La Eurozona abre varios frentes para tratar de salvar contrarreloj el acuerdo con Grecia

BRUSELAS/ATENAS.- La Eurozona, frustrada con la falta de progresos en las negociaciones con Grecia, intenta salvar un acuerdo sobre las reformas del país que permita al Eurogrupo dar su visto bueno en Riga el día 24 a un plan que facilitaría el desbloqueo de financiación que Atenas necesita con urgencia.

El llamado Grupo de Bruselas, que sucede a la antigua troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se reúne este sábado de nuevo para seguir negociando con las autoridades griegas un plan de reformas detallado que, hasta ahora, no convence a las instituciones acreedoras.

La Comisión ha dicho que "no está satisfecha" con el nivel de progreso alcanzado hasta ahora" y ha dejado claro que haría falta un acuerdo a nivel técnico de las instituciones acreedoras para que los ministros de Finanzas y de Economía de la eurozona puedan autorizar, al menos grosso modo, el plan de reformas de Grecia en Riga.

Por ello, la Eurozona ha aumentado la presión dialéctica sobre Atenas, tanto en Bruselas como en Washington, donde están puestas las miradas estos días.

En la capital estadounidense se celebra la reunión de primavera del Banco Mundial y del FMI, que ha hecho coincidir al ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, con sus homólogos europeos y los líderes de las instituciones acreedoras y del Eurogrupo.

A Washington se han desplazado el vicepresidente para el Euro y el Diálogo Social, Vladis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, así como los presidentes del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, y del BCE, Mario Draghi, con quien Varufakis se ha reunido el viernes. Dijsselbloem, por su parte, no tiene previsto un encuentro con el ministro griego, según las fuentes consultadas, pero ello no quita que en los márgenes ambos puedan mantener conversaciones.

La esperanza de la Comisión es que las citas de Washington y de Bruselas "produzcan el progreso que nos gustaría ver" para poder llevar las reformas al Eurogrupo informal la próxima semana.

No obstante, tanto el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, como Moscovici han rebajado las perspectivas de un acuerdo entre Atenas y sus socios del euro en Riga, ya sea para ejercer presión o porque consideran poco realista un viraje en tan solo una semana.

Schäuble dijo el miércoles en Nueva York que "nadie espera que se llegue a una solución" de cara al 24 de abril, según el Financial Times, en tanto que Moscovici dijo en una entrevista al mismo diario este viernes que las negociaciones con Atenas no han sido lo suficientemente precisas hasta ahora. No descartó que la reunión decisiva sea la del Eurogrupo del 11 de mayo en Bruselas y no la de Letonia.

Fuentes de la eurozona indicaron que "los próximos días mostrarán qué ocurrirá en Riga y el calendario posterior".

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, aumentó la presión sobre Grecia al desechar cualquier plan de retrasar el pago por parte de Atenas a la institución financiera. "Retrasar el pago no es un curso de acción recomendable. Nunca una economía avanzada ha pedido retrasar el pago", explicó. Atenas debe devolver al FMI 746,6 millones de euros el 12 de mayo próximo, cuando su caja está prácticamente vacía.

Un acuerdo con el Eurogrupo y el FMI sobre las reformas y una temprana adopción y ejecución por parte del Parlamento y el Gobierno griegos podría desbloquear una financiación de 7.200 millones de euros muy necesaria para el Gobierno griego de Alexis Tsipras.

Varufakis, que intenta aguantar las presiones de sus socios y no rendirse a lo que se califica en Atenas como "chantaje" por parte de la eurozona, dijo en Washington que su país "no juega" con la salida del euro, pero insistió en su intención de alcanzar un acuerdo que "no sea impuesto" por los acreedores internacionales.

El optimismo sobre un acuerdo antes de finales de abril se mantiene en Atenas, según fuentes del Ejecutivo heleno, que matizan que tal pacto debe "respetar las obligaciones del país a nivel internacional" y sus "compromisos" con el pueblo griego.

Estos compromisos son los que el Gobierno de Tsipras ha denominado sus "líneas rojas": las relaciones laborales -en alusión a la liberalización completa del despido en el sector privado, como piden los acreedores-, el recorte de las pensiones, el aumento del IVA y las privatizaciones.

Fuentes gubernamentales insisten en que el motivo del desacuerdo no se basa en "cuestiones técnicas" ni en que la parte griega no facilite la información que solicitan los expertos de las instituciones que trabajan en Atenas, sino en "diferencias políticas" que se conocían de antemano.