La estrategia de la administración Biden para combatir las leyes estatales que restringen casi en su totalidad el derecho al aborto ha recogido esta semana su primer éxito y su primer varapalo. El primero ha llegado en Idaho; el segundo, en Texas; ambos, estados conservadores que habían aprobado leyes contra el aborto nada más producirse el pasado mes de junio la sentencia del Tribunal Supremo que derogaba ese derecho a nivel nacional.

En Idaho, una demanda del Departamento de Justicia ha logrado bloquear parte de la ley estatal contra el aborto. Pero en Texas un juez federal ha dejado íntegra la norma tejana, a pesar de que los argumentos esgrimidos por el Departamento de Justicia eran los mismos que expuso en el caso de Idaho.

Este resultado binario abre un escenario difuso de cara al futuro de las otras once demandas interpuestas por el Departamento de Justicia estadounidense contra sendos estados debido a sus leyes antiabortistas. El riesgo es que, ante la disparidad de criterios judiciales en cada caso, sea el Tribunal Supremo el que acabe dictando un mismo criterio a aplicar en todos los estados del país, lo que no augura un escenario prometedor para la Casa Blanca, puesto que fue esa misma corte la que derogó el derecho al aborto a nivel nacional el pasado mes de junio.

Aparte de las demandas federales, algunos jueces también están bloqueando los intentos de los congresos estatales por legislar contra el derecho al aborto. El pasado jueves, de hecho, un magistrado estatal de Dakota del Norte suspendió la norma de ese estado, que iba a entrar en vigor el viernes. La suspensión, eso sí, es temporal, mientras otro juzgado resuelve un recurso interpuesto contra la norma estatal por una clínica abortiva, al considerar ésta que la ley incumple las cláusulas de protección sanitaria de la constitución de Dakota del Norte.

Ofensiva del Gobierno federal

En cualquier caso, la administración Biden ha dejado claro que va a dar la batalla legal en ese terreno de juego para evitar que el aborto esté restringido o casi prohibido en la práctica en los Estados conservadores, que se encuentran casi todos en el interior o el sur del país.

Es el único frente que tiene despejado la Casa Blanca, puesto que los intentos de promover una ley nacional para garantizar ese derecho, que sería la vía más adecuada y estable, están bloqueados en el Congreso por el Partido Republicano y no van a prosperar, y menos con unas elecciones de medio mandato a menos de cien días, en las que se renovará por completo la Cámara de los Representantes y 34 de los 100 senadores de la cámara alta.

Para que una ley de ese tipo saliera adelante, los demócratas necesitarían el apoyo de una supermayoría del Senado (60 senadores favor de la propuesta) y de momento sólo tienen 50, a expensas de lo que suceda en las elecciones del 8 de noviembre, en la que muchas encuestas apuntan incluso a que el partido de Joe Biden perderá el control de esa cámara.

Idaho, la primera demanda

La estrategia del Departamento de Justicia de presentar demandas caso a caso contra los Estados que restringen el derecho al aborto comenzó en Idaho. Fue en ese Estado, de hecho, donde la administración Biden presentó el pasado 2 de agosto ante un tribunal federal la primera de las 14 denuncias previstas por este motivo a sendos Estados que han aprobado normas muy restrictivas sobre el aborto.

Nada más salir la sentencia del Supremo a finales de junio derogando el derecho al aborto, Idaho se apresuró a aprobar varias normativas estatales para restringir al máximo ese derecho mientras en su congreso estatal se impulsaba una ley más completa en el mismo sentido. Esa norma, que tenía que entrar en vigor el pasado jueves, solo permitía el aborto en casos extremos de violación o incesto o cuando los médicos demuestren que esta práctica era necesaria para salvar la vida de la mujer.

Sin embargo, tras la denuncia del Departamento de Justicia, un juez federal, designado en su día por Bill Clinton, decidió el martes permitir que la ley de Idaho entrara en vigor, pero suspendió la parte que incluía la persecución penal de los médicos y profesionales sanitarios en el caso de los abortos realizados en situaciones de emergencia hospitalaria.

