Según las pruebas de inteligencia, Teresa Lewis, de 41 años, tenía un nivel intelectual por debajo de lo normal, pero eso no impidió que el estado de Virginia la ejecutara el jueves con una inyección de veneno.

Tampoco impidieron su muerte las dudas razonables sobre la culpabilidad, las protestas contra la pena capital en Estados Unidos y las 7.300 peticiones de clemencia dirigidas a Robert McDonnell, gobernador de Virginia, entre ellas una de la Unión Europea y otra del escritor John Grisham.

Desde que en 1976 fue reinstaurada la pena capital como castigo en EEUU, más de 1.200 personas han sido ejecutadas, doce de ellas mujeres, incluyendo a Teresa Lewis.

Los hechos se remontan a octubre de 2002. Según la acusación, Lewis conspiró con dos hombres, Matthew Jessee Shallenberger, que tenía entonces 29 años, y Rodney Lamont Fuller, de 27, para que mataran a su marido y a su hijo y así poder repartirse 250.000 dólares de los seguros de vida.

Tras los asesinatos, ella reconoció su implicación y dio los nombres de los dos asesinos. Ellos dijeron que Teresa les había proporcionado el dinero para comprar armas y que la noche del 30 de octubre les dejó las puertas de la casa sin cerrar para que pudieran entrar y matar a su marido Julian Lewis, de 51 años, y a su hijastro, Charles, de 25.

Los autores materiales de los asesinatos fueron condenados a cadena perpetua. La diferencia, según el juez, es que ella mostró 'una depravación mental'. De nada valió al magistrado la confesión de Shallenberger, que dijo a su novia que él había sido el instigador justo antes de suicidarse en prisión en 2006.

La ejecución de Lewis sirvió al presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, para acusar a Occidente de tener una doble moral cuando protesta por la condena a muerte de una mujer en su país mientras calla por la ejecución de otra en Estados Unidos.