Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles que las autoridades marroquíes han intensificado en el último año la represión contra militantes y periodistas saharauis, que sufren malos tratos, detenciones arbitrarias y acoso con el objetivo de silenciarles o sancionarles por sus acciones no violentas contra la ocupación del Sahara Occidental.

Desde noviembre de 2020, la organización ha registrado al menos 22 casos de abusos, de los cuales siete han sido víctimas de torturas y malos tratos, dos se encuentran en arresto domiciliario sin orden judicial y tres han sufrido irrupciones policiales en sus viviendas, reveló Amnistía Internacional en un comunicado de prensa.

Este recrudecimiento, explicó esta organización, coincide con la intervención el pasado 13 de octubre de las fuerzas armadas marroquíes que penetraron en el paso de Guerguerat, zona fronteriza que separa Mauritania de los territorios que el Ejército marroquí ocupa desde 1975, para desalojar a un grupo de saharauis que trataba de interrumpir el tránsito de mercancías que el independentista Frente Polisario denuncia como ilegal.

Su política de represión está dirigida a personas, incluidos menores, que han publicado en las redes sociales o en la prensa información crítica contra las autoridades, en particular contra el rey; por haber ondeado la bandera saharaui en sus domicilios o haber participado en manifestaciones pacíficas, señaló el comunicado.

A esto se añade el cada vez más restrictivo acceso de organismos de derechos humanos y periodistas independientes al territorio, añaden, y que llevó el pasado mes de febrero a Rabat a expulsar a ocho ciudadanos españoles, entre los que se encontraban diputados del Parlamento de Catalunya, concejales de varios ayuntamientos y miembros de una ONG prosaharaui.

"Los últimos acontecimientos nos recuerdan de manera brutal que es urgente establecer un mecanismo independiente, imparcial y eficaz para realizar un seguimiento de los derechos humanos", insistió Amnistía Internacional, que pidió incluir un mandato específico sobre Derechos Humanos en la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) "tal y como lo hacen la mayoría de misiones de la ONU en el mundo".

Al mismo tiempo, Amnistía instó a las autoridades marroquíes a respetar los derechos de libertad de expresión, de reunión pacífica y de un juicio justo así como a abrir investigaciones independientes contra estos abusos por parte de agentes de policía y de prisiones.

Entre los activistas que se encuentra en el punto de mira se encuentra Sultana Khaya, militante en arresto domiciliario sin orden judicial desde hace ocho meses, y que el pasado mes de mayo denunció que ella y su hermana fueron víctimas de agresiones físicas y violación por parte de supuestos agentes de policía de paisano marroquí que irrumpieron en la vivienda familiar.

Esa misma noche, las fuerzas marroquíes secuestraron además al presidente del Colectivo de los Defensores Saharauis de Derechos Humanos (CODESA), Babozid Lbaihi, y a los activistas Salek Baber y Khalid Boufraioua, que fueron torturaros y abandonados por separado en el desierto, a 120 kilómetros de la ciudad.

Entre los testimonios recogidos por Amnistía, se encuentra también Mustapha Razouk, un adolescente de 15 años que fue detenido después de participar en una manifestación en apoyo a Khaya, sentenciado a un mes de prisión por lanzar presuntamente piedras a la policía y torturado durante su encarcelamiento.