Tal vez el único efecto positivo que ha tenido la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania se haya dejado sentir a miles de kilómetros del frente del Donbás. Con una gran dosis de pragmatismo y ante los graves problemas mundiales de suministro de petróleo, la Casa Blanca se replanteó las sanciones impuestas a Venezuela, cuyas reservas de crudo son extraordinarias. El gobierno de Nicolás Maduro recogió el guante y, espoleado por la nueva hegemonía progresista en América Latina, retomó el diálogo con un sector de la oposición. El resultado, de momento, es un acuerdo social entre ambas partes que va a refrendarse este fin de semana en México y que pretende paliar los efectos de la crisis humanitaria en el país sudamericano. Un primer paso que debería abrir la puerta, de una vez por todas, a la normalización de la vida política en Venezuela. 

Delegaciones del gobierno y de la opositora Plataforma Unitaria, con Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional) y Gerardo Blyde al frente de las mismas, se reúnen este fin de semana en Ciudad de México para sellar un acuerdo social que vienen negociando con discreción desde hace tiempo. Ya se reunieron hace dos semanas en París bajo el padrinazgo del presidente francés, Emmanuel Macron, y con la presencia de Alberto Fernández y Gustavo Petro, dos mandatarios de esa nueva izquierda latinoamericana. Al apoyo de Argentina y Colombia se suman, entre otros, el Chile de Gabriel Boric y el México de Andrés Manuel López Obrador, anfitrión del encuentro. Y en enero lo hará el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva.

Las conversaciones entre el chavismo y la oposición comenzaron de forma discreta hace unos meses en Caracas con la mediación de Noruega, el país que ha acompañado a ambas partes desde hace años en las sucesivas rondas de diálogo. Su embajada en México fue la encargada de anunciar la disposición de gobierno y oposición para suscribir un "acuerdo parcial en materia social" durante este fin de semana en la capital mexicana.

Ese compromiso al que han llegado el oficialismo y la oposición se propone atenuar la crisis humanitaria que sufre Venezuela a través de un mecanismo que aborde las necesidades de la población más vulnerable. Se reforzará el sistema público de salud con equipamientos, vacunas y medicamentos y con la recuperación de las infraestructuras. Se ampliará y reforzará el servicio eléctrico y se dedicarán fondos para mejorar la infraestructura escolar y para desarrollar programas de apoyo alimentario.

Activos bloqueados

Pero, ¿de dónde saldrán los recursos para atender todas esas necesidades? Maduro lleva tiempo reclamando la recuperación de los activos del Estado venezolano que a día de hoy todavía se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional (varios miles de millones de dólares y reservas de oro depositados en Estados Unidos y Reino Unido, principalmente). Según el Palacio de Miraflores, el acuerdo "expresa así el avance del derecho de nuestro pueblo al disfrute de sus activos y recursos, ilegal e injustamente bloqueados, colocando las necesidades sociales en el centro de atención de la mesa de diálogo nacional". En las negociaciones de México podría aprobarse un fondo de 3.000 millones de dólares gestionado por Naciones Unidas, una petición planteada ya por Maduro el año pasado para la compra de vacunas.

El chavismo y la oposición han retomado las conversaciones después de que el diálogo quedara suspendido en octubre de 2021 tras la detención en Cabo Verde del empresario y diplomático colombiano Alex Saab y su posterior extradición a Estados Unidos bajo la acusación de blanqueo de capitales. Washington considera a Saab, quien formaba parte del anterior equipo negociador de Caracas en México, un testaferro de Maduro. Y el gobierno venezolano insiste en su liberación. De momento, su puesto en la delegación oficialista lo ocupará su esposa, Camila Fabri de Saab.

La ronda de negociaciones del año pasado solo duró tres meses y en ella la oposición buscaba, entre otros objetivos, un compromiso del gobierno para la celebración de elecciones presidenciales con supervisión internacional. Ese mismo fin es el que se propone conseguir ahora más allá de su "disposición" a llegar a acuerdos en materia social y económica. "No habrá una salida real de la crisis sin que medie un acuerdo político integral que dé soluciones a nuestro pueblo", ha subrayado la delegación opositora en un comunicado. La Plataforma Unitaria precisa de un pacto político cuanto antes para mostrar a los sectores opositores más radicales que su apuesta por el diálogo rinde frutos. Sus representantes han insistido en la urgencia de una solución negociada que redunde en unas elecciones "libres y observables". En el Palacio de Miraflores no parece que haya tanta prisa. La narrativa es diferente. Se prefiere hablar de la "extensa agenda de diálogo nacional" en la que tienen que ponerse de acuerdo unos y otros.

Horizonte electoral

En el horizonte se perfilan unas cruciales elecciones generales que podrían celebrarse en 2024. Si bien el chavismo no es un bloque tan homogéneo como a Maduro le gustaría, todavía es una fuerza electoral muy solvente, como quedó demostrado en las elecciones locales de hace un año, donde se hizo con la mayoría de los gobiernos regionales. En diciembre del año que viene se cumplirán 25 años del primer triunfo electoral de Hugo Chávez con su Movimiento V República. Para desalojar del poder a su heredero político, la oposición deberá presentarse con una sola voz. Solo ha batido al oficialismo o ha rozado el triunfo cuando se dejaron a un lado los personalismos y las disputas internas. Ocurrió con su victoria en las elecciones legislativas de 2015 y con el punto y medio porcentual que le faltó a Henrique Capriles para igualar a Maduro en las presidenciales de 2013. La cabeza visible de la oposición ha sido en los últimos años el expresidente del Parlamento Juan Guaidó, pomposamente autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela y así reconocido en su día por Estados Unidos y la Unión Europea.

El escenario de desencuentros entre gobierno y oposición parecía inamovible hasta que en febrero se produjo la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La escasez mundial de crudo provocada por la guerra obligó a la Administración de Joe Biden a mirar hacia Venezuela y sus enormes reservas de petróleo. Se suavizaron algunas sanciones y ya se empieza a hablar de una nueva licencia de explotación de petróleo pesado y liviano para la compañía estadounidense Chevron en Venezuela.

En el frente diplomático ocupa un lugar destacado Colombia, un actor regional incómodo para el chavismo hasta hace bien poco. La llegada al poder en agosto del progresista Petro ha generado un rápido acercamiento entre ambos vecinos. El mandatario colombiano se ha erigido en uno de los más firmes defensores del diálogo entre el chavismo y la oposición, para lo que le ha pedido al líder bolivariano algunos gestos, como su retorno al sistema interamericano de derechos humanos. A su vez, Maduro está prestando su apoyo a Petro en su empeño por lograr un acuerdo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).