El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha planteado este miércoles que su Gobierno se "va a dar un tiempo" en las relaciones con España. "Una pausa para respetarnos y que no se nos vea como tierra de conquista. Queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que les roben de ningún país, y hacen bien, pues tampoco queremos nosotros", ha sostenido.

Las relaciones entre España y México están muy dañadas desde que López Obrador llegó al poder a finales de 2018. El presidente mexicano propuso al rey Felipe VI que se disculpara por los abusos acontecidos durante la "colonización", pero la diplomacia española no atendió la petición.

Durante este tiempo, el presidente mexicano ha lamentado en varias ocasiones que la monarquía española no haya pedido perdón. Además, en ruedas de prensa previas ya había reconocido que las relaciones no eran buenas.

El pasado 28 de enero, España confirmó al nuevo embajador enviado por México, Quirino Ordaz, con el objetivo de apaciguar las tensiones, pero de momento esto no ha funcionado.

Así se ha llegado a este miércoles, cuando López Obrador ha planteado que México y España se den un tiempo en sus relaciones. El presidente no ha aclarado el significado de sus palabras ni el recorrido de su planteamiento ante las preguntas de los medios de comunicación. "Es solo un comentario, una plática aquí, una conversación. ¿Que ya no puedo hacer comentarios?", dijo, pese a insistir en que ambos países deben "respetarse".

En ese sentido, el mandatario, como en otras ocasiones, recordó presuntos actos de corrupción de las empresas españolas durante Gobiernos anteriores. En particular, nombró compañías del sector energético y de la construcción que hicieron contratos con las Administraciones de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Las empresas, en el punto de mira de López Obrador

Y es que las empresas españolas han estado en el punto de mira del presidente durante todo su mandato: les acusa de haber logrado contratos ventajosos con la connivencia de anteriores gobiernos.

El caso de Iberdrola es uno de los más significativos. El Gobierno mexicano considera que la eléctrica vendió irregularmente energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya tiene iniciado un expediente sancionador por la actividad de una planta cerca de Monterrey, junto a la frontera con Estados Unidos. Este proceso podría concluir con una multa millonaria, aunque Iberdrola siempre tiene la opción de recurrir a la justicia ordinaria. Iberdrola produce el 16% de la energía que se genera en México y es el principal operador privado.

Además, la eléctrica también es acusada de fomentar las "puertas giratorias". El expresidente Felipe Calderón y la exsecretaria de Energía, Georgina Kessel, fueron contratados por una filial de Iberdrola tres años después de dejar el gobierno.

La constructora OHL, actualmente Aleática, es también señalada. La Fiscalía General de la República la investiga por financiar ilegalmente la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto y otros candidatos del PRI.

Además, su nombre también viene vinculado a uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años: las concesiones a través de Pemex, la empresa de petróleos estatal. Su exdirector, Emilio Lozoya, fue consejero de OHL entre 2010 y 2012, antes de que Peña Nieto llegase al gobierno y lo pusiese al frente de Pemex. Actualmente está en prisión acusado de corrupción. Además, la Fiscalía investiga si durante aquel sexenio se dieron contratos preferentes a OHL a cambio de financiación ilegal.

Se da la circunstancia de que la presunta corrupción de la constructora española llega hasta el actual Gobierno. Julio Sherer Ibarra, exconsejero jurídico de López Obrador, es sospechoso de haber frenado una investigación que apuntaría a la concesión irregular del Viaducto Bicentenario, una obra realizada por el gobierno del Estado de México también con Peña Nieto como gobernador.

Repsol también ha sido señalada por parte del gobierno de López Obrador, que le acusa de recibir contratos gracias a su influencia política que fueron perjudiciales para la estatal Pemex.

El caso mencionado por el presidente mexicano es el de la explotación de gas en la Cuenca de Burgos, ubicada en el noreste del país, entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. López Obrador lleva años asegurando que la empresa tuvo fuertes ganancias pero que no se llegó a extraer el gas que se esperaba.