De las mazmorras de Abu Ghraib a los rincones de Guantánamo. De los gritos de los torturados al silencio siempre impune de los torturadores. Los atentados del 11-S en EEUU, ocurridos hace ahora 20 años, estuvieron seguidos de una "guerra global contra el terror" librada por Washington con la inestimable colaboración de varios socios, entre los que se encontraba José María Aznar. La cruzada antiterrorista, nacida inicialmente bajo la promesa de acabar con Al-Qaeda, dejó innumerables violaciones de los derechos humanos, la mayoría sin aclarar.

Ni las protestas ni las denuncias formuladas por prestigiosas ONG hicieron cambiar los planes de quienes desde altos despachos prometieron que acabarían, a su manera, con unas etéreas y siempre adaptables "amenazas terroristas". "La denominada guerra contra el terror ha sido mucho más eficaz en la erosión internacional de los principios de derechos humanos que en la eliminación de la amenaza del terrorismo internacional", señala a Público Olatz Cacho, portavoz de Amnistía Internacional España (AI).

"Dos décadas después de los terribles atentados del 11 de septiembre, las medidas draconianas para combatir el terrorismo se han convertido en la nueva normalidad. Un país tras otro ha establecido un sistema de derechos de dos niveles: uno para los sospechosos de terrorismo y otro para el resto", agrega Letta Tayler, directora asociada de la División de Crisis y Conflictos de Human Rights Watch (HRW) en Nueva York, donde está a cargo del trabajo en materia de terrorismo y contraterrorismo.

En nombre de la "guerra contra el terror", a Ali al-Qaisi le aplicaron descargas de electrodos en los testículos. Sus verdugos llevaban la bandera de EEUU y estaban allí, en Irak, bajo la promesa de llevar la "libertad". Al-Qaisi tuvo la desgracia de conocerlos en Abu Ghraib, la siniestra prisión utilizada por el Ejército de George W. Bush para torturar, denigrar y deshumanizar a sus "enemigos".

Las técnicas eran variadas: los que una madrugada te orinaban en la cara, a la mañana siguiente podían descargarte electricidad en los genitales y a la tarde meterte la punta de un revólver por el ano. "Libertad duradera" era el nombre de la misión bajo la que actuaban esos soldados.

"Parece que si un gobierno o régimen está luchando contra el terrorismo ya tiene carta blanca para cometer todo tipo de abusos contra los derechos humanos, y la aplicación del Estado de derecho deja de tener sentido", afirma la portavoz de AI. Un informe de esa organización publicado en 2004 avisaba ya de que "la excusa de la seguridad aducida por los gobiernos para limitar y violar los derechos humanos al amparo de la guerra contra el terror se ha evidenciado en muchos países, además de en Estados Unidos".

AI citaba, por ejemplo, el caso de Colombia, donde "las fuerzas de seguridad procedieron a la detención masiva y a menudo irregular de centenares de civiles y siguieron torturando a civiles de forma directa o en connivencia con los paramilitares". Incluía también la situación en Arabia Saudí, Marruecos, Jordania o Kuwait, países donde había una ausencia absoluta de investigaciones sobre las denuncias de torturas a prisioneros.

Dos décadas después de aquellas denuncias, Cacho denuncia que "muchos gobiernos han seguido este camino y además de las devastadoras consecuencias que han tenido en forma de muertes, de desapariciones forzadas, de personas torturadas, maltratadas, desaparecidas y abusos de derechos humanos de muchos tipos, cabría la pregunta de qué resultados da".

Contagio represivo

Tayler cree que ha habido un efecto dominó a nivel mundial. "Al haber rebajado el listón de los derechos en todo el mundo, Estados Unidos ha facilitado aún más que otros gobiernos, desde Europa Occidental hasta Egipto y Turquía, pasando por China y Filipinas, justifiquen abusos similares en nombre de la seguridad", subraya.

A lo largo de estos 20 años, HRW ha elaborado diversos informes que inciden precisamente en las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la "guerra contra el terror". Tayler cita concretamente "los actos descaradamente ilegales de Estados Unidos, como la detención secreta y la tortura de musulmanes en los sitios negros de la CIA y en las prisiones militares". O también el funcionamiento continuado de Guantánamo, "donde a día de hoy permanecen 39 hombres, la mayoría sin cargos".

