Brasil se prepara para la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva de este domingo y por ello ha comenzado a ser blindada este viernes bajo una estricta seguridad frente a las amenazas de la ultraderecha. La operación policial movilizará a 15.000 agentes de todos los cuerpos de seguridad del Estado, y ha empezado a ser desplegada en la avenida Explanada de los Ministerios, en Brasilia, donde tendrá lugar la ceremonia. Se ha restringido, además, el paso a los peatones y a los vehículos.

Las autoridades se han centrado en las amenazas surgidas en unos grupos radicales de ultraderecha simpatizantes de Jair Bolsonaro, que en las últimas semanas han encabezado protestas violentas en la capital. Un miembro de esos grupos fue detenido el pasado fin de semana tras instalar una bomba en un camión cisterna que se dirigía hacia el aeropuerto, donde planeaba provocar la explosión. 

Los ultras están relacionados a grupos que, desde el 31 de octubre pasado, un día después de las elecciones, acampan a las puertas de los cuarteles para exigir un golpe que impida la investidura de Lula y mantenga a Bolsonaro en el poder. Este viernes el presidente saliente ha desalentado a los radicales y ha afirmado que "nada justifica un acto terrorista", aunque ha pedido a sus simpatizantes que mantengan una dura oposición a Lula. "No vamos a creer que el mundo acaba este 1 de enero", ha declarado sollozando en un directo de sus redes sociales.

Caravanas hacia Brasilia 

La Policía ha informado que vigila algunas caravanas de bolsonaristas que han salido desde diferentes puntos de Brasil y se dirigen hacia la capital. Hacia la capital también han partido otras caravanas de votantes de Lula que participarán en el acto de investidura y en una fiesta popular en la que se espera a 300.000 personas.

Las autoridades de Brasilia han aclarado que no permitirán en "ningún acto contrario al nuevo gobierno" en la Explanada de los Ministerios. El domingo por la mañana, asimismo, se espera la llegada de la mayoría de la veintena de jefes de Estado y de gobierno que han confirmado asistencia. Entre ellos, el rey Felipe VI de España y los líderes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, así como los presidentes de Alemania y Portugal.