Erdogan incluyó en su lista negra de golpistas a un fiscal fallecido hace dos meses

MADRID.- El hostigamiento de las autoridades de Turquía a los supuestos golpistas no tiene límites, hasta el punto de perseguir muertos. De entre todos los detenidos y funcionarios suspendidos, los jueces y fiscales son uno de los objetivos prioritarios de la caza de brujas liderada por el presidente Recep Tayyip Erdogan. La fijación es tal que tan sólo unas horas después del intento de golpe la agencia semipública Anadolu ya había publicado una extensa lista con los representantes del aparato de Justicia turco señalados como responsables del golpe. La relación de nombres y apellidos es realmente larga, lo que alimenta las sospechas sobre si la asonada tuvo realmente tal nómina de cómplices. Más aún cuando uno de los incluidos en el listado había fallecido hace dos meses.

El fiscal Ahmet Biçer murió el pasado 23 de mayo de un ataque al corazón mientras, al parecer, hacía deporte, según el diario turco T24 y según ha podido confirmar por otras fuentes la asociación Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (Medel). La organización, a la que pertenecen parte de los jueces y fiscales turcos detenidos, defiende que, "obviamente", la lista negra ya estaba preparada con anterioridad al fallido golpe de Estado, algo que se ha evidenciado todavía más tras esta última revelación. Biçer está enterrado en Yozgat, su ciudad natal, pero aún así, según las autoridades turcas, participó en el golpe. En las posteriores actualizaciones de los nombres señalados al Gobierno por el Consejo Supremo de Jueces y Fiscales turcos, el fiscal muerto ya no aparece.

El fiscal Ahmet Biçer murió el pasado 23 de mayo de un ataque al corazón. Las autoridades turcas le señalaron como uno de los responsables del golpe del pasado día 15

Desde los acontecimientos del pasado viernes 15, día de la asonada, Medel ha denunciado la persecución a la que están siendo sometidos sus colegas turcos y las "terribles situaciones" que éstos relatan cuando pueden dar algún tipo de información. La organización, que teme por su integridad física, no tiene noticias de varios de ellos.

Aparte de negarles la asistencia de abogados defensores, según fuentes jurídicas consultadas por Público, hay jueces que han permanecido retenidos junto a golpistas procedentes de otros gremios. "Si les encarcelan con otros detenidos, pueden corren peligro", alertan las citadas fuentes ante la posibilidad de meter en la misma celda a un preso y al juez que dictaminó su encarcelamiento en un anterior proceso. De hecho, algunos jueces han sido agredidos mientras eran arrestados.

Otros, con más suerte, sufren diferentes medidas, como la prohibición de abandonar su ciudad mientras el riesgo de volver a ser detenidos sigue latente. "No sé cómo explicarlo. Yo sólo he hecho mi trabajo y he criticado al Gobierno por el desarrollo de los acontecimientos judiciales que ya conocéis bien”, relataba uno de ellos en uno de los mensajes que han podido transmitir a sus compañeros de Medel. “Puede que no nos volvamos a ver”, se despedía.

Por todo ello, la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia, como miembros de Medel, y junto a la asociación de Turquía YARSAV, reclaman al embajador turco en Madrid, Ömer Önhon, que pida a su Gobierno "la liberación inmediata de los jueces y fiscales detenidos" y que le recuerde su compromiso con la independencia judicial, la separación de poderes y el estado de derecho. Ankara decidió el pasado jueves suspender la Convención Europea de Derechos Humanos.

Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales tienen previsto, dentro de su compaña por la liberación de sus compañeros turcos, entregar el próximo martes 26 en la embajada de Turquía de la capital sendas cartas en las que denuncian "la suspensión de 2.745 jueces y fiscales y la detención y encarcelamiento de, al menos, 200, entre ellos un juez del Tribunal Constitucional". A todos ellos se suman los 262 jueces y fiscales militares suspendidos en las últimas horas.

Desde Bruselas también se apunta que "las listas que ya estaban disponibles
justo después del intento de golpe, indican que algo estaba preparado, que en cierto momento tendrían
que ser utilizadas"

Las asociaciones denuncian en la misiva que "la rapidez con la que se ha llevado a cabo la suspensión de funciones y detención de jueces y fiscales hace sospechar seriamente en la premeditación y arbitrariedad de esas medidas". "Sin lugar a dudas", subrayan, "las mismas se incardinan en los intentos durante estos últimos meses de desestabilizar e incluso depurar la Judicatura y la Fiscalía por parte del Gobierno". 

La Unión Progresista de Fiscales españoles recuerda que las diferentes organizaciones profesionales europeas agrupadas en torno a Medel ya habían alertado anteriormente a la Unión Europea, tras la firma del acuerdo con Turquía para la expulsión de refugiados, "de los repetidos ataques a la independencia judicial en Turquía".  

Desde Bruselas, ni mucho menos como respuesta oficial tras la leve condena de la Unión Europea a la "deriva autoritaria de Erdogan", también se oyen voces que denuncian que el presidente turco ya tenía preparada la lista de jueces para iniciar la purga como represalia tras el intento de golpe de Estado. "Estoy muy preocupado. Es exactamente lo que nos temíamos", afirmó el pasado lunes Johannes Hahn, comisario europeo de política regional. "Las listas, que ya estaban disponibles justo después de este acontecimiento, indican que algo estaba preparado, que en cierto momento tendrían que ser utilizadas", agregó.

Las críticas internacionales ante la magnitud de la caza de brujas poco importan a Erdogan y su Gobierno. Este mismo viernes, el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, dejaba claro que Turquía estudiará la reintrodución de la pena de muerte sin tener en cuenta la reacción de la UE o las consecuencias de ello ante su posible ingreso en el bloque comunitario.

El Gobierno turco aumenta de siete días a un mes el periodo de detención provisional y se reserva el derecho de poder restringir las reuniones de los detenidos con sus abogados 

"Hemos regulado la pena de muerte ─abolida en 2004─. Incluso añadimos un artículo a la Constitución diciendo que no podría ser reintroducida. ¿Nos aceptaron en la UE? No. Siempre encuentran una razón para no aceptarnos. No tendrán problemas para encontrar una excusa para mantenernos fuera", declaró el ministro, que para defender su posición aseguraba que tras la asonada militar se han producido manifestaciones masivas en las que la gente ha pedido la reinstalación de la pena capital

El Gobierno turco ha aprobado en las últimas horas nuevas medidas restrictivas al amparo del estado de emergencia decretado el pasado miércoles. El equipo de Erdogan ha aumentado de siete días a un mes el periodo de detención provisional y se ha otorgado el derecho de poder restringir las reuniones de los detenidos con sus abogados, entre otras disposiciones. Además, los funcionarios que tengas vínculos con las redes de Fetullah Gülen, clérigo exiliado en Estados Unidos al que Ankara acusa de organizar el golpe, serán despedidos sin ningún tipo de compensación y sin posibilidad de poder ser contratados de nuevo. Para guardarse las espaldas, el Ejecutivo ha decretado que ninguna de sus decisiones pueda ser frenada ni vetada por ningún tribunal. La paranoia de Erdogan ha llegado a tal punto que también ha ordenado el arresto de unos 300 soldados de la Guardia Presidencial.