Un centenar de eurodiputados exigen llevar el 'TTIP canadiense' ante el Tribunal Europeo de Justicia

MADRID.- Superado el obstáculo que le suponía la oposición de Valonia, Bruselas aprieta el acelerador para intentar que el tratado de libre comercio con Canadá, el CETA, entre en vigor en el primer trimestre de 2017. Sin embargo, y a pesar de que el acuerdo ya cuenta con la bendición de los gobiernos de los 28, aún tiene que pasar por la Eurocámara antes de que comience a ser aplicado parcialmente; y es aquí donde se celebrarán las dos próximas batallas cruciales para decidir el destino del TTIP canadiense. 

El 13 de diciembre la Eurocámara afrontará la votación definitiva del acuerdo; servirá para dar un nuevo impulso al CETA o para enterrarlo

En total, 89 eurodiputados de distintos grupos políticos y países han firmado una moción en la que piden que el Tribunal de Justicia Europeo examine el polémico acuerdo, al entender que el mecanismo de blindaje a las multinacionales que incorpora puede ser contrario a las leyes comunitarias. La Asociación Europea de Jueces ya se ha pronunciado en contra de incluir los tribunales de arbitraje privado -el apartado más criticado del tratado- en el CETA, pero es el Parlamento Europeo quien tomará una decisión al respecto en el Pleno del próximo miércoles 23 de noviembre, en Estrasburgo. 

Entre los firmantes son mayoría los representantes de Izquierda Unitaria y Los Verdes, pero también figuran algunos socialdemócratas y miembros de otros grupos, y esperan que el número de apoyos en la votación sea mucho más elevado -aunque, teniendo en cuenta el equilibrio de fuerzas existente en la cámara, parece difícil que la resolución sea aprobada-.  En la recogida de firmas fundamentalmente se han preocupado por superar el mínimo que marca el Reglamento del Parlamento Europeo, que fija esta cifra en el 10% de los diputados de la cámara -(75 parlamentarios de un total de 750).

El mismo artículo del Reglamento establece que si la Eurocámara aprueba pedir al Tribunal que se pronuncie la votación del CETA "se verá aplazada hasta que éste emita su dictamen", pero los activistas contrarios al TTIP no lo ven tan claro. Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y portavoz de la Campaña Estatal No al TTIP asegura a Público que los expertos legales a los que han consultado explican que ni siquiera esto podría servir de muro de contención frente al acuerdo. "Pero un dictamen en contra del Tribunal sí podría permitir que se anulase el voto de la Eurocámara, en caso de que fuera a favor del CETA", matiza.

En concreto, esta resolución, fechada el 11 de noviembre, defiende "solicitar al Tribunal de Justicia que emita un dictamen sobre la compatibilidad del Acuerdo con los Tratados". Parte de la base de que existe "una incertidumbre jurídica en cuanto a la compatibilidad del CETA con los Tratados, en particular el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea y con los artículos 49, 54, 56, 267 y 340 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", reza el texto.

La segunda batalla llegará en diciembre, también con el Pleno de Estrasburgo como escenario. El martes 13 la Eurocámara debatirá sobre el denostado acuerdo comercial, y el día 14 tendrá lugar la votación definitiva, que servirá para dar un nuevo impulso al Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA, en inglés) o para enterrarlo, al menos provisionalmente. 

Y, mientras la Comisión Europea y los dirigentes de los grupos mayoritarios en la Eurocámara fuerzan los tiempos, desde la Campaña Estatal No al TTIP critican que este jueves la Conferencia de Presidentes del Parlamento -principal órgano político interno de gobierno- decidió bloquear los canales de debate parlamentario sobre el acuerdo. 

Kucharz: "Se está dejando muy poco tiempo para que los diputados estudien las 1.600 páginas del CETA; no tienen casi ninguna posibilidad de entenderlo"

Kucharz explica a este diario que este órgano de gobierno, controlado por los grupos mayoritarios de la cámara (conservadores y socialdemócratas), ha decidido que dos comisiones con "opiniones críticas" sobre el acuerdo finalmente no podrán "emitir sus opiniones". "Supuestamente hay dificultades con el calendario, pero es sólo una excusa. Es un intento de matar cualquier debate en el Parlamento Europeo sobre el CETA", apostilla. La Comisión de Medio Ambiente (ENVI) y la de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) no podrán pronunciarse al respecto del tratado, pero sí lo hará la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET), que sí está a favor del tratado.

Por no hablar de los tiempos establecidos; Kucharz recuerda que el Comité de Comercio Internacional de la Eurocámara (INTA) decidió no acompañar la votación del CETA con una resolución como se ha hecho con otros acuerdos comerciales como el TTIP o el TiSA.

"El Parlamento Europeo sólo puede decir sí o no al CETA, pero no tiene oportunidad de comentar el contenido del acuerdo". "Con un calendario extremadamente apretado, se está dejando muy poco tiempo para que los diputados estudien las 1.600 páginas del CETA, por lo que no tienen casi ninguna posibilidad de examinarlo y de entender como afecta a sus áreas de trabajo", zanja.