La Corte Penal Internacional (CPI) anunció la primera semana de marzo que iniciaría investigaciones para determinar si se han producido crímenes de guerra o de lesa humanidad en Ucrania desde el 2014. La actividad de la CPI, con sede en La Haya, está regulada por el Estatuto de Roma.

Este estatuto fue firmado en la Conferencia de Roma celebrada el 17 de julio de 1998. El Estatuto fue aprobado por las Naciones Unidas gracias a 120 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones. EEUU, Israel, Qatar o China fueron algunos de los países que votaron en contra de su creación.

EEUU, Israel, Qatar o China votaron en contra de su creación

La finalidad de este tratado es el de poner fin a la impunidad de los crímenes que resultan de mayor envergadura para la sociedad internacional. Igualmente, busca prevenir que estos crímenes pueden ser cometidos en un futuro. El Estatuto de Roma conjuga el deber jurídico de los Estados de ejercer su jurisdicción penal a los responsables de crímenes de guerra. Al mismo tiempo que trata de buscar una proyección internacional.

Algunos de los principios generales que rigen a este estatuto son su carácter permanente, su independencia, su jurisdicción sobre las personas y no sobre los Estados, su vinculación al sistema de las Naciones Unidas o su pretensión de universalidad.

¿Qué crímenes juzga la CPI?

Estos son los crímenes sobre los que la Corte Penal Internacional tiene su particular competencia. El  crimen de genocidio (artículo seis) persigue a quienes traten de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

En el caso de los crímenes de lesa humanidad, recogidos en el artículo siete, se juzga el ataque generalizado o sistemático contra la población civil por parte de quienes tengan conocimiento activo de estas acciones. En este caso, no es relevante si tales crímenes ocurrieron en "tiempos de paz" o durante un conflicto bélico. Algunos de los crímenes de lesa humanidad que se contemplan son: el asesinato, la esclavitud, la tortura, la violación, prostitución forzada, o el embarazo forzado.

En el caso de los crímenes de guerra, presentes en el artículo ocho, la diferencia radica en que se limita al marco de los conflictos bélicos internacionales y nacionales. En este sentido, se considera que existe un crimen de agresión entre dos Estados cuando uno de ellos invade militarmente, ocupa o se anexiona por la vía de la violencia parte del territorio. 

¿Cuándo puede actuar la CPI?

La Corte puede empezar a investigar siempre y cuando se cumplan alguna de las siguientes situaciones. La primera, si un Estado firmante del tratado remite la situación a la CPI. En el segundo escenario, la Corte puede investigar por su cuenta, si un Estado no firmante acepta la competencia jurídica de la Corte.

El tercer, y último escenario, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede remitir la situación a la CPI. En este último caso, cualquier miembro permanente del Consejo de Seguridad puede vetar la actuación de la Corte. 

La CPI investiga crímenes de guerra en Ucrania

La compleja situación en Ucrania dificulta, por el momento, que la Corte Penal Internacional pueda sentar a Vladimir Putin por alguno de los crímenes mencionados. El primer motivo es que no se puede juzgar el delito de agresión, ya que ni Rusia ni Ucrania han ratificado el Estatuto de Roma. Cabe recordar que Rusia se salió del estatuto en 2016, aunque lo firmó previamente en 2000 pero no ratificó su adhesión.

Ucrania, aunque no es parte del tratado, reconoció la autoridad de la CPI para investigar los sucesos de Maidán (2013-2014) y la adhesión de Crimea (2014 2015). Ya en 2020, la antigua fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, determinó que "existe una base razonable en este momento para creer que una amplia gama de conductas que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad se han producido en el territorio de Ucrania".

Por el momento, Karim Khan, el actual fiscal jefe de la CPI, ha iniciado nuevas investigaciones que ocuparán desde el inicio del conflicto en 2014 en adelante y que cuenta con el apoyo de 39 países, entre los que se encuentra España.