La Hungría de Orbán pierde 1.000 millones de fondos europeos por ataques al Estado de derecho

Hungría ha perdido este miércoles el acceso a 1.040 millones de euros en fondos europeos de Cohesión por no haber corregido el Gobierno del ultra Viktor Orbán las deficiencias identificadas por la Comisión Europea como incumplimientos del Estado de derecho, confirmaron a EFE fuentes comunitarias.

Se trata del primer tramo de los 6.300 millones de euros que la UE mantiene bloqueados a Budapest en virtud del mecanismo de condicionalidad que el bloque creó para proteger los intereses financieros de la Unión.

"El primer tramo de compromisos suspendidos para 2022 asciende a 1.040 millones de euros y expiró al finalizar 2024", detallan las fuentes.

El pasado 16 de diciembre, el Ejecutivo comunitario ya avanzó que las medidas introducidas por Budapest para poder tener acceso a estos recursos del primer desembolso "no abordan adecuadamente las preocupaciones pendientes sobre los conflictos de interés en las juntas de los fondos de interés público".

De esta forma, puesto que han pasado dos años desde el año en el que estos fueron comprometidos (en 2022), Hungría ha perdido oficialmente los 1.040 millones de este desembolso y perderá el montante correspondiente a otros tramos pendientes si sigue sin corregir dichas deficiencias.

Bruselas congeló en diciembre de 2022 casi 22.000 millones de euros en fondos regionales de Cohesión asignados a Hungría por su deriva antidemocrática, pero hace un año desbloqueó 10.200 millones tras adoptar las autoridades nacionales una serie de medidas para garantizar la independencia de su sistema judicial.

No obstante, 11.700 millones de euros que siguen bloqueados están vinculados a cuestiones como la libertad académica, la ley sobre protección de la infancia -que la Comisión considera dirigida contra el colectivo LGTBI y ha llevado a los tribunales – y las restricciones del acceso al asilo.

El Ejecutivo comunitario también exige a Budapest acciones para atajar la corrupción en el país y medidas para garantizar la transparencia de las licitaciones públicas.

A todo esto se suman los fondos que corresponden a Hungría en virtud de su plan nacional de recuperación (10.400 millones de euros) puesto que para recibirlos debe cumplir no solo con cuatro condiciones ligadas a la independencia judicial, sino también con otros 23 hitos y objetivos relativos al Estado de derecho.