El Estado colombiano usó la violencia sexual de forma sistemática y planificada para reprimir la protesta social de 2021

Cali (Colombia), junio de 2021. Un amplio grupo de mujeres y jóvenes están en la calle. Hablan, ríen, cantan y reclaman una vida mejor. De repente la luz se va. De la oscuridad surgen Policías disparando gases lacrimógenos, granadas y balas de goma. Una mujer y su hija corren y son alcanzadas por pelotas de goma por la espalda. Las fuerzas de seguridad les tocan los genitales. Finalmente las dejan ir, no sin antes darles una advertencia: "Putas, te vamos a matar. Lleva este mensaje a todas las putas, que esto le puede pasar a ellas también". No se trata de una escena de una película de terror. Es lo que ha sucedido en Colombia durante el conocido como Paro Nacional que tuvo lugar entre junio y octubre de 2021.

Ahora, Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones locales, han recopilado 28 testimonios que han servido de base para el informe La Policía no me cuida: Violencia sexual y otras violencias basadas en género en el Paro Nacional, que se ha presentado este jueves a nivel internacional. Se trata sólo de un muestreo de lo ocurrido a cientos de mujeres y jóvenes durante esos meses, un suplicio que aún continúa por la falta de acción del Estado. 

Se trata del segundo informe que esta organización de defensa de los derechos humanos realiza sobre los incidentes y la violencia estatal que se vivió en el país latinoamericano durante las protestas pacíficas de la población del año pasado. Pero esta vez, el foco está puesto en la violencia sexual, un patrón que ha constituido un arma organizada y planificada para reprimir las protestas, tal como desvela el informe que ha documentado con detalle 28 casos. "Esto es solo la punta del iceberg, que demuestra un patrón de exceso de fuerza y de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad, que podemos considerar como masiva", ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional en una rueda de prensa desde la capital, Bogotá.

Público siguió el caso de la joven,  Alison Liseth S., que fue detenida por la Policía en Popayán, en el departamento del Cauca, que iba de camino a la casa de un amigo cuando se encontró con la protesta y se puso a sacar unas fotos. La Policía la detuvo y la arrastró durante varios metros hacia el coche policial, mientras la manoseaban y la vejaban. Horas después fue liberada sin ninguna explicación y acabó suicidándose. 

Pero la violencia no acaba aquí. La tremenda represión policial y las violencias sexuales generalizadas son solo uno de los patrones que ha podido constatar Amnistía y otras organizaciones locales.

Violencia judicial

Otro de los patrones es la violencia judicial que siguió a la policial. Hasta la fecha no existe una sola condena por esta violencia y "las mujeres que se han atrevido a denunciar los hechos siguen conviviendo con los agresores en su comunidad", afirma Callamard. Muchas siguen con miedo y otras, incluso, han tenido que abandonar el país. Esta fuente recuerda que tocar genitales y los actos de violencia sexual son violaciones según el derecho internacional. "Las mujeres y los jóvenes LGTBI que denunciaron este tipo de violencias no fueron siquiera oídos. Esto es violencia por parte de la Justicia", añaden.

Por último, afirman fuentes de Amnistía, la tercera conclusión del informe es la deshumanización, el silenciamiento de las víctimas que persista hasta el día de hoy. Para la organización, la campaña de terror policial y luego la judicial que le siguió tuvo como fin "reducir el espacio de acción de las mujeres. Las fuerzas de seguridad fueron contra mujeres y jóvenes "porque daban legitimidad a las protestas que eran pacíficas en su inmensa mayoría y el Estado no lo podía consentir e hicieron un plan para cancelarlos". Una cancelación que continúa en la actualidad por parte del sistema de seguridad y el judicial.

Esta violencia sexual no solo fue en contra de los cuerpos de las mujeres que protestaban de forma pacífica en las calles de diversas ciudades de Colombia, afirma el informe. También fue dirigida contra mujeres defensoras de derechos humanos y contra las periodistas que documentaban las protestas. 

Las organizaciones exigen al nuevo Gobierno de Gustavo Petro que tome medidas urgentes en el asunto. "Un Gobierno que nació con el reto del cambio está obligado a romper este patrón de impunidad", explican las organizaciones. Reconocen que las actuaciones no sucedieron bajo su mandato, pero recuerdan que precisamente las protestas de 2021 fueron el germen del que nació el nuevo gobierno y que si quiere ser fiel a su compromiso, debería tomar las medidas necesarias para que las fuerzas de seguridad y la justicia "deben ser reformado profundamente para poner en el centro los derechos humanos". "Existe un daño continuado que se materializa no sólo en el hostigamiento, sino también en la falta de garantías y la revictimación", afirma Amnistía. 

"No venimos a contar y a denunciar", añaden, "tenemos exigencias ante este gobierno de reparación y no repetición".