La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha declarado el estado de emergencia en el sur de país, "en las zonas de alta conflictividad social", donde se han reproducido con más fuerza las protestas en las que han muerto dos personas. Asimismo, el Gobierno peruano ha formalizado ante el Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024, una de las reclamaciones de los manifestantes que se han echado a la calle en los últimos días tras la destitución y detención de Pedro Castillo.

"Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las Elecciones Generales para abril del 2024", ha declarado la mandataria. Boluarte ha incidido en que su voluntad inicial era terminar su mandato antes de julio de 2026 y ha señalado que la aprobación de esta ley implica reformas constitucionales, mientras que su gabinete "promoverá, asimismo, la concertación en el Congreso de la República de una ley de Reforma del Sistema Político".

"Invoco a todas las fuerzas políticas, de las regiones y provincias, a las autoridades, la sociedad civil y al pueblo peruano a participar en este proceso para que una ola de voluntad democrática y responsabilidad nacional nos guíe y oriente", ha agregado tras criticar la escalada de confrontación política.

La mandataria, anterior vicepresidenta, asumió el cargo el pasado miércoles. Las protestas de los últimos días, originadas en la ciudad de Andahuaylas, en la región natal de Boluarte, pedían su dimisión y la convocatoria de elecciones.

Castillo carga contra Boluarte

Castillo, por su parte, ha publicado, una carta desde su centro de arresto, al que fue trasladado, en la que aseguró que está "secuestrado" y tachó de "usurpadora" a Boluarte. "Les hablo en el trance más difícil de mi Gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros", ha señalado en una carta firmada por él y publicada en su cuenta de Twitter.

El exmandatario ha añadido en su misiva que es "incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional" que asegura ostentar "como presidente" y afirmó que no renunciará a sus "altas y sagradas funciones". También ha cuestionado la propuesta de Boluarte de elecciones generales para abril de 2024. "Lo dicho recientemente por una usurpadora no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista, por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones", ha remarcado. Finalmente ha pedido que paren los "abusos" y reclamó la convocatoria de una asamblea constituyente y su "libertad inmediata"

Boluarte declara el estado de emergencia

Tras la virulencia de los enfrentamientos, que han provocado la condena de varios organismos contra el uso de la fuerza de la Policía peruana, Boluarte ha comparecido para declarar el estado de emergencia en las regiones de Ica, Arequipa y Apurímac, al sur del país, según ha informado la prensa peruana. "Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía", ha dicho en su alocución sin detallar las zonas afectadas.

"Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares", ha expresado Boluarte sobre la muerte de dos personas, un adolescente de 15 años y otro joven de 18, durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. 

Las protestas se originaron en la ciudad de Andahuaylas. Posteriormente se fueron replicando en otras zonas del país. Una de las movilizaciones más multitudinarias se registró en el municipio de Chala, en Arequipa, donde, según la Policía, unas 2.000 personas cortaron el tráfico en la Panamericana Sur. En el centro de Lima se produjeron también enfrentamientos alrededor del Congreso.

La ONU reclama una investigación

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Perú ha condenado los enfrentamientos y ha lamentado el fallecimiento de los dos manifestantes. La misión de Naciones Unidas en el país ha hecho, asimismo, un llamamiento para realizar una investigación "pronta, imparcial y exhaustiva de los hechos, brindando acceso a los familiares de las víctimas".

Por su parte, la OEA y la CIDH han condenado el uso de la fuerza por parte de la Policía. "La garantía del derecho a la protesta pacífica demanda que ante hechos de violencia corresponde individualizar a las personas cuya actuación ponga en riesgo los derechos a la vida e integridad. El uso de la fuerza debe ser excepcional, legal, necesario y proporcional", ha recordado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la misma línea se ha pronunciado Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). "La violencia debe detenerse en Perú, la protesta pacífica debe ser asegurada y no es admisible la represión desproporcionada. Reiteramos la necesidad de diálogo", ha expresado a través de Twitter.

El Congreso elimina la inmunidad a Castillo

Más allá de los enfrentamientos en la calle, el Congreso de Perú ha protagonizado también unos momentos convulsos en las últimas horas, con enfrentamientos entre diputados. La Cámara ha aprobado de madrugada una resolución que autoriza a levantar un fuero especial a Pedro Castillo que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político, lo que abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por rebelión.

El Pleno fue suspendido durante unas horas. Según informa la prensa local y se puede apreciar en los vídeos publicados del momento, el diputado Pasión Dávila, de Perú Libre, el partido con el que Castillo llegó a la presidencia, propinó un puñetazo por la espalda al parlamentario Juan Burgos, quien después persiguió por el hemiciclo a su rival político hasta que fueron separados. 

Finalmente, la resolución fue aprobada por 67 votos a favor y 45 en contra, lo que da lugar a poder abrir una causa penal. Con esta resolución se elimina el antejuicio contra Castillo, un procedimiento político-jurídico a través de cual se levanta la inmunidad a los altos funcionarios.

La medida legislativa ha salido adelante mientras la defensa del exmandatario ha presentado varios recursos de amparo contra la detención de Castillo. Además, el Gobierno de México ha informado que ha recibido una solicitud de asilo por parte del exgobernante. Los diputados de Perú Libre y otros grupos políticos han cuestionado la destitución y detención del expresidente. Algunos de ellos han señalado que es un perseguido político y que la actual mandataria debe renunciar al cargo por estos hechos.