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"Los servicios del príncipe se llevan con confidencialidad y discreción. No queremos que el mundo sepa que se reúne con Putin solo por motivos de negocios", dice el marqués de Reading en una reunión por Zoom entre él, su socio el príncipe Michael de Kent, primo de Isabel II, y dos directivos de la empresa House of Hoedong, con sede en Corea del Sur, en busca de inversiones en Rusia y de la intervención del príncipe para conseguirlas. En la reunión, Michael de Kent, presidente de la Cámara de Comercio Ruso-Británica, canta glorias sobre su relación con Rusia y balbucea que no conoce el mercado del oro. Agradece contento los 55.000 euros que le ofrecen por un viaje a Rusia y los 150.000 euros por una intervención, en el palacio de Kensington, para ejecutar la entrada de la compañía en aquel país. En el Zoom no lleva ninguno de los llamativos uniformes que luce la realeza británica en las ceremonias oficiales.
Los dos falsos directivos de House of Hoedong son un periodista de The Sunday Times y una del programa Dispatches del Channel 4. Tendieron una trampa al príncipe en la que cayó como antes lo hizo Sarah Ferguson, al pedir 550.000 euros a un periodista camuflado de News of the World por un encuentro con su exmarido el duque de York, o la condesa de Wessex, nuera de la reina, cuando aspiraba a tener una profesión fuera de la realeza. El marqués de Reading explica en el Zoom que el príncipe "no es político, es amigo de Rusia y su nombre abre puertas".
Los asuntos de Michael de Kent no son los únicos que requieren discreción (secreto, es el término más apropiado) en la corte británica, sino que los del duque de York, hijo de la reina e involucrado en el caso del pedófilo Jeffrey Epstein, son aún más herméticos. Según The Telegraph, Andrés ha sido forzado, por abuso de su posición en la realeza, a disolver la compañía Lincelles Unlimited, creada en junio de 2020 con el banquero Harry Keogh, ex directivo de Coutts Bank, el banco que solo admite clientes con dos dígitos en millones; con menos de 10, abstenerse. Keogh dimitió de Coutts en 2018 tras ser acusado de acoso sexual a colegas. Aparece con la flor en la solapa, invitado a la boda de Eugenia, hija de Andrés, en Windsor en 2018.
La compañía Lincelles (en referencia a la batalla de 1793 ganada por las tropas del duque de York contra los franceses) está participada en un 75% por el actual duque de York para canalizar fondos inversores de Urramoor Trust del que son beneficiarias las dos hijas de Andrés. El otro cargo que aparece en Lincelles es el abogado Charles Douglas, especialista en paraísos fiscales. El duque ha publicado un comunicado en el que dice lo siguiente: "Lincelles Unlimited no ha operado, ni recibido fondos ni ha pagado dinero a nadie".
La disolución de Lincelles sigue a otra iniciativa (conocida) del príncipe: Pitch@Palace Global, dedicada a invertir en startups. Aunque obtuvo unos beneficios de 1.3 millones de euros en el ejercicio 2019-20, ha sido reducida con el despido de 15 empleados. Desde que dejó la Marina en 2001, el trabajo y los ingresos del duque han navegado por aguas turbulentas. Fue polémico embajador del Comercio Británico hasta 2011. WikiLeaks publicó un cable sobre un encuentro de 2008 en Kirguizistán con emprendedores de la exrepública soviética en el que el duque calificaba de "imbécil" a la Fiscalía Británica Anticorrupción por investigar supuestos sobornos de BAE (fabricante de armas británica) en Arabia Saudí y comparaba la corrupción de Kirguizistán con la de Francia.
Los negocios de Andrés dan para una enciclopedia, desde la venta de la casa regalo de boda de su madre por 20 millones de euros (cinco más de los que pedía al magnate de Kazajistán, Kenes Rakishev), hasta el reciente lío que ha tenido con el chalé suizo, adquirido por otros 20 millones de euros en 2014, con una demanda por impago de ocho millones en la compra. El príncipe, como Michael de Kent, excluido de la vida oficial, ha pasado a la oficiosa y ambigua vida de los negocios.
No les toca nada de los 85 millones de asignación oficial que da el Gobierno para la representación institucional. Sin embargo, están en el ámbito privado, que se nutre del oficial con viviendas o seguridad, sin el escrutinio público. La reina obtiene 82 millones de euros al año del condado de Lancaster para su uso privado; el príncipe Carlos recibe 40 del condado de Cornualles.
De estos no hay que rendir cuentas públicas a nadie. Graham Smith, de Republic, organización a favor de la abolición de la monarquía, dice a Público que "con lo que cuesta esta parásita institución pagaríamos 15.000 enfermeras o maestros porque si lo sumamos todo nos salen a 400 millones al año y se mantiene un despotismo familiar impropio del siglo XXI".
Los negocios turbios, los que se mueven entre lo público y lo privado, no distinguen entre regímenes hereditarios. Los monárquicos europeos suelen aducir que la institución, sometida a control parlamentario, es transparente e incluso democrática, comparada con las monarquías autoritarias y déspotas de Dubai, Catar, Jordania, Tailandia o Arabia Saudí, entrelazadas con el poder legislativo, ejecutivo, judicial y mediático.
En Europa, las tres monarquías nórdicas (Suecia, Noruega y Dinamarca, pequeñas en potencial económico o político) se alinean en una tradición; desde abdicar hasta hacer negocios, ante las de Europa Central (Holanda y Bélgica, una surge de la otra).
