Devoluciones en caliente, ostracismo, impunidad o colaboración con los guardacostas libios. Son las denuncias de los ponentes en una conferencia que simula un juicio a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). "No puede haber progreso en Europa sin que se garanticen los derechos humanos para todos. Necesitamos una política de asilo humana". Así de contundente se muestra Cornelia Ernst, eurodiputada alemana de Izquierda Unitaria, en el webinar organizado por su grupo europeo para mostrar los escándalos que rodean a la agencia que dirige Fabrice Leggeri.

El organismo está envuelto en un sinfín de escándalos documentados por diferentes ONG y personal sobre el terreno como son las omisiones de rescate en el mar Mediterráneo y o la participación activa en pushbacks. Sin embargo, su repliegue hacia dentro y su falta de voluntad para reconocer errores internos hace muy difícil sentarla ante los tribunales por violaciones de los derechos fundamentales. Su falta de transparencia y también su falta de acción, denuncian los ponentes, dificulta mucho su rendición de cuentas.

"El problema es que Frontex no cuenta con sistemas de monitoreo. Y lo hace intencionadamente. No hace seguimientos para que se cumplan los derechos humanos y penaliza a los funcionarios que sí desean informar sobre estas violaciones. Está haciendo todo lo posible para hacer ver que no sabe nada", denuncia Iftach Cohe, abogado y asesor jurídico de front-lex, que ha llevado a la agencia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por vulnerar los derechos humanos en las islas del Egeo.

Sin embargo, los procedimientos en la corte de Luxemburgo se prolongan durante años. Entretanto, "decenas de miles de víctimas" quedan desamparadas. Además, los afectados cuentan con pocos recursos para culminar sus procesos legales, ya que la agencia refuta las pruebas de las ONG como fake news o poco fiables. "El problema para que rinda cuentas es que no es transparente. Hay pocos recursos para los afectados en términos jurídicos. Es muy complejo porque la agencia es cómplice en una aplicación organizativa, estatal e ilícita", explica Cohe.

Felix Weiss, tripulante de SeaWatch, narra cómo su organización, una de las que pocas que sobreviven en el Mediterráneo, vivió en sus propias carnes la colaboración entre la agencia europea y los guardacostas libios, entrenados y financiados por la UE y acusados por reiteradas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional. Weiss describe lo que muchas ONG llevan años denunciando: los medios de Frontex no avisan a los buques de ONG o a los barcos comerciales, aun cuando hay navíos de refugiados a la deriva. Pero sí transmiten la información y coordenadas a los guardacostas libios. "¿Qué hacen? Están disparando. Están tirándoles palos", se escucha en un vídeo en alta mar, en el que los libios retornan a la fuerza una embarcación con migrantes y refugiados a Libia, un país en descomposición donde se ha documentado tráficos y venta de personas.

Milena Zajovic, que recoge testimonios en su libro negro sobre solicitantes de asilo en los Balcanes, explica cómo con la ayuda de la agencia, Croacia ha deportado a miles de refugiados a Bosnia con la información recopilada por aeronaves de Frontex. Tanto en la frontera como en el país no comunitario han sido sometidos un trato denigrante: el 45% fueron desnudados con antemano; el 31% amenazado con armas de fuego. "Frontex es el referente de la política migratorio inhumana. Su existencia es de por sí escandalosa, ya que cuenta con un pasado de violaciones de derechos humanos con una impunidad que persiste hasta el día de hoy. Su problema es estructural debido a su carácter político, ya que busca bloquear la migración hacia la UE", denuncia el eurodiputado Martin Schiderwan, de Izquierda Unitaria.

Migrantes traslados a países como Turquía o Bosnia, criticados por sus reiteradas faltas de respeto a los derechos humanos, abandonos, confiscaciones de móviles o disparos a barcazas con refugiados a bordo en las fronteras marítimas de la UE. Las acusaciones sobre las fuerzas de seguridad griegas, húngaras o croatas bajo la mirada de Frontex se agolpan. El año pasado, Grecia fue un paso más allá y suspendió durante un mes el derecho a pedir de asilo, amparado por Naciones Unidas, bajo el beneplácito de Bruselas.

La Izquierda Europea denuncia que toda esta maquinaria responde una red compleja que atañe a varios actores que se encubren entre ellos. "Frontex es cómplice. Es imposible que no sepan todo esto", resumen los ponentes, que convergen en la colaboración necesaria entre sus efectivos y los de las guardias nacionales para perpetrar estas violaciones de derechos humanos.

Tras la avalancha de comienzos de 2020 de refugiados a las islas griegas impulsada por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para presionar a la UE y obtener más beneficios financieros del club comunitario, la guardia costera helena llegó a disuadir a los refugiados con pelotas de goma y bombas de humo. Por aquel entonces, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, no solo calló, sino que congratuló al país por ser el "escudo de Europa".

Externalización y disuasión

La cuestión de fondo es que la UE carece de una política migratoria común. El bloque comunitario se enfrentó en 2015 a la llegada de más de un millón de refugiados, la mayoría de los cuales huían de la guerra de Siria. El proyecto de reparto de refugiados entre los 27 Estados miembros hizo saltar por los aires los valores europeos de solidaridad y responsabilidad. Mientras Grecia e Italia quedaban saturados ante estas llegadas sin precedentes, Hungría o Croacia elevaban muros de contención.

Desde entonces, el debate migratorio ha sido el más pasional en las cumbres europeas. Ante la imposibilidad de consensuar un punto de vista común, la UE lo ha aparcado, parcheando la gestión migratoria en el Mediterráneo. La Comisión Europea sí ha presentado este año una nueva propuesta para crear una política de asilo común. Sin embargo, en ella ya se ve la huella de las fuerzas ultraconservadoras y anti-inmigración. Sus principales pilares son la externalización de las fronteras con acuerdos como los que la UE ya tiene con Turquía o Marruecos, el aumento de los retornos o la disuasión de los refugiados y migrantes para que emprendan el viaje hacia el bloque comunitario.

Entretanto, la agencia responsable de las fronteras externas, la mayor en presupuesto y volumen de la UE, se encuentra en fuerte entredicho y bajo riesgo de desplomarse. A la Comisión Europea le es cada vez más difícil defender la falta de transparencia y descontrol de la agencia que financia con dinero público. Por su parte, el Parlamento Europeo ha puesto en marcha una comisión de investigación para evaluar y clarificar su verdadera implicación sobre los ataques a los derechos fundamentales, como el asilo. La española Sira Rego, eurodiputada de Izquierda Unida, y miembro de este grupo ha certificado que Frontex está "fuera de control" y que su director ejecutivo debe dimitir.