Espionaje a periodistasEmiratos y Arabia Saudí intervienen los teléfonos de decenas de periodistas de la cadena catarí Al Jazeera

Decenas de periodistas de Al Jazeera han sido víctimas de una campaña de espionaje orquestada por los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí en un ataque contra la libertad de expresión que carece de precedentes conocidos en la región y que ha descubierto el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en Canadá.

Los teléfonos de, al menos, 36 periodistas de la cadena catarí y una reportera de Al Araby de Londres han sido víctimas de la operación. Las primeras trazas del ciberataque se descubrieron el pasado mes de julio en un teléfono que usaba un programa de Al Jazeera, después de que se registraran actividades sospechosas que no se correspondían con el usuario del aparato.

Los intrusos desconocían que investigadores de Citizen Lab estaban controlando el teléfono en cuestión desde seis meses antes, según declaró esta semana Tamer Almisshal, director del programa de Al Jazeera espiado, al diario The Guardian.

"A través de varias aplicaciones, estaba recibiendo amenazas que decían 'No hables de este tema o te pasará como a Khashoggi'"

Almisshal había pedido a Citizen Lab que instalara el contraprograma de rastreo VPN en su teléfono en enero, después de recibir mensajes amenazantes y llamadas desde números desconocidos. "A través de varias aplicaciones, estaba recibiendo amenazas contra mí personalmente, que decían: No hables de este tema o te pasará como a –un periodista saudí asesinado hace dos años– Khashoggi".

Almisshal se tomó en serio las amenazas, se puso en contacto con Citizen Lab y permitió que se le instalará en su aparato una aplicación espía diseñada por el laboratorio canadiense, aplicación con la cual se podía determinarse el origen de las amenazas y las llamadas no deseadas.

La cadena Al Jazeera, de propiedad catarí, suele difundir informaciones que desagradan a los mandatarios de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, y se encuentra en el centro de una disputa diplomática entre Catar y esos dos países desde 2017. Tanto los Emiratos como Arabia Saudí bloquean desde entonces a Catar y exigen el cierre de Al Jazeera.

En un principio, Citizen Lab no detectó ninguna anomalía, pero a mediados de julio Al Jazeera publicó un reportaje sobre BR Shetty, un rico hombre de negocios indio cuyos negocios en los Emiratos se colapsaron un poco antes. Unos días después Citizen Lab comunicó a Almisshal que su teléfono había sido "comprometido".

Almisshal no daba crédito a la información, puesto que se había asegurado de que no permitía el acceso de vínculos sospechosos ni hacía click en ningún vínculo que generara sospecha. Pero Citizen Lab le explicó que ahora existe un sistema de espionaje denominado "zero click" que puede entrar en los teléfonos incluso si el usuario no responde a la llamada.

El número intervenido se había usado para contactar a otras personas en los Emiratos con el fin de realizar un programa en Al Jazeera. Citizen Lab informó a Almisshal que todo indica que su teléfono fue intervenido por herramientas desarrolladas por NSO Group.

NSO Group es una controvertida empresa israelí de espionaje fundada por exmilitares que previamente han trabajado para el Ejército en labores de espionaje. Es muy difícil creer que NSO Group no siga en contacto con los servicios de inteligencia israelíes. Con anterioridad, los programas de espionaje de NSO Group los han usado emiratíes y saudíes, incluso en el caso Khashoggi.

Citizen Lab identificó cuatro operadores espías en el teléfono de Almisshal. Uno de ellos, llamado Monarchy, funcionaba desde Arabia Saudí, mientras que otro, llamado Sneaky Kestrel, funcionaba desde los Emiratos. Pero la sorpresa fue que el mismo material de espionaje se halló en otros 35 empleados de Al Jazeera, incluidos periodistas, productores y ejecutivos.

Los investigadores canadienses descubrieron que el teléfono de otra periodista, Rania Dridi, una presentadora de la cadena Al Araby de Londres, también propiedad catarí, fue intervenido en al menos seis ocasiones entre octubre de 2019 y julio de 2020.

NSO Group ha dicho muchas veces que sus clientes son gobiernos extranjeros interesados en rastrear a terroristas y criminales. Pero la realidad que una y otra vez surge a la superficie es completamente distinta, pues el material que vende la empresa israelí se utiliza habitualmente para perseguir a disidentes, a empleados de ONG críticas con los gobiernos y a defensores de derechos humanos.

NSO Group no solo suscita preocupación a activistas de derechos humanos. Esta misma semana, solo unas horas después de que trascendiera el escándalo del espionaje masivo a Al Jazeera, varias compañías tecnológicas americanas, incluidas Google, Microsoft y Cisco, calificaron a la empresa israelí de "poderosa y peligrosa".

NSO Group alega que disfruta de completa inmunidad puesto que sus clientes son estados soberanos

WhatsApp ha demandado a NSO Group en Estados Unidos en una acción que puede significar un cambio de estrategia de las grandes tecnológicas con respecto a las empresas que intervienen sus teléfonos o aplicaciones en todo el mundo, intrusiones que se hacen sin ninguna clase de límites y sin ningún tipo de control, como le ha ocurrido a la cadena catarí Al Jazeera.

A principios de 2020, un tribunal americano sentenció contra NSO Group, pero la empresa de espionaje israelí ha recurrido la sentencia ante un tribunal superior, que ahora deberá determinar si las alegaciones de NSO Group son pertinentes. En esencia, NSO Group alega que disfruta de completa inmunidad puesto que sus clientes son estados soberanos.

Desde hace años, grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, sostienen que el uso de material de espionaje pone en peligro los derechos humanos en el mundo. Google, Microsoft y demás tecnológicas han dicho a los tribunales que han empleado decenas de miles de millones de dólares en desarrollar productos y sistemas seguros para proteger a sus clientes de intrusiones, justamente lo que tratan de desbaratar empresas como NSO Group, y que los tribunales americanos deben ser competentes para abordar esta cuestión.