Esta lucha global contra el terrorismo no siempre ha sido sinónimo de justicia para las víctimas de las acciones cometidas por grupos como Al-Qaeda o ISIS. La portavoz de HRW señala precisamente que "estos abusos no sólo perjudican a personas inocentes y coartan los derechos de los sospechosos de terrorismo. En los numerosos casos en los que las autoridades detienen gratuitamente a las personas equivocadas o niegan el debido proceso a los acusados de terrorismo, también están perjudicando a las víctimas de los grupos armados extremistas y a sus familias al no impartir verdadera justicia".

"En Estados Unidos, por ejemplo, los supervivientes del 11-S y sus familias aún no han visto ninguna justicia, reparación o rendición de cuentas por ese atroz crimen. En lugar de juicios justos y transparentes, las comisiones militares creadas en la bahía de Guantánamo para juzgar a presuntos terroristas han sido un fracaso estrepitoso, negando a los supervivientes y a sus familias la justicia, eludiendo la legislación estadounidense e internacional y abusando de los derechos de los que siguen encarcelados en el centro", remarca por su parte la portavoz de AI España.

Derechos recortados

La "guerra global contra el terrorismo" no solo trajo torturas o desapariciones: también instauró tijeretazos a derechos civiles y políticos. "De forma deliberada o no, los gobiernos están calificando de terroristas a personas que no tienen ningún vínculo con grupos armados extremistas o con atentados. Entre las víctimas se encuentran blogueros, opositores políticos, miembros de la sociedad civil y personas de determinadas nacionalidades, etnias o religiones", advierte Tayler desde las oficinas centrales de HRW en Nueva York.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en particular el Consejo de Seguridad, también han contribuido a esas respuestas antiterroristas abusivas. "Desde los atentados del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad ha promulgado una serie de resoluciones vinculantes que exigen a los Estados miembros la promulgación de leyes estrictas que tipifiquen como delito los actos de terrorismo, pero sin establecer ningún límite sobre lo que los gobiernos pueden clasificar como delitos de terrorismo", sostiene Tayler.

En ese contexto, la portavoz de HRW subraya que "esto ha contribuido a que decenas de países de todo el mundo promulguen leyes que criminalizan las protestas pacíficas y las críticas a las políticas gubernamentales como terroristas".

En España, el Gobierno de José María Aznar aprovechó el clima instalado tras los atentados del 11-S para dar cobertura a nuevos hitos en la lucha contra ETA. Según consta en un documento remitido al Departamento de Estado en diciembre de 2002 al que ha tenido acceso Público, la embajada de EEUU en España destacaba precisamente que a lo largo de ese año había entrado en vigor en este país "una nueva ley de partidos políticos" que establecía "un proceso judicial para ilegalizar a los partidos políticos que presten apoyo concreto a grupos terroristas". Dicha norma sirvió, básicamente, para dejar fuera del juego democrático a Batasuna.

"España se congratula del aumento de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo que ha surgido desde el 11-S. España cree que la guerra mundial contra el terrorismo se ha traducido en un aumento de la presión policial, judicial y política internacional sobre ETA que está teniendo un efecto definitivo en su eficacia operativa", resaltaban los funcionarios en el informe desclasificado del Departamento de Estado.

Libertad de expresión

ETA declaró el cese indefinido de la violencia en octubre de 2011. Cuatro años después entró en vigor una reforma del Código Penal que puso en alerta a las organizaciones de derechos humanos. "Entonces ya alertábamos del riesgo que implicaba una definición del delito de terrorismo excesivamente extensa, vaga y que podía conllevar recortes excesivamente desproporcionados en derechos, como la libertad de expresión. Una ambigüedad que podría llegar a emplearse para calificar y castigar comportamientos que no tienen una naturaleza terrorista", subraya la portavoz de AI.

En tal sentido, Cacho destaca que el artículo 573 del Código Penal "incluye un catálogo de delitos de gravedad dispar que se consideran terrorismo si persiguen finalidades como alterar gravemente la paz pública o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones. Para AI estos no eran delitos reconocibles, al tiempo que afectaba directamente al derecho a la protesta".

Los recortes de derechos civiles no acabaron ahí. "Usuarios de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales están siendo procesados en España en virtud del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas de los delitos terroristas. El impacto es devastador para las personas: cuantiosas multas, largos periodos de exclusión del sector público, penas de prisión… y una consecuencia intangible: la autocensura por miedo a sufrir la represión", advirtió Cacho. Las secuelas de la "guerra contra el terrorismo" aún están aquí.