Una vez pasada la tormenta informativa de su huelga de hambre, la activista saharui Aminatu Haidar se ha quedado a solas con las autoridades marroquíes en su domicilio de El Aaiún. La policía de Mohamed VI vigila día y noche a Haidar, intimida a sus familiares y no la deja recibir visitas ni reanudar sus actividades en favor de los Derechos Humanos. Eso al menos es lo que ha denunciado hoy la ONG Amnistía Internacional (AI), que además asegura que la activista está 'mal de salud, pues padece anemia y úlcera de estomago'.

'Desde que regresó a su casa [el pasado 17 de diciembre] no ha podido reanudar su vida normal, ni su trabajo de defensa de los Derechos Humanos, pues las autoridades marroquíes la someten de manera manifiesta a constante vigilancia y no dejan a nadie ir a visitarla',ha explicado la ONG.

Según AI, en Marruecos 'hay agentes de policía y de otras fuerzas de seguridad apostados día y noche cerca de su casa'. 'La siguen siempre que sale. Echan a los simpatizantes y periodistas extranjeros que intentan verla', denunció.

Pero el acoso no se ciñe sólo a su persona, también se cierne sobre su entorno. 'También se ha hostigado e intimidado a familiares, amigos y simpatizantes suyos del Sáhara Occidental y otras partes de Marruecos, algunos de los cuales han sido agredidos, según informes, al intentar ir a visitarla', asegura.

Amnistía Internacional ha informado de que ha movilizado 'a decenas de miles' de miembros de su Red de Acciones Urgentes para que escriban al Gobierno marroquí pidiéndoles que acaben con 'su persecución'.

Por otra parte, la organización sigue reclamando 'la liberación inmediata e incondicional' de otros ocho activistas saharauis encarcelados exclusivamente 'por ejercer su derecho a expresarse pacíficamente'.

Ahmed Alnasiri, Brahim Dahane, Yahdih Ettarouzi, Saleh Labihi, Dakja Lashgar, Rachid Sghir y Ali Salem Tamek fueron detenidos el 8 de octubre a su regreso de Argelia, donde habían visitado los campamentos de Tinduf, dirigidos por el Frente Polisario. Son todos miembros de reconocidas organizaciones de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil. Los siete se enfrentan en un tribunal militar a varios cargos relacionados con el menoscabo de la seguridad interior y exterior del Estado, incluidos los ataques contra su 'integridad territorial'. 'Podrían ser condenados a muerte si se les declarara culpables', informa la ONG.