Un documento de la UE advertía hace años de que externalizar la migración es ilegal

La misma semana en la que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, defendía la creación de centros de retorno fuera de la UE, la Justicia italiana tumbaba los planes de la ultraderechista Giorgia Meloni de enviar a los solicitantes de asilo a la vecina Albania. Los intentos para externalizar la migración más allá de los confines comunitarios lleva años sobrevolando la política europea, pero ahora, con el Parlamento Europeo, la mesa del Consejo y la futura Comisión más derechizados de la historia toma impulso. Ello a pesar de que en 2018 un documento de la propia Comisión subrayaba la ilegalidad de estas iniciativas.

Poco antes del arranque de la cumbre europea celebrada la semana pasada en Bruselas, y monopolizada por la migración, la inquilina del Berlaymont, inspirada en la vía Meloni, envió una carta a los 27 líderes proponiendo la creación de centros para migrantes en países terceros. "Von der Leyen debe abandonar su propuesta inhumana e ilegal de crear centros de deportación en terceros países. Es inaceptable inclinarse ante la extrema derecha para bendecir un modelo migratorio que viola los derechos humanos y que hasta ahora ella consideraba ilegal", afeó Iratxe García Pérez, líder de los Socialdemócratas, familia que dio su bendición y voto a una Von der Leyen que ya en campaña se había mostrado defensora de esta idea.

La migración continúa siendo uno de los debates más tóxicos entre los socios europeos, a pesar de que en los primeros nueve meses de 2024 las entradas irregulares a suelo comunitario han descendido un 42%, según cifras de Frontex. La primera vez que la UE abordó el debate sobre establecer centros de asilo extracomunitarios fue en 2018. Las por entonces bautizadas "plataformas de desembarco" -que pretendían trasladar a África a personas rescatadas en el mar- cayeron en saco roto después de que ningún país tercero de los que se tantearon -Libia, Marruecos, Túnez o Egipto- accedieran a acoger a los solicitantes de asilo o a tramitar sus peticiones.

En su defecto, los europeos apostaron por replicar el acuerdo migratorio con Turquía, que consiste en regar con millones a regímenes autoritarios como Egipto o Estados fallidos como Libia a cambio de que frenen las barcazas antes de que emprendan su travesía hacia la UE. Von der Leyen ha pedido recientemente ampliar estos pactos a otros países como Senegal o Malí.

Establecer centros de deportación en territorios remotos entraña muchas complicaciones desde el punto de vista logístico, operativo, diplomático, moral y, especialmente, jurídico. "Estamos consternados por el creciente apoyo, por parte de muchos Estados miembros e incluso de la Comisión, a la idea de enviar a personas a centros fuera de la Unión para que puedan ser deportadas desde allí. Además de ser un disparate logístico y financiero, es un sistema cruel que viola el derecho internacional y de la UE y pone a las personas en riesgo de sufrir abusos sin opciones claras para obtener justicia y reparación", explica Michele LeVoy, directora de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre los Migrantes Indocumentados (PICUM, por sus siglas en inglés).

Un documento de la Comisión Europea fechado en 2018 es claro: externalizar la migración es ilegal porque restringe el derecho universal de toda persona de solicitar protección internacional. Esta es la vía italiana, que envía a los solicitantes a Albania para que su proceso de asilo sea tramitado fuera. "Devolver a un solicitante de asilo a un tercer país sin tramitar su solicitud constituye una devolución y no está permitido por la legislación de la UE ni por la legislación internacional", reza el texto.

Tras ello, el modelo Meloni también contempla la expulsión a terceros países de aquellos que no reúnan los requisitos para obtener el asilo. En muchas ocasiones se trata de Estados con los que no tienen ninguna conexión, ya que sus países de origen no los quieren de vuelta. El destino final se realiza en base a los acuerdos bilaterales que cada país europeo tenga sellados. Y aquí hay un gran abanico de posibilidades, ya que el Pacto de Asilo reciente deja abierto qué se considera como "país seguro".

"Según la legislación de la UE en materia de devoluciones, no es posible enviar a alguien, contra su voluntad, a un país del que no es originario o por el que no ha transitado", esclarece de nuevo el documento, que concluye: "Este escenario plantea importantes retos jurídicos y prácticos. El riesgo de vulnerar el principio de no devolución es elevado. Cabe preguntarse si este escenario es acorde con los valores de la UE".

Los críticos, dentro y fuera del país transatlántico, ya han catalogado el modelo Meloni, que seduce a la mayoría de la UE, como el "Guantánamo italiano". "El acuerdo entre Italia y Albania, que muchos países de la UE están elogiando ahora, es un sistema inhumano, absurdo y costoso que viola las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esperamos y exigimos más de una Unión que supuestamente se basa en valores de dignidad humana y derechos humanos", advierte LeVoy.

Hace unos días, el Tribunal de Roma censuró la medida de la primera ministra italiana y le obligó a retornar a Italia a los primeros solicitantes que habían arribado a Albania. No obstante, la líder de Hermanos de Italia, respaldada y bendecida por un grueso número de líderes europeos, está determinada a continuar con su plan. También en su momento, la Justicia frenó los intentos del Reino Unido de deportar a los migrantes a Ruanda. Países Bajos ha lanzado recientemente un proyecto piloto para enviar a las personas migrantes a Uganda, aunque todos estos intentos se han terminado topando con los tribunales. Polonia va más lejos y amenaza con suspender el derecho a solicitar asilo amparándose en la amenaza rusa. Un acto al que Amnistía Internacional se refiere como "flagrantemente ilegítimo".