Cae un quinto ministro en Brasil por escándalos de corrupción

No lleva ni diez meses en la presidencia y ya ha perdido a cinco de sus ministros. A Dilma Rousseff la prensa no le da tregua, ni ella pierde firmeza en su estrategia de tolerancia cero contra la corrupción.

La última cabeza en rodar ha sido la del ya exministro de Turismo, Pedro Novais, de 81 años. La Folha de São Paulo había publicado apenas unos días atrás que Doralice Bento de Sousa recibió durante siete años un salario como secretaria parlamentaria en la Cámara de los Diputados, cuando en realidad realizaba tareas domésticas en la casa de Novais, y que la esposa de este utilizaba como chófer a un trabajador de la Cámara. Lo que no deja de ser casi anecdótico, en comparación con los tres millones de reales que defraudó una red de desvío de dinero público que fue desarticulada en agosto dentro del propio Ministerio de Turismo.

Esta vez, en lugar de pedir directamente su dimisión, Rousseff le pidió al partido de Novais, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que le retirase su confianza al ministro. Pocas horas después, la mandataria ya tenía sustituto: Gastão Viéira, que anunciaba que su prioridad será el Mundial de 2014. En apenas dos meses, Novais es, después de los titulares de Defensa, Nelson Jobim, y de Agricultura, Wagner Rossi, el tercer ministro en caer perteneciente al PMDB, uno de los mayores partidos de Brasil y principal aliado del Partido de los Trabajadores (PT) de Dilma.

Si Jobim cayó por sus excesos verbales y críticas públicas al Ejecutivo, los otros cuatro ministros fueron decapitados por estar involucrados en escándalos de corrupción que ventiló la prensa conservadora, especialmente el semanario Veja y el diario La Folha de São Paulo. Ninguno de estos ministros fueron elegidos por Dilma, sino recomendados por su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva; el vicepresidente, Michel Temer, o, en el caso de Novais, el expresidente y senador José Sarney.

La decidida limpieza de Dilma provoca inquietud entre la decena de formaciones aliadas del PT en el Congreso y, dicen, puede poner en peligro la gobernabilidad del país, pero tanto la opinión pública como la propia prensa conservadora siguen apoyando la intransigencia con la corrupción de la Dilma.

Desde la izquierda, los más críticos apuntan que apartar del Gobierno a los corruptos no resolverá el problema de fondo mientras no cambie la ley electoral para reformar los mecanismos de gestión de los presupuestos por la Administración, la financiación privada de las campañas y la atomización del sistema de partidos, que favorece amplias pero débiles alianzas en las cámaras legislativas.