En junio de 2009, Xiomara Zelaya, más conocida como La Pichu, tuvo que ver cómo un grupo de militares allanaba su vivienda, en Tegucigalpa, y escuchar cómo reventaban a tiros la cerradura de la puerta trasera. Se llevaron a su padre, el presidente hondureño Manuel Zelaya, y obligaron al exilio en Costa Rica a la familia. Aquel golpe dejó tocado al país, excluido de foros internacionales y sumido en una crisis institucional que, según Zelaya, aún no se ha recuperado, mientras miles de ciudadanos hondureños abandonan el país buscando oportunidades en EEUU o, simplemente, huyendo de la violencia, la impunidad y la corrupción.

Los Zelaya pudieron regresar años después para fundar el nuevo partido Libertad y Refundación (Libre), que lidera el depuesto presidente, a cuyas primarias para optar la presidencia se presentó su mujer, Xiomara Castro. No pudo aspirar la presidencia al imponerse en la interna el socialdemócrata Salvador Nasralla, que tampoco logró la victoria frente al actual presidente, Juan Orlando Hernández, pese a la sombra de fraude electoral en unos disputados comicios. 

Tras una larga formación en comunicación social y política, La Pichu Zelaya se posiciona dentro del partido familiar y puede aspirar a la presidencia en la próxima convocatoria si las distintas corrientes de Libre le dan su apoyo y logra la ansiada unidad de toda la oposición para "acabar con la dictadura" y desarrollar políticas "que no lleven a huir" a sus conciudadanos, como explicó recientemente durante su intervención en la charla Honduras: de caravanas migrantes y fronteras inhumanas, organizada por la Asociación de Mujeres de Guatemala en la Casa Encendida de Madrid. 

Hace diez años, usted tuvo que salir que Honduras con su familia tras el golpe de Estado que derrocó a su padre. Ahora huye gran parte del país de la pobreza y la violencia. ¿Cuál es la relación entre estos hechos?

Honduras, como otros países, tiene una dependencia desde hace siglos de las grandes potencias. La desigualdad social en la región es fruto de esta dependencia. Pero todo se agravó con el golpe de Estado, como demuestra el aumento de la cantidad de hondureños que huyen del país desde entonces. En 2009, después de intentar profundizar en el sistema democrático de Honduras, se ejecuta un golpe contra un presidente democráticamente electo. Los militares irrumpen en su casa, lo secuestran y lo sacan del país. Y era el primer mandatario de una nación que ahora vive las consecuencias de la imposición de un régimen autoritario. ¿Qué nivel de desprotección tendrá el ciudadano común si al presidente le ocurre esto?

¿Cómo afectó el golpe a las mayorías populares?

Hubo una estrategia de represión contra las mayorías sociales. Al principio, contra el frente de resistencia popular contra el golpe, que pedía la restitución de la democracia y del presidente electo. Pero el régimen no sólo se volvió excluyente contra esta parte de la población, sino también en sus políticas sociales y, ahora, la mayoría del pueblo hondureño sufre esas consecuencias: las privatizaciones de la educación, la salud y otros servicios públicos, proyectos de explotación de bosques y ríos, extracción minera y más. También afecta a los pueblos originarios, que han dado la batalla. Pero Honduras es a día de hoy uno de los países más violentos, más peligrosos para los defensores de Derechos Humanos, para ejercer el periodismo y para ser mujer.

¿Qué diferencia a Honduras de otros países emisores de migrantes hacia EEUU como El Salvador o Guatemala?

Han vivido la misma dependencia histórica, aunque Honduras es un caso especial porque aquí tenemos bases militares norteamericanas para realizar un control territorial de lo que históricamente ha significado un espacio para los intereses de EEUU y sus transnacionales. Además, Honduras ha funcionado y funciona como una oficina de negocios para estas transnacionales y como un laboratorio de experimentos de las nuevas formas de colonización. En Honduras se ensayó un golpe de Estado que ha desatado una ola de acciones en contra de la unidad regional en América Latina. Se repitió en Paraguay contra Fernando Lugo, luego en Brasil contra Lula y Dilma, después Ecuador…

La región necesita una visión integral. Honduras, El Salvador y Guatemala han sido excluidos al convertirnos en un triángulo norte, con una etiqueta que nos aparta de un espacio donde se pueden poner políticas públicas en común para proteger el territorio, el medio ambiente y dar seguridad a los ciudadanos. Esa división interna sirve para impedir que nuestros países se unan como soñaron sus grandes líderes, en una alianza regional fuerte para hacer frente al sistema neoliberal que nos corrompe y expulsa a sus ciudadanos.

Habla de nuevas formas de colonización, ¿cuánta parte de Honduras es realmente de los hondureños y cuánta pertenece a empresas multinacionales?

El 68% del territorio nacional está comprometido y concesionado con empresas extractivistas, mineras o de explotación de ríos y bosques. Más de la mitad del territorio nacional. Actualmente hay 854 concesiones. Los últimos 27 días antes de entregar el Gobierno de los golpistas al siguiente presidente, Porfirio Lobo, se autorizaron 150 concesiones exprés con licencias ambientales para la explotación.

Ha sido desenfrenado y la lucha de los pueblos originarios afectados por esto ha sido genuina y auténtica, pero siguen asesinando a líderes. Todos recordamos el caso de Berta Cáceres, cuyo asesinato sigue impune, pero hace unos días mataron a Mirna Suazo, líder del pueblo garífuna, y a otras 12 compañeras ambientalistas más. Esto se produce en un país donde casi el 80% de la población sufre inseguridad alimentaria crónica o aguda, una zona que siempre fue vulnerable ante fenómenos naturales y donde ahora vemos cómo afecta el cambio climático. Hay que revisar por qué se han permitido concesiones que han desertificado el suelo y traído la sequía.

