Argentina deberá pagar 15.000 millones por la nacionalización de Repsol-YPF
Una jueza de Nueva York condena al Estado a argentino a indemnizar por los daños causados por la operación de 2012.
Nueva York-Actualizado a
Argentina deberá pagar al menos 16.000 millones de dólares, es decir unos 15.000 millones de euros, en concepto de daños y perjuicios en un juicio en Estados Unidos por la renacionalización en 2012 de la petrolera YPF, ahora estatal y entonces propiedad de Repsol.
La jueza Loretta Preska, del distrito de Manhattan, en Nueva York, ha sido la encargada este viernes de informar a Argentina sobre la cantidad a pagar a entidades respaldadas por el fondo Burford Capital, que adquirió el derecho a presentar las demandas en 2015.
Del importe total que debe abonar Argentina, más de 11.000 millones corresponderían Burford, financiador del pleito, y el resto lo percibirían Repsol, con unos 1.500 millones, y las sociedades de la familia argentina Eskenaz.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press dan por hecho que tanto el Estado argentino como de YPF recurrirán el fallo.
Primera sentencia favorable a los fondos financieros
Anteriormente, en marzo de este año, la Corte del Distrito Sur de Nueva York ya había fallado en contra de Argentina por la expropiación de la petrolera YPF, dictando una sentencia que resultó favorable para los fondos Burford Capital y Eton Park.
Estos fondos defendían que en el momento de la nacionalización de YPF en 2012, Argentina debía haber realizado una oferta de adquisición por toda la empresa (como fijaba el estatuto) y no solo por una parte.
"El Tribunal considera que los demandantes fueron perjudicados por Argentina, porque tenían derecho a recibir esa oferta pública dque les hubiera proporcionado una salida compensada", recogía la sentencia.
Ahora, esta nueva condena supone un duro golpe en un momento en el que la situación financiera del país latinoamericano es cada vez más precaria, con una elevada inflación y gran inestabilidad monetaria.
Argentina ya ha advertido que va a apelar la decisión, lo que probablemente retrasará el pago durante meses o incluso años, pero también podría complicar sus esfuerzos por volver a los mercados mundiales de deuda.
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