La demanda presentada por el Departamento de Justicia de la administración Biden (el equivalente al ministerio dedicado a esta temática en España) argumentaba que esa prohibición entraba en conflicto con una ley federal de salud que permite los abortos en el ámbito de las urgencias, concepto que incluye, alega la denuncia, no solo salvar la vida de la mujer, sino cualquier otra situación donde la salud general de la embarazada pueda tener una merma importante.

El propio magistrado, además, ha señalado que dejar la ley de Idaho como estaba podía implicar vetar todos los abortos en situaciones de emergencia, incluso cuando la vida de la mujer corre peligro, puesto que la ley de Idaho implica la persecución penal de todos los casos de aborto hospitalario, que serían despenalizados a posteriori si los médicos demuestran que fue realizado para salvar la vida de la mujer.

Sin embargo, esto implica vérselas con la Justicia en cada caso realizado y además se arriesgan a que un tribunal considere el aborto injustificado, lo que conlleva una condena mínima de dos años de cárcel. Por eso, el juez federal ha suspendido esta provisión de la norma estatal y ha permitido hacer abortos no solo en los casos donde la vida de la mujer pueda estar comprometida, sino también sus condiciones de salud general.

De este modo, la sentencia del juez federal ha legalizado los abortos en situaciones donde la salud de la mujer esté comprometida de algún modo en los hospitales de Idaho que reciban algún tipo de financiación federal. Según concreta, de hecho, la resolución judicial, "en Idaho hay 39 hospitales con servicios de emergencia que reciben fondos de Medicare [el seguro de salud público nacional]. Entre 2018 y 2020, los servicios de urgencia de esos hospitales", recuerda el juez, "recibieron aproximadamente 74 millones de dólares del programa Medicare, unas cantidades que están condicionadas al cumplimiento de la ley nacional de salud".

En el caso de Idaho, el argumento general del juez federal para sustentar su sentencia ha sido que, puesto que una ley nacional (la que permite practicar abortos en todas las situaciones de emergencia) entra en conflicto con una ley estatal, la primera prevalece, según establece la Constitución estadounidense. Sin embargo, este mismo caso, con los mismos argumentos expuestos por ambas partes, han llevado esta misma semana a una solución contraria por parte de un juez federal en el caso de Texas.

Texas, el revés de Biden

La sentencia de Texas se produjo también el miércoles, aunque aquí el resultado se esperaba distinto puesto que el juez encargado del caso era un magistrado conservador que había sido nombrado en su día por Donald Trump.

Según la sentencia del magistrado, la ley federal y la estatal no entran en conflicto. "La norma nacional protege tanto a las madres como a los niños no nacidos, no dice nada sobre el aborto", ha argumentado, de modo que, al negar un choque entre ambos cuerpos legislativos, ha dejado tal cual la ley de Texas, que entró en vigor en su integridad el pasado jueves.

Pese a todo, la demanda de la administración Biden advierte de que hay un protocolo federal que interpreta la ley nacional de salud de 1986 en el caso del aborto y es el documento que establece que los hospitales deben practicarlos cuando sean necesarios en el caso de que la salud o la vida de la mujer estén comprometidas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló en un comunicado que "Texas quiere asegurarse de impedir que los profesionales sanitarios proporcionen una atención que salva vidas y preserva la salud. Debido a esta sentencia, a las mujeres de Texas se les puede negar ahora esta atención vital, incluso para condiciones como hemorragias severas o hipertensión potencialmente mortal. Es un error, es un retroceso".

Por su parte, el fiscal general de Texas, celebró la sentencia: "Es un paso crucial para evitar que Joe Biden y su administración radical proabortista incumplan la ley y amenacen a todo nuestro sector sanitario con la retención de fondos federales", dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, una personalidad que en los últimos meses ha protagonizado no pocas polémicas, en las que siempre ha exhibido su lado conservador.

Entre las más criticadas por los demócratas estuvieron algunas de sus declaraciones tras el tiroteo en el colegio de Uvalde el pasado 24 de mayo, donde 19 alumnos y dos profesores fueron asesinados. Días después de los hechos, Paxton aseguró en una entrevista que si tuviera que hablar con los padres de esos niños, les diría que "Dios tiene un plan y, en cualquier caso, pase lo que pase, la vida es corta".