A su bola van la británica, henchida y ufana por su historia imperial y milenaria, pero siempre a la defensiva del poder mediático, y la española de quita y pon, la única restaurada en el siglo XX con un rey autoexiliado, casualmente en Abu Dabi. Merced a la Justicia suiza y al británico The Telegraph, los españoles, con la brava legión de medios que se levanta cada mañana, nos hemos enterado de que Juan Carlos, el mismo rey emérito, no es trigo limpio.
El nombre de Michael de Kent abre puertas en los negocios, dice el marqués de Reading en la grabación. Los casos de parientes de monarca que usan los vínculos familiares no son exclusivos del convicto Iñaki Urdangarin. En 2007, el entonces príncipe Guillermo de Holanda invirtió como ayuda al desarrollo africano en la construcción de 120 villas de lujo en Machangulo (Mozambique) de las que él ocuparía una en vacaciones. Presentó el proyecto como filantropía e incluso dijo que sus hijas "aprenderán pronto la suerte que han tenido de haber nacido en Holanda". El periódico NRC Handelsblad publicó que la mayoría de los inversores eran sudafricanos con sede en el paraíso fiscal de Mauricio, isla en el sureste de África, y que el plan conllevaba poca ayuda al desarrollo local. Guillermo vendió sus acciones y trasladó sus vacaciones a una villa en Grecia y un rancho en Argentina. La primera fila de la familia Orange recibe 44.4 millones de euros de asignación oficial, sin embargo, la segunda y tercera fila se ha visto envuelta en más de un conflicto financiero por la distinción de lo público y lo privado.
La princesa Cristina, fallecida en 2019, tía del actual rey holandés, renunció a sus derechos sucesorios para casarse con el cubano católico Jorge Pérez y Guillermo, colocándose de ese modo en el ámbito privado del clan Orange, accionista de la petrolera Shell, entre otras. Cristina fue criticada por domiciliar sus fondos inversores en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del canal de la Macha, así como por vender obras de arte al mejor postor, incluido un boceto de Rubens. El primer ministro, Mark Rutte, quiso impedir la subasta de los cuadros, pero solo consiguió uno, para el patrimonio nacional, porque había sido regalo de boda del cuerpo diplomático a la reina Juliana en 1937. La obra se consideró propiedad pública y Cristina la devolvió.
La que ahora sigue los pasos de la difunta Cristina es su sobrina, la princesa Mabel, de 52 años, viuda de Friso, hermano del rey. Friso renunció a los derechos sucesorios al casarse y así obtuvo carta blanca para convertirse en rey de las finanzas. A su muerte en 2013, Mabel heredó la cartera de acciones (en 2018 ya aparecía entre los 500 más ricos de Holanda, según la revista Quote). Aquel año su inversión en Ayden, fundada en 2006 para el desarrollo tecnológico en sistemas de procesamientos de pago, aumentó en 40 millones de euros en un día al anunciarse la salida a Bolsa. La aerolínea Wizz Air no le habrá dado mucho este año de pandemia; en cambio, le ha podido beneficiar su participación en la médica MRI Center de Amsterdam. En 2019, la fortuna de la princesa Mabel se cifraba en 290 millones de euros’ y la revista Quote la colocaba en 2020 en 560 millones y el puesto 66 entre los 500 más ricos de Holanda.
En Bélgica, las líneas rojas entre funciones públicas y negocios privados de la realeza no están tan bien marcadas como en Holanda. El príncipe Laurent, hermano del rey belga, recibe 308.000 euros al año de asignación oficial. En 2018 fue sancionado con una reducción de 46.000 euros por acudir a un acto en la embajada china sin permiso del Gobierno. ¿Qué buscaba el príncipe en la embajada china? Se quedó con 262.000 euros. Laurent demandó al Gobierno por recortarle la asignación que le obliga a presenciar varios actos anuales. Su venganza fue manosear el móvil vestido de uniforme (menos vistoso que los británicos). La demanda quedó archivada mientras el príncipe continúa enrabietado entre lo oficial y lo privado.
Forbes ha resucitado un viejo litigio entre Laurent y su compañía Global Sustainable Development Trust (GSDT) contra el Gobierno de Libia, que se remonta a 2008 con Muammar Gadaffi. Por entonces, GSDT firmó un contrato de reforestación para energías renovables, que no se llevó a cabo por el cambio de régimen en 2011. Tras largos y costosos procesos judiciales en Bélgica a favor del príncipe, Laurent pidió en 2019 al Gobierno belga la intervención o el pago de una deuda de 40 millones de euros que Libia debe a GSDT. El caso todavía colea. Forbes publicaba en febrero que el Gobierno belga ha solicitado a la ONU descongelar parcialmente los fondos soberanos libios en Bélgica para pagar deudas. ¿A quién?, pregunta la publicación americana sin respuesta clara.
Y para la realeza ajena a las finanzas o los negocios siempre quedan cargos como el de Joaquín de Dinamarca, hijo menor de la reina Margarita II, agregado militar en la embajada danesa en París; la princesa jordana Haya, agregada en la embajada de Londres; o Jaime de Borbón-Parma, primo del rey Guillermo de Holanda, ex embajador en la Santa Sede y ahora en la ONU. Un vínculo real abre puertas y pesa más que un cum laude en oposiciones a cualquier plaza de trabajo.
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