La Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró este viernes que las políticas israelíes de asentamientos y las prácticas de explotación de los recursos naturales en los territorios palestinos ocupados –la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este– "violan en derecho internacional" y son de "un carácter continuo".

En una opinión consultiva, el máximo tribunal de la ONU advirtió a Israel de que tiene la "obligación de proporcionar una reparación completa por los daños causados" por sus actos "ilegales", lo que incluye "devolver la tierra y otras propiedades inmuebles" incautados a los ciudadanos palestinos "desde que comenzó la ocupación en 1967".

"También requiere la evacuación de todos los colonos de los asentamientos existentes y el desmantelamiento de las partes del muro construido por Israel que se encuentran en el territorio palestino ocupado, así como permitir que todos los palestinos desplazados durante la ocupación regresen a su lugar de residencia original", instó la CIJ.

Según datos de la organización Peace Now, actualmente existen unos 337 asentamientos de colonos israelíes en el territorio palestino de Jerusalén Este y Cisjordania. En estos primeros siete meses de 2024 se ha registrado el mayor número de declaraciones de tierras estatales desde 1998: un total de 23,7 km² que abarcan ocho colonias hasta ahora irregulares, así como la expansión de otras anteriormente formalizadas.

"Proyecto colonial"

Tras conocerse la resolución de la CIJ, el presidente palestino, Mahmud Abás, pidió este viernes a la comunidad internacional que obligue a Israel a frenar "su proyecto colonial" en los territorios palestinos.

"Pedimos a la comunidad internacional que obligue a Israel, la potencia ocupante, a poner fin a la ocupación y su proyecto colonial de forma total e inmediata, sin restricciones ni condiciones", afirmó Abás.

"Israel debe poner fin a su presencia en los territorios palestinos, detener inmediatamente cualquier actividad de asentamientos, evacuar los colonos y compensar las pérdidas materiales y morales de la población de los territorios palestinos ocupados", indicó Abás, repitiendo la declaración de la CIJ.

La decisión llega en un momento en que "el pueblo palestinos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén este está expuesto a una agresión y genocidio generalizados", señaló el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, entidad que gobierna en áreas cada vez más reducidas de Cisjordania ocupada, ante la expansión de la ocupación.

"La opinión de la CIJ renueva la esperanza de nuestro pueblo de un futuro libre de colonialismo, en el camino hacia la lograr su derecho absoluto e innegociable a la autodeterminación y la liberación", subrayó el presidente, que también reclamó el fin de "la impunidad y las políticas de apartheid y genocidio de los últimos 76 años".

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Husein al Sheij, calificó la decisión de la CIJ como una "victoria histórica para el derecho a la autodetermianción del pueblo palestino",

"Es también la derrota del proyecto de judeización mediante confiscación, asentamientos, desplazamiento forzado y prácticas racistas contra un pueblo bajo ocupación", indicó Al Sheij, también influyente ministro de la ANP y mano derecha de Abás.

Rechazo de Netanyahu

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó la opinión emitida por la CIJ: "El pueblo judío no es conquistador en su propia tierra", respondió el mandatario en un comunicado difundido por su oficina.

"Ninguna decisión falsa en La Haya distorsionará esta verdad histórica, del mismo modo que no se puede cuestionar la legalidad de los asentamientos israelíes en todos los territorios de nuestra tierra", afirmó el líder israelí.

De esta forma, Netanyahu negó la ilegalidad de la ocupación israelí en Jerusalén Este (reconocida como territorio de Palestina según las fronteras de 1967, que Israel se anexionó definitivamente en 1980), y Cisjordania, a la que el líder político se refirió como "Judea y Samaria", remitiéndose a los términos bíblicos que habitualmente utilizan los colonos.

Mientras tanto, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, lanzó un comunicado en el que calificó la opinión de la CIJ como "fundamentalmente deformada, unilateral y equivocada".

Por su parte, los ministros ultras y anti árabes del Gobierno, Itamar Ben Givir y Bezalel Smotrich –a cargo de Seguridad Nacional y Finanzas, respectivamente– reaccionaron rápidamente al fallo escribiendo en sus redes sociales lemas que llaman a la anexión.

"La respuesta a la Haya: soberanía", escribió Smotrich. Al mismo tiempo, Ben Gvir recurrió a un texto bíblico para reaccionar a la decisión de la corte: "He aquí un pueblo que mora aparte, y que no será reconocido entre las naciones".

Este mismo viernes se anunció que Israel pasará a tener dominio administrativo de la llamada "zona B" de Cisjordania (hasta ahora controlada por la Autoridad Nacional Palestina), en otra polémica decisión que contribuye a la idea de una anexión de facto de este territorio.

Tras la firma de dos órdenes por parte del Comando Central de Israel, funcionarios elegidos por Smotrich (que también está al cargo de la Administración de Asentamientos) pasarán a tener capacidad para demoler edificios palestinos en esta zona.

"Decisión contraria a la Biblia"

Por su parte el Consejo de Yesha, el organismo que aglutina a todos los asentamientos de Cisjordania ocupada, pidió también "empezar a aplicar soberanía" sobre "Judea y Samaria" (Cisjordania) en un llamado a la anexión.

"Esta es una decisión contraria a la justicia, contraria a la Biblia, a la moral y al derecho internacional" dijo el presidente del Consejo, Israel Ganz.

Respaldo a la CIJ

Las organizaciones pro derechos humanos israelíes B'Tselem y Peace Now aplaudieron la opinión de la CIJ, que vieron como una oportunidad para poner "fin a la ocupación".

"Durante los últimos 57 años, Israel ha demostrado que no tiene intención de poner fin a la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este", denunció B'Tselem, llamando a la comunidad internacional a usar toda herramienta, ya sea penal, diplomática o económica, para forzar el fin de la ocupación.

A día de hoy, unos 500.000 colonos viven en la Cisjordania ocupada, y la cifra asciende a unos 700.000 si se cuenta la ocupación de Jerusalén Este.