"Es mejor prevenir que revertir", ha señalado Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de Transparencia y Valores Europeos. Bruselas lanza hoy su segundo informe del Estado de Derecho, en el que analiza en detalle la situación de los 27 países en torno al respeto de las libertades y derechos fundamentales. La Comisión que lidera Ursula von der Leyen lanzó este nuevo instrumento el año pasado ante la imparable deriva de países como Hungría o Polonia. Su puesta en marcha es simbólica y envía un mensaje a los líderes con tentativas autoritarias de que Bruselas está mirando. 

En las 26 páginas referidas a España, Bruselas le urge por segundo año consecutivo a renovar su Consejo Judicial del Poder Judicial, en funciones desde diciembre de 2018. Se refiere a este impasse como un "desafío" y advierte de que a pesar de algunos acercamientos entre el Gobierno y los partidos de la oposición, la esperada reforma está encallada y es muy necesario desbloquearla. 

Además, el Ejecutivo comunitario también aplaude la decisión del Gobierno español de retirar la propuesta de renovación de jueces del CGPJ impulsada por el PSOE y Unidas Podemos hace unos meses. La medida buscaba alterar las mayorías necesarias para la designación de jueces contando solo con los votos de investidura. "Es importante garantizar que la reforma no sea percibida como politizada. Somos conscientes de la complejidad política y de los bloqueos, pero al mismo tiempo debemos enfatizar que es muy necesario que este órgano funcione y que las designaciones de sus cargos sean totalmente independientes", ha señalado Jourová en rueda de prensa. La propuesta levantó mucho polvo en Bruselas. La presión comunitaria tuvo, de hecho, mucho que ver en la retirada de La Moncloa, que no predijo tal lluvia de críticas.

En la capital comunitaria temían que este paso aumentase la sensación entre los ciudadanos de que el poder judicial estaba politizado. De hecho, España se encuentra a la cola europea en percepción de su Justicia. Según el último Eurobarómetro, el 50% de sus ciudadanos califica la independencia de su poder judicial como mala o muy mala debido en buena parte a las presiones políticas y económicas. 

Catalunya sigue siendo un “asunto interno”

Mucho ha cambiado la situación en España con respecto al tema catalán entre el informe del año pasado y el que acaba de ver la luz. Por entonces, los políticos independentistas afrontaban en prisión largas condenas de cárcel a las espera de los procesos iniciados en Luxemburgo y Estrasburgo. Por aquel entonces, la Comisión Europea evitó hacer referencia a la cuestión independentista. Y lo mismo ha ocurrido este año. Aunque doce meses después el cambio de tono es perceptible, al menos entre bastidores. 

Fuentes comunitarias aseguran que ven con "satisfacción" que al menos el diálogo esté en vías de "canalizarse" un mes después de la puesta en marcha de los indultos. Y reconocen que durante estos meses de elaboración del informe han recibido muchas menos quejas ligadas a supuestas vulneraciones del Estado de Derecho vinculadas a la cuestión catalana. En Bruselas siempre han evitado hablar públicamente de la crisis en Catalunya. Las mismas fuentes se limitan a apuntar que continúa siendo un "asunto interno" del país y que no hay "problemas del Estado de Derecho en esta cuestión". Aunque el comisario de Justicia Didier Reynders, de los liberales, ha afirmado que está siguiendo de cerca la causa abierta en el Tribunal de Cuentas por la acción exterior del Govern el 1-0.

Más corrupción y menos sociedad civil 

La situación del Estado de Derecho en España no es comparable a la que afrontan otros países del bloque comunitario en clave deriva autoritaria, como son Hungría o Polonia. Este mismo martes, la Comisión Europea ha amenazado a Varsovia con sanciones millonarias si no acata las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y si continúa negándose a dar marcha atrás en su controvertida reforma del poder judicial.

Sin embargo, el informe sí que pone de manifiesto fallas en el sistema del país como la incompatibilidad del régimen de jueces y fiscales o la vinculación entre el Gobierno y la Fiscalía. La pandemia de la covid-19 ha exacerbado los puntos flojos del sistema judicial español. Bruselas sigue advirtiendo de que el país cuenta con un número muy bajo de jueces por habitantes y de un sistema administrativo muy poco digitalizado. Todo ello ha provocado que durante la actual crisis sanitaria muchos procesos legales se demorasen sine die. Durante el estado de alarma, por ejemplo, la actividad en los juzgados se redujo a mínimos históricos. 

La falta de recursos también está siendo un "obstáculo" para resolver "con eficiencia los casos de corrupción a alto nivel". La pesquisa señala que la corrupción política, la malversación pública y los delitos económicos constituyen los mayores riesgos de corrupción en el país. Y advierte de que hay muchos casos que permanecen congelados durante años en la fase de investigación. Si bien Bruselas aplaude que Madrid está en vías de mejorar su marco legal para combatir la corrupción, le cuerda que no cuenta con una estrategia especializada para prevenirla y luchar contra ella. 

Además, las organizaciones de la sociedad civil –más importante que nunca tras la irrupción de la pandemia- están sufriendo enormes "desafíos" y sus espacios se están reduciendo debido a los cortes de financiación, advierte Bruselas. Por último, la pesquisa recoge las "preocupaciones" sobre el impacto negativo que la conocida como Ley Mordaza tiene sobre los periodistas en el ejercicio de sus funciones. "Desde el informe del último año, varios partidos políticos han vetado a ciertos medios de comunicación o periodistas a sus ruedas de prensa y han atacado públicamente a los que no comparten sus visiones. El acoso de los periodistas sobre las redes sociales es un fenómeno progresivamente preocupante", concluye el documento.