La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó este jueves a Myanmar (antigua Birmania) la aplicación de medidas cautelares para proteger a la minoría musulmana rohinyá de un supuesto genocidio. El alto tribunal de la ONU decidió, por unanimidad, obligar a Myanmar a tomar "todas las medidas a su alcance" para prevenir crímenes contra los rohinyás en su territorio, como el asesinato de sus miembros.

El Ejército de Myanmar también deberá evitar otros delitos que puedan cometerse contra la minoría musulmana, como que sus miembros sean víctimas de "daños mentales o corporales" o la imposición de medidas "que prevengan el nacimiento" de rohinyás. Asimismo, tanto el Ejército de Myanmar como "grupos armados irregulares" no podrán cometer actos que supongan la comisión del delito de genocidio o de intento de genocidio.

Las medidas "deberán ser efectivas", dijo el presidente de la CIJ Abdulqawi Ahmed Yusuf, que leyó la decisión, y las autoridades de Myanmar tendrán que "preservar las evidencias relacionadas con las alegaciones" de genocidio, las cuales se estudiarán cuando se juzgue el fondo del asunto.

Por último, los magistrados exigieron al país asiático que entregue dentro de cuatro meses un informe al tribunal con las medidas tomadas para cumplir con la orden dada a conocer este jueves. Una vez entregado ese primer informe, Myanmar deberá entregar otro cada seis meses con un seguimiento del cumplimiento de esas medidas hasta que los jueces se pronuncien sobre el fondo del caso.

El alto tribunal de la ONU se alineó de esta manera de forma casi total con la posición del país denunciante, Gambia, que presentó sus alegaciones basándose en un informe de la ONU que alertó de elementos en la actuación del Ejército de Myanmar desde agosto de 2017 que podrían definirse como un "intento de genocidio".

Myanmar dijo en su defensa que las operaciones de sus fuerzas militares formaban parte de una lucha contra grupos armados que atacaron comisarías de policía.

La premio Nobel de la Paz y líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, acudió a La Haya el pasado diciembre para defender al Ejército y aseguró que el sistema de justicia militar de su país procesará a los sospechosos de los abusos.