Han pasado poco más de dos años desde que Eric Thomas Rivera muriera a manos de la Policía de Los Ángeles en una calle de Wilmington, un barrio obrero del condado de Los Ángeles con fuerte presencia de residentes hispanos y afroamericanos. El joven, de 20 años de edad, recibió siete disparos en la cabeza, pecho y extremidades antes de que su cuerpo ya sin vida fuera arrollado accidentalmente por uno de los vehículos policiales que participaban en el operativo. El delito del joven hispano no fue otro que caminar por la calle en plena noche con una pistola de juguete en la mano. Los agentes no alcanzaron a distinguirla.  

"Después de que mataran a mi hijo, mi vida entera cambió. Es imposible que pueda volver a ser y a sentirme de la misma manera que antes", explica en entrevista con Público Valerie Rivera, madre de Eric. "En este tiempo he conocido a cientos de familias con experiencias similares y me rompe el corazón".  

El fallecimiento de Eric aquel 6 de junio de 2017 supuso la 17ª muerte registrada aquel año a manos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD en inglés) y la undécima víctima de origen hispano, según datos de la organización Mapping Police Violence.  

La madre del joven, que nació y creció en Wilmington, cree que la muerte de su hijo jamás "hubiera ocurrido en Beverly Hills", un barrio donde viven algunas de las familias más adineradas de la región.

Asegura también que el trágico desenlace se produjo por "ignorancia" y "negligencia" de los dos policías que apretaron el gatillo y que esa noche trabajaban por primera vez juntos: Daniel Ramírez y Arturo Urrutia.  

A pesar de las quejas que Rivera elevó a las autoridades, el 10 de octubre de 2018, la fiscal del distrito, Jackie Lacey, publicó las conclusiones de su investigación. Y no eran lo que esta madre esperaba. En un detallado informe, Lacey exculpó a ambos policías de cualquier responsabilidad al considerar que habían recurrido al uso razonable de la fuerza en defensa propia o en defensa de terceras personas, tal y como está recogido por la ley californiana y en varias sentencias judiciales.  

"Ramírez y Urrutia probaron a través de sus acciones que cada uno de ellos creía que (Eric) Rivera portaba una pistola, y que este suponía una amenaza inminente", reza el documento.  

Valerie Rivera participa en una protesta contra las actuaciones policiales en California tras la muerte de su hijo, Eric Rivera, en junio de 2017

Las conclusiones fueron un duro revés para esta madre latina y una prueba incuestionable de la ardua carrera de obstáculos que le tocaría librar. Sin la posibilidad de acceder al expediente policial sobre la muerte de su hijo, Rivera se afilió a la organización internacional Black Lives Matter. En los meses posteriores se convirtió en una de las activistas que más fervientemente ha luchado por denunciar la falta de acceso público a los informes e investigaciones policiales de tiroteos en California. 

Según la organización Cal Matters, el estado dorado posee uno de los índices de muertes causadas por policías más elevados del país, pero los detalles de las investigaciones no han trascendido públicamente porque, según el Colegio de Abogados de Los Ángeles, el secretismo y la confidencialidad han sido, exceptuando casos aislados, la norma a seguir durante décadas.  

Esta realidad, sin embargo, cambió a principios de este año con la entrada en vigor de la Ley SB 1421, que permite el acceso público en California a archivos e investigaciones policiales donde se aplica un uso excesivo de la fuerza, en casos confirmados de agresión sexual o conducta deshonesta por parte de los agentes. 

"Que la SB 1421 haya pasado ha sido todo un hito, porque permitirá a las familias que haya transparencia, aunque no podamos pedir responsabilidades", asegura Rivera. "Muchas familias no logran los nombres de las personas que mataron a sus seres queridos, o no lo averiguan durante años. Y para un padre que pierde a su hijo a manos de otra persona de manera tan horrible, saber quién lo hizo es nuestra prioridad".   

Las reformas del Código Penal que levantan el halo de secretismo en torno a los informes y archivos policiales no han sido bien recibidas por los departamentos de Policía en distintas ciudades californianas.  

En Los Ángeles, la oposición más fuerte la han protagonizado los sindicatos de policía como el Los Angeles Police Protective League y el Assn. for Los Angeles Deputy Sheriffs, que están desafiando la nueva ley, exigen que esta no se aplique de forma retroactiva y que se respete el derecho a la privacidad de los agentes.  

: En junio de 2017, Eric Rivera caminaba con una pistola de juguete en la mano cuando fue abatido por la policía de Los Ángeles. Su madre, Valerie Rivera, emprendió una campaña que culminó en la aprobación de la ley de transparencia SB 1421

En paralelo, y según denuncia Rivera, los sindicatos están exigiendo a las familias afectadas desembolsar elevadas cantidades de dinero para obtener transcripciones de llamadas, archivos de vídeo e informes de investigaciones policiales, los cuales son sometidos a un proceso de expurgación antes de ser entregados al solicitante. Y el costo, que ronda los $60/hora de procesamiento, lo asume el solicitante.

"Me están cobrando unos 1.200 dólares por cerca de 90 minutos de llamada policial y unas cinco o seis horas de material grabado en vídeo (sobre Eric), pero hay muchas otras familias a las que les están cobrando 8.000 o 5.000 dólares y no tenemos ese dinero", afirma la activista.  

"Muchas familias acaban en la calle después de haber perdido a un ser querido a manos de las fuerzas del orden. Nos dejan aquí, teniendo que conseguir todo el dinero para enterrar a nuestros hijos, y no lo tenemos", matiza.  

Sin medios económicos para financiar el proceso, este mismo año Rivera buscó el apoyo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés) y llevó su lucha a los tribunales. Su objetivo es que ninguna familia tenga que pagar por recibir la transcripción de archivos que detallan cómo y quién mató a un ser querido.  

"Hay una nueva ley y tenemos derecho a obtener la información…No puedo permitir que lo que le hicieron a mi hijo no se sepa", sentencia.