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El Gobierno cubano dice que 'ABC' no tiene corresponsal en la isla

Esta es la respuesta de las autoridades cubanas a las reclamaciones del Gobierno español para que se libere "de forma inmediata" a la periodista independiente y activista Camila Acosta, detenida un día después de las masivas protestas.

Protestas cubanos polonia
Cubanos residentes en Polonia protestan ante la sede de la embajada de Cuba en Varsovia. Leszek Szymanski / EFE

El Ministerio cubano de Exteriores puntualizó este miércoles que el diario ABC "no tiene, ni nunca ha tenido corresponsalía en Cuba ni corresponsales acreditados en el territorio nacional", después de que ese medio denunciara la detención de la periodista independiente cubana Camila Acosta.

"En el Centro de Prensa Internacional (CPI) de La Habana se encuentran acreditados 152 corresponsales de 83 medios de prensa de 23 países. De España están oficialmente acreditados 24 corresponsales de 12 medios", indicó el CPI a través de un comunicado en Twitter.

El escrito agrega que esa institución "garantiza la más amplia libertad y apoyo al trabajo de la prensa extranjera con apego y pleno respeto a las leyes y disposiciones vigentes en la República de Cuba".

El CPI es el organismo de la Cancillería cubana del que dependen la entrada, el establecimiento, acreditación y todas las operaciones de los medios extranjeros en el país caribeño, que en el caso de los que tienen presencia permanente deben renovar sus permisos de estancia y trabajo cada año.

Según la normativa cubana, cualquier periodista extranjero que quiera reportar desde la isla debe entrar con un visado de corresponsal –o residencia temporal en el caso de los corresponsales permanentes– y estar acreditado ante el CPI. De forma contraria, su presencia en el país se considera ilegal y puede ser deportado.

Los periodistas cubanos que trabajan para medios extranjeros también tienen la obligación de estar acreditados ante dicha institución y las corresponsalías deben contratarlos a través de una agencia empleadora estatal, según establecen las leyes del país caribeño.

Esta es la respuesta de las autoridades cubanas a las reclamaciones del Gobierno español y de formaciones de ese país para que se libere "de forma inmediata" a la periodista independiente y activista Camila Acosta, detenida un día después de las masivas protestas antigubernamentales del pasado domingo.

El periódico ABC denunció que la joven fue detenida el lunes por la policía cubana cuando salía de su casa, de la que se llevaron equipos de trabajo como su ordenador, por supuestos delitos contra la seguridad del Estado.

Acosta ha trabajado también para el portal Cubanet, crítico con el Gobierno cubano, y ha sido detenida en ocasiones anteriores.

En su último tuit, fechado el 12 de julio, la periodista escribió que fue "testigo de la violencia y represión contra manifestantes pacíficos en La Habana, del odio del régimen cubano y sus burdas manipulaciones".

"Los que salimos a las calles estamos motivados por el amor a la libertad y a Cuba, porque queremos vivir en un país mejor, sin odio. Si el régimen cubano no recapacita, o el mundo los obliga a recapacitar, la sangre correrá, porque el pueblo cubano ha gritado bien alto que perdió el miedo. Es momento de presionarlos para que abandonen el poder. Si cedemos ahora, tendremos muchos más años de dictadura", agregó.

Al calor de la expansión de internet en los últimos años en Cuba han ido surgiendo medios independientes que abordan temas raramente reflejados con una perspectiva crítica por la prensa estatal de la isla, subordinada al Partido Comunista (PCC, único legal).

Esos medios se mueven en un limbo jurídico, ya que aún no hay una legislación específica para las plataformas periodísticas online aunque la Constitución promulgada el año pasado estipula, respecto a la libertad de prensa, que en ningún caso los medios fundamentales de la comunicación serán objeto de propiedad privada.

En el último año, los periodistas que trabajan para esos medios no oficiales han denunciado un incremento de las presiones por parte de las autoridades para impedirles hacer su trabajo, desde citaciones policiales a arrestos domiciliarios, confiscación de herramientas o restricciones de acceso a internet.

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