Una de las grandes promesas de campaña del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, empezó a caminar esta semana: la reforma de pensiones. El mandatario presentó ante el Congreso su polémica propuesta, considerada para el gobierno, una de las claves de su gestión y para el crecimiento de la economía del país. “Contamos con su compromiso para salvar a Brasil económicamente. No tenemos otra salida”, dijo el ultraderechista a los parlamentarios.

El ministro de Economía y Hacienda, Paulo Guedes, aseguró que este proyecto proyecto ahorrar en la próxima década 1,16 billones de reales (unos 300.000 millones de dólares), que reducirían considerablemente un creciente déficit fiscal que, en parte, se atribuye al "colapso" del sistema de pensiones. De hecho, Bolsonaro advirtió que, sin un nuevo régimen de jubilaciones, “Brasil quebrará en 2022 o 2023”.

De hecho, en 2017, los gastos por jubilaciones representaron un 13,64% del PIB brasileño –en España llegan al 12%– y, si no hay cambios, se estima que en 2060 podrían alcanzar el 23%. "Si no nos comprometemos con este proyecto ahora, empezaremos a comprometer negativamente a las próximas generaciones. Si no se aprueba la reforma como está ahora, no lograremos que las futuras generaciones huyan de la trampa del déficit", dijo Guedes, quien fue discípulo de la Escuela de Chicago y sus tesis neoliberales.

Edad mínima y años cotizados

La reforma planteada por Guedes y Bolsonaro bebe mucho del actual modelo chileno de capitalización individual, una fórmula que supuso la privatización del sistema de pensiones y que se implementó durante la dictadura de Augusto Pinochet.

A finales del año pasado, Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del presidente, en un viaje a Chile elogió el modelo y ya expresó que sería un ejemplo para la reforma que el gobierno de su país acaba de presentar: "Aquí tienen un muy buen sistema que desde los ochenta es la base para que su economía crezca", dijo entonces el parlamentario.

Entre las medidas principales que propone la reforma están establecer la edad mínima para acceder a la jubilación, un requisito actualmente inexistente en Brasil, y que sería de 62 años para las mujeres y 65 años para los hombres; y registrar 40 años cotizados para recibir el beneficio completo.

Según la ley brasileña, hoy las pensiones se calculan en función del tiempo cotizado, que va de un mínimo de 15 años a un máximo de 35. La pensión aumenta a medida que se acumulan años de contribución hasta un límite de 5.840 reales mensuales, unos 1.370 euros, el equivalente a casi seis salarios mínimos.

Al margen de este nuevo modelo quedarán trabajadores rurales, profesores, policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Los tres primeros quedarán igualmente sujetos a un tiempo mínimo cotizado y a una edad mínima para jubilar, mientras que los militares dispondrán de un plan especial. En Chile, precisamente los uniformados fueron los únicos que pudieron mantener sus pensiones dentro del sistema de reparto solidario. Por eso, su pensión promedia es casi 12 veces mayor que la pensión promedia de un civil.

Según Guedes, por ahora, el sistema seguirá siendo de reparto, pero éste convivirá con un nuevo sistema de capitalización individual que será optativo para quienes ya están en el mercado laboral y que, tras una transición de 12 años, será adoptado por los nuevos trabajadores.

Problemas del modelo chileno

La propuesta del bolsonarismo ha sido duramente criticada por los sindicatos, el Partido de los Trabajadores (PT) y los partidos de izquierda del país, que la consideran una fórmula "perversa" y que "atenta contra los derechos adquiridos por los trabajadores".

Un documento elaborado el año pasado por el Centro Internacional para la Gestión de Pensiones (ICPM, por sus siglas en inglés), una red mundial de organizaciones que trabaja e investiga sobre el diseño y gestión de pensiones, establece cuatro razones por las cuales el modelo chileno no puede resolver la crisis que ha generado su sistema de pensiones: los trabajadores sólo destinan el 10% de su salario para la jubilación; la poca frecuencia en la cotización debido a la inestabilidad del mercado de trabajo, en especial en el caso de las mujeres; la caída de las tasas de retorno, que ya no son del 8%, sino de 4%; y que el sistema no se ocupa de aquellos trabajadores y trabajadoras que no pueden cotizar.

Andras Uthoff, economista chileno y ex asesor regional de la OIT y de otras organizaciones internacionales, es partidario de no imitar el modelo ideado desde Santiago, al que le resta credibilidad por haber sido impulsado por el pinochetismo. En su opinión, a Brasil le conviene más mantener el sistema de reparto solidario tripartito (con fondos del empleador, el trabajador y el Estado) y complementarlo de forma voluntaria, para el que quiere ahorrar más, con un sistema de capitalización individual.

El experto plantea que el sistema brasileño “ha sido tradicionalmente evaluado como un sistema generoso, en tanto que ha permitido retiros de gente a muy temprana edad y eso para cualquier sistema de pensiones es bastante pesado en materia financiera”. Por eso, subraya las dificultades que plantea hacer una transición de 12 años hacia un modelo exclusivo de capitalización individual sin abordar que el Estado necesitará recursos para pagar pensiones cuando se acabe el reparto solidario.

Uthoff recuerda que en Chile eso supuso una deuda del sistema con los afiliados de 1,3 veces el PIB y que la dictadura de Pinochet lo subsanó gracias a los recortes en educación, salud y vivienda aplicados en los 80. “Hacer algo así en democracia es muy difícil. Aquí se hizo en dictadura, cuando había unas condiciones muy especiales que lo permitieron”. Además, asegura que “ese costo será tremendamente alto en Brasil y va a ser lo que les va a impedir hacer la capitalización (del sistema de pensiones)”.

Reproducir un monstruo

En Chile, el actual modelo de pensiones fue impulsado en 1980 por el entonces ministro de Trabajo y Previsión Social, José Piñera, hermano del actual presidente, Sebastián Piñera. Un año después, y en plena dictadura, se inició el tránsito del sistema de reparto solidario al de capitalización individual, que dejó en manos de empresas privadas llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) los ahorros de los contribuyentes para invertirlos en productos financieros (acciones, depósitos a plazos, pagarés, etc.).

Tras recibir esa inyección de recursos procedentes de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, el crecimiento del mercado financiero fue notorio. “Se convirtió un instrumento social como las pensiones en un instrumento de desarrollo financiero”, critica Uthoff. Según él, esa reforma creó “un pequeño monstruo” que fue muy valorado por los mercados internacionales y que permitió a Chile recuperarse de la crisis de la deuda latinoamericana de los años 80. Una recuperación que se presentó al mundo como “el milagro chileno” y que el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) mostraron como ejemplo a seguir en la región. Ambos organismos exigieron a los países latinoamericanos aplicar esa reforma previsional como requisito de acceso a los programas de ajuste de la deuda.

Sin embargo, para países como Argentina, Uruguay o Brasil el coste de ese cambio de modelo era tan alto que nunca pudieron aplicarlo. Mientras los dos primeros evolucionaron hacia un sistema mixto en que el trabajador cotiza una parte en un fondo de reparto y otra a cuentas individuales de capitalización, Brasil mantuvo un sistema de reparto solidario que ahora quiere modificar mirando hacia Chile. Sin embargo, la realidad que ha dejado el sistema de las AFP en el país vecino es que el 80% de los pensionados cobran menos que el salario mínimo (unos 390 euro) y que el 44% está por debajo de la línea de pobreza.