Julian Assange sabrá hoy si un tribunal de apelación confirma su libertad bajo fianza a la espera de que se resuelva la petición de extradición solicitada por Suecia por un caso de presunta violación y abusos sexuales. Una vez más, eso no garantiza su salida de prisión, esta vez porque sus abogados aún no han podido reunir todo el dinero.

La alta cantidad exigida 240.000 libras (285.000 euros), de las que 200.000 tienen que ser entregadas en efectivo supone un serio obstáculo. 'Tenemos que conseguir 200.000 libras en billetes, y eso es difícil', dijo ayer el abogado Mark Stephens. 'Ahora contamos con cerca de la mitad. Ni siquiera la gente con más dinero puede disponer tan rápidamente de él'.

La fiscalía sueca insistirá en que existe un riesgo real de fuga, a pesar de que en principio el editor de Wikileaks sólo es requerido en Suecia para prestar declaración por segunda vez. Ni siquiera ha sido procesado. Los abogados no se fían y creen que Estocolmo sería la primera etapa de un viaje que acabaría con su defendido en una prisión de EEUU.

Para intentar contrarrestar esa impresión, la directora de la fiscalía sueca, Marianne Ny, ha hecho público un comunicado con el que dejar claro a los jueces británicos que ellos tendrán la última palabra. En caso de que un país de fuera de la Unión Europea solicitara la extradición a Suecia, este país tendría que contar antes con la aprobación de Reino Unido.

Sin embargo, es poco probable que este trámite imprescindible tranquilice a los abogados de Assange. La Justicia británica sólo tendría que confirmar que los delitos por los que EEUU reclama al fundador de Wikileaks existen en la legislación de su país. Y las leyes sobre secretos oficiales de Reino Unido son más estrictas que las de EEUU y dejan menos posibilidades de apelar al derecho a la libertad de expresión.

La impresión en medios jurídicos es que una petición directa de extradición enviada por Washington a Londres alargaría el proceso durante años.

A finales de 2005, EEUU comenzó los trámites para solicitar la extradición del hacker escocés Gary McKinnon. Los tribunales fallaron a favor de la entrega, pero una cadena de recursos ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Gobierno, en este último caso por razones humanitarias, han hecho que McKinnon aún resida en Reino Unido y que la extradición no se haya resuelto.

Scotland Yard confirmó ayer que lleva meses investigando la actividad del grupo que responde al nombre de Anonymous y que ha realizado varios ataques contra las páginas web de las empresas que han boicoteado a Wikileaks. Downing Street ha avisado a todos los ministerios que refuercen sus medidas de seguridad ante la posibilidad de nuevos ataques.