Se puede intuir su opinión sobre la política migratoria de Donald Trump pero, ¿qué opina del papel de López Obrador en México?

La política antimigratoria la dicta Washington, que usa la extorsión contra nuestros países amenazando con cortar ayudas, elevar tarifas y aranceles para obligarles a adoptar más medidas que frenen la migración. Por eso se está hablando de que países como Guatemala o la propia Honduras sean considerados terceros países seguros. Es aberrante y vergonzoso que nuestros mandatarios no defiendan con dignidad a nuestros migrantes, que están en su derecho de transitar por una crisis humanitaria grave.

López Obrador tiene la posibilidad de convertirse en un personaje importante para la defensa de los derechos de los pueblos de América Latina y de convertirse en el líder que unifique nuestra región para hacer frente a estas políticas individualistas en las que cada país se preocupa por sus propios intereses. Yo viví una época en América Latina en la que sus pueblos se unían en solidaridad, se ayudaban mutuamente, se creaban grandes alianzas y alternativas. Debemos volver a eso y no permitir que nos sigan utilizando como un patio trasero.

¿Está funcionando esta política de bloqueo a los migrantes en EEUU y, ahora, en México?

Los migrantes hacen balance. Para ellos pesa más la amenaza de vivir en Honduras que transitar una ruta incierta y peligrosa. Es cierto que ya no se ven esas caravanas masivas como las de 2018, que empezó con 7.000 personas. Pero existe una movilización constante por puntos ciegos, porque las cifras que se reportan en frontera así lo dicen. Ha vuelto a la clandestinidad, y esa es la forma más peligrosa. Decidieron organizarse e ir en conjunto por esa idea de protección. Pero ahora siguen huyendo a pesar de saber que se enfrentan a esas políticas, a la separación de sus familias en la frontera de EEUU, a que los van a enjaular y otras medidas inhumanas.

Se habla de las pandillas y el narcotráfico para referirse a la violencia que empuja al éxodo, ¿hay más caras de la inseguridad?

Claro, la represión del Gobierno contra ciudadanos que protestan para exigir sus derechos, para coercionar, extorsionar y hostigar a la oposición. ¿Cómo no se va a fomentar así una cultura del terror y la violencia en el país? Por no hablar de la completa impunidad de los crímenes, la falta de independencia de la Justicia y la relación entre el narcotráfico y el Gobierno. 18 de las concesiones mineras del anterior Gobierno pertenecían a un gran traficante que ahora está preso en EEUU. Y lo sabemos por una investigación de la Fiscalía estadounidense, la de Honduras no ha investigado nada pese a los indicios, denuncias y testimonios públicos. Si nuestro sistema de Justicia se reformara y fuese independiente, habría al menos una esperanza de cambio.

¿Cuál es la propuesta de cambio que hace el partido Libre?

Llamamos a una alianza de todas las fuerzas de la oposición para reconstruir el pacto social roto con el golpe de Estado, un nuevo acuerdo que siente las bases de un Gobierno de transición de esta dictadura a una democracia. Pero debemos construirlo los hondureños, desde las bases, con la sociedad civil, los sectores productivos, los gremios, los partidos políticos… El retorno de la democracia y el Estado de Derecho es fundamental y no se ha podido reconstruir desde el golpe. Así se pueden implementar políticas integrales y un plan de país basado en la unidad. Hace falta solidez y estabilidad nacional para empezar a crear las condiciones para que los hondureños no pienses en huir. El actual régimen no está atendiendo a las causas reales de la migración y el pueblo no puede ser golpeado más veces.

A día de hoy, ¿cuántas probabilidades hay que de esa unidad sea una realidad?

Todas. La unidad está próxima, pero no debe ser sólo para un proceso electoral, sino para garantizar estabilidad y conformar un gobierno que bride las mayores garantías para la construcción de un Estado de Derecho. Hay que ir más allá, a un gobierno de unidad nacional.

Decía que Honduras es el país más peligroso para ser mujer. Hay testimonios de mujeres migrantes de la caravana que afirmaban huir sobre todo de la violencia machista.

En Honduras no hay protección a la vida porque el ser humano no es el centro de acción del Gobierno ni de las élites privilegiadas ni de la empresa privada. Cada ciudadano vive un estado de indefensión pero es más pronunciado en las mujeres. El 98% de los feminicidios quedan impunes. Hay una cultura machista arraigada desde hace mucho tiempo porque no hay una visión de género para resolver los problemas. No es transversal la óptica de protección de los derechos de la mujer. Y es normal, porque en Honduras se habla de derrocar una dictadura mientras en otros países se habla de avanzar en derechos, de feminismo, de lograr igualdad y mejorar las condiciones de la mujer. En Honduras aún tratamos de construir una democracia. Pero es urgente integrar una visión de género para lograr que el sistema democrático sea completo. No obstante, la mayoría de las personas que defienden sus territorios frente al despojo del Gobierno y las multinacionales son mujeres. Las que defienden los servicios públicos y las que se enfrentan a las armas en los momentos más álgidos de la represión también son mujeres.

Quizás la llegada de una mujer a la presidencia del país allane ese camino. Recientemente sonaba su nombre como candidata a las primarias de su partido, ¿se ve como presidenta de Honduras?

Las mujeres deben tomar todos los espacios que puedan en cualquier escenario. Yo he sido propuesta por un movimiento interno del partido e iremos a un proceso interno. Ahora estoy planificando consultar con la dirigencia y construir junto a mi madre y los líderes del partido un proyecto político basado en la unidad desde la base popular.