado en actividades que pretendían desestabilizar al Ejecutivo de Moreno.

Este martes, un tribunal de Ecuador desistía de llevar a juicio a Bini. Su abogado, Carlos Soria, en un mensaje en Twitter anunciaba el acuerdo que había alcanzado el tribunal "por unanimidad" entre exclamaciones: "¡Inocente!"

El informático sueco estuvo en prisión 70 días, pero desde el día de su detención, hace casi cuatro años, ha tenido la obligación de permanecer en Ecuador. De hecho, el retraso en tomar esta decisión es una de las principales críticas de la defensa de Bini. Su abogado ha denunciado en reiteradas ocasiones irregularidades en el proceso y ha criticado las repetidas veces que se ha suspendido.

Ahora, después de la decisión del Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pichincha –cuya capital es Quito–, quedan sin efecto todas las medidas cautelares que había contra este ciudadano sueco y podrá abandonar el país.

Un caso creado sin pruebas y por su relación con el fundador de Wikileaks

El origen de los cargos que posibilitaron la detención de Bini se encuentra en la denuncia que hizo la entonces ministra Romo, que aseguró que el informático sueco había colaborado en operaciones para desestabilizar al Ejecutivo de Lenín Moreno.

Sin embargo, la falta de pruebas obligó a modificar la denuncia contra Bini. De la participación en esas supuestas operaciones se pasó a culpar al amigo de Assange de acceso ilegal a sistemas informáticos.

Según la Fiscalía ecuatoriana, se sospechaba que Bini había accedido sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). El objetivo sería el de intentar obtener información de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.

Ahora esta causa ha quedado disuelta y esta decisión refuerza la denuncia que en 2019 ya hizo Wikileaks. Entonces, la organización aseguró que tanto la retirada del asilo de Assange como la detención de Bini eran maniobras de Lenín Moreno como represalia por la investigación de los INA Papers.

Esta investigación, en la que se relacionaba al presidente Moreno y su círculo familiar con sociedades offshore, provocó que días antes de estos acontecimientos la Fiscalía General de Ecuador abriera diligencias por este caso. El 30 de marzo de 2019, gracias a los INA Papers y a una denuncia presentada por el parlamentario ecuatoriano Ronny Aleaga, la Justicia ecuatoriana abrió un proceso para saber qué estaba pasando con esas empresas y su relación con el entorno del presidente.

En los documentos publicados por Wikileaks aparecían involucrados, además del presidente Moreno, su esposa Rocío Gonzáles, sus hijas Irina, Cristina y Karina Moreno Gonzales, su hermano Erwin Moreno Garcés; el negociante Conto Patiño, su hija María y su esposo Xavier Macías.

Pero no solo Wikileaks relacionó estos hechos con la investigación de los INA Papers. El expresidente de Ecuador Rafael Correa también señaló este como el origen de esas maniobras de Lenín Moreno.

Ahora, la Justicia de Ecuador ha respaldado la inocencia de Ola Bini, de 40 años, y ha retirado todas las medidas cautelares que todavía había contra él. El informático sueco, después de la decisión del tribunal, agradeció en la propia sala el apoyo recibido.

Esta resolución judicial supone la finalización de un proceso que se abrió desde el Gobierno de Lenín Moreno, desde donde también se tomó la decisión que actualmente supone que Julian Assange esté a la espera de que la Justicia británica decida si lo extradita a Estados Unidos. Una decisión que se espera en las próximas semanas.