Las ejecutoras del Patronato

La llamada de una mujer desde Bilbao hace unos años me puso tras la pista de una congregación de monjas aliadas del Patronato de Protección a la Mujer: las Misioneras de Jesús, María y José. La anónima mujer me contó que, como madre soltera, había pasado su embarazo en los años ochenta en un chalé en la sierra madrileña, en el pueblo de Los Molinos (4.300 habitantes), bajo la vigilancia de aquellas religiosas.

Llamé al timbre y una monja que rondaba los 70 años, con hábito blanco y rostro serio, abrió la puerta. Coronando la entrada, un gran cartel rezaba: "Bienvenidos a nuestra casa". Pero el lema no parecía concordar con la actitud de la religiosa, que en cuanto escuchó mi pregunta sobre el Patronato, torció la boca en señal de alarma y me espetó: "Vaya usted a nuestra casa central; allí la informarán". La puerta se cerró secamente y pude oír un murmullo de risas y gritos infantiles. Aquel caserón sobrio de las Misioneras de Jesús, María y José en Los Molinos ahora funciona como una guardería infantil gracias a un convenio con la Comunidad de Madrid. Estas monjas siguen trabajando para la Administración: antes, a las órdenes del Patronato, vigilando a las jóvenes madres solteras, y ahora, para el Gobierno regional de Madrid, dando servicio a las familias que no tienen más remedio que dejar a sus retoños al cuidado de terceros para ejercer sus profesiones.

Por indicación de una vecina pude llegar al conocido como 'chalé de las embarazadas', un imponente edificio de tres pisos, una calle abajo de la sede de las Misioneras de Jesús, María y José. Aquel imponente chalé, con ventanas de medio punto, había pertenecido en el pasado a la congregación de religiosas y contaba con seis habitaciones a las que el Patronato enviaba a madres solteras desde cualquier punto del Estado español.

Las monjas contribuyeron a alimentar la trama del tráfico de bebés que existió en España durante el franquismo.

Me imaginé entonces, en una de aquellas habitaciones, a la mujer de Bilbao que tan generosamente había contactado conmigo para desvelarme que, como ella, algunas mujeres, que en los años setenta y ochenta se quedaban embarazadas sin estar casadas y cuyas familias no podían o no querían ayudarlas, se veían abocadas a recurrir a la junta del Patronato de su provincia. Desde allí, las enviaban a Los Molinos o a centros similares repartidos por toda España.

Tras mi paso por Los Molinos, me dirigí a la casa central de las Misioneras de Jesús, María y José en busca de respuestas: "¿Por qué mantuvieron en secreto a las embarazadas en aquel chalé?"; "¿Qué pasó con los bebés?"; "¿Quién pagaba a las monjas por aquellos servicios?". La sede de la congregación está en el barrio madrileño de Carabanchel. Es una construcción de los años cuarenta, pintada la fachada de color crema, con arcos enrejados en el frontispicio, lo que le da apariencia de convento de clausura.

Evitar abortos a toda costa

Me recibió la hermana Teresa, una de las más veteranas de la congregación, que estuvo precisamente destinada en Los Molinos en los años ochenta. "Nosotras ayudábamos en lo que podíamos para evitar que hubiera abortos", me dijo con franqueza.

Esta comunidad religiosa, fundada tras el triunfo de Franco para ayudar a los niños raquíticos y paupérrimos del barrio de Carabanchel, trabajó para el Patronato de Protección a la Mujer y la Junta de Protección de Menores; ambas instituciones se fusionaron en 1980 por las dificultades económicas que arrastraban. "Nos traían a los niños que por orden judicial no podían estar con sus padres, porque no estaban bien atendidos –me explicó la religiosa–. Un día nos decían: «Preparadles la ropa, que mañana se van», y ya no sabíamos más, los daban en adopción".

La relación entre las Misioneras de Jesús, María y José y el Patronato de la Mujer comenzó en los años cincuenta con un contrato que se prolongó varias décadas. Las monjas, en su afán de evitar abortos y aspirando al modelo familiar bíblico que lucen en su denominación, contribuyeron a alimentar la trama del tráfico de bebés que existió en España durante el franquismo.

El Patronato, organismo oficial que velaba por la moralidad de las mujeres, enmarcado en el Ministerio de Justicia, enviaba a las 'descarriadas' jóvenes madres solteras a pasar el embarazo discretamente en la sierra de Madrid. Después, llegado el momento del parto, un coche las recogía y las trasladaba al Sanatorio San Ramón, en el centro de la capital, regentado por el ginecólogo Eduardo Vela. Las criaturas pasaban entonces al control de sor María Gómez Valbuena, jefa de la asistencia social en Madrid, que los daba en adopción a la familia que ella considerara y previo pago de una generosa donación.

Sobre el modus operandi de aquella trama no caben dudas hoy en día. Sor María y el doctor Vela estuvieron investigados en el pasado por casos de adopciones ilegales, pero finalmente se archivaron las pesquisas.

El chalé de Los Molinos fue uno de los muchos recursos de los que dispuso el Patronato para dar salida a los hijos e hijas de las jóvenes españolas que se quedaron embarazadas sin estar casadas. Eran, por lo general, mujeres vulnerables, sin recursos para hacerse cargo del bebé, a las que sus familias dieron la espalda. Sus padres o sus hermanos varones, incluso los patrones de las jóvenes sirvientas, las mandaron al Patronato para resolver el problema y ocultar al entorno el embarazo, pero en muchos casos fueron ellas mismas las que acudieron al organismo en busca de ayuda, conscientes de que no tenían más remedio que renunciar a la maternidad.

"Entre no dar soluciones a una mujer en esa situación de extrema vulnerabilidad y robarle directamente al hijo recién nacido no hay diferencias –me dijo, rota por el dolor, mi valiente informante de Bilbao–. Yo nunca quise renunciar a mi hijo o hija, porque no sé si fue niño o niña lo que tuve. Pero nadie me dio una opción para poder quedármelo. Ni las monjas ni el doctor Vela ni las asistentes sociales del Patronato pensaron que yo tenía derecho a ser madre. Ni siquiera tengo papeles de aquel parto, no sé qué pasó con el bebé".

Las secuelas que dejó el Patronato

Los años no consiguieron mermar el sufrimiento de mi confidente vasca. Junto con la incertidumbre sobre el destino de su bebé, conserva como huella indeleble de su paso por el paritorio del doctor Vela unas secuelas obstétricas que le impidieron ser madre tras aquel parto. "Al explotar el escándalo de los bebes robados, me di cuenta de que nos había pasado lo mismo a muchísimas mujeres. Somos víctimas del Patronato", sostiene.

Todas las mujeres que pasaron por los reformatorios del Patronato con las que me he podido entrevistar arrastran aquel episodio vital como una losa pesada pese a que han pasado muchas décadas desde entonces. Algunas siguen sintiendo vergüenza. Es el caso de una mujer con la que conservo una verdadera amistad, que, a punto de cumplir los 71 años, aún no ha podido contarles a sus hijas que con 17 años fue examinada ginecológicamente para ver si era virgen en uno de aquellos centros. La había enviado allí su madre porque la vio saliendo con un chico.

La dictadura logró germinar la semilla de una moral represiva para las mujeres y el miedo a que sus hijas pudieran seguir una senda indecorosa proliferó entre muchas familias, independientemente de que fueran afines al régimen.

En una de aquellas familias adeptas al franquismo, con un padre falangista, famoso y rico como fue el dramaturgo Alfonso Paso, la niña Rocío, la menor de sus dos hijas, acabó seis meses recluida en uno de aquellos reformatorios para jóvenes rebeldes. Era una joven contestataria que se rebeló contra la hipocresía que se vivía en su propio hogar, donde el padre y la madre estaban separados de facto pero representaban el papel de familia feliz y ejemplar ante la prensa.

Rocío Paso salió del reformatorio "muy tocada" y se embarcó en un matrimonio con 16 años, con tal de salir de la casa familiar. Con el tiempo, ha podido vivir conforme a sus principios, libre de violencias. Pide justicia para con las mujeres y niñas del Patronato: "Quiero que se reconozca lo que nos hicieron, que no quede impune". Como ejecutoras de aquel plan, se situaron las monjas, que atisbaron el próspero negocio detrás de la labor redentora y evangelizadora.

Hubo decenas de congregaciones religiosas que disfrutaron de suculentos contratos públicos para gestionar centros del Patronato que, en la mayor parte de los casos, se instauraron en los propios edificios de las órdenes religiosas. Algunos de los documentos de internamiento de mujeres consignados en los archivos del siniestro organismo describen situaciones como estas: "Internada por correr peligro su honra a consecuencia de los malos ejemplos que recibe de una hermana suya" o "Prohijada por unos señores, huyó de casa, deteniéndola la policía en Caspe. Pensaba llegar a Barcelona, donde tiene conocidos. Manifiesta haber tenido novio pero sin caer"; o estos otros: "Aficionada a cines, bailes y al trato de muchachos"; "Mantenía relaciones ilícitas con un joven con el que se quiere casar".

La Iglesia católica fue el gran pilar del Patronato. Y un ejemplo del poder que ejerció en la institución es que la figura del obispo de Madrid-Alcalá perteneció como vocal permanente al Patronato durante sus cuarenta años de existencia. Desde su nacimiento, las juntas provinciales del Patronato estaban compuestas, entre otros, por alcaldes, gobernadores civiles, jueces y dos o tres vocales femeninas, que solían ser miembros de Acción Católica y casi siempre eran hijas, hermanas y esposas de preeminentes militares del bando franquista.

En diciembre de 1952, con motivo de los diez años de funcionamiento del Patronato, el dictador consideró que había que fortalecerlo y dotarlo de más herramientas para apuntalar jurídicamente la reclusión y el tutelaje de las mujeres mayores de 16 años y menores de 25. Entre los nuevos fines del Patronato estaba el de "adoptar medidas protectoras de la juventud femenina y de todas aquellas mujeres que se desenvuelven en medios moralmente nocivos".

Se estableció la obligación de que las familias que dispusiesen de bienes y rentas abonaran una cantidad mensual para costear la manutención de las chicas internadas. Pero estos casos en la práctica fueron escasos. La prensa y el Boletín Oficial del Estado de la época consignan algunos ejemplos de persecución judicial para que las familias abonasen la cuota. En realidad, el Patronato supuso una sangría económica para las arcas públicas.

Los contratos ventajosos de las monjas

Una veintena de órdenes religiosas se repartió el pastel del Patronato. Oblatas del Santísimo Redentor, Cruzadas Evangélicas, Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, Trinitarias e Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl son algunas de las religiosas que infligieron férrea disciplina a las mujeres recluidas en los centros del terror del Patronato.

Algunas de estas congregaciones se habían fundado durante la Guerra Civil para dedicarse a la reeducación de las mujeres en las cárceles en las zonas ocupadas por el ejército sublevado. Este es el caso, por ejemplo, de las Cruzadas Evangélicas. Cada Junta provincial del Patronato tenía capacidad para encomendar la gestión de los reformatorios y residencias a la congregación de su elección, mediante la formalización de contratos muy ventajosos para las religiosas.

Por ejemplo, la Congregación de las Religiosas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia se hizo con el control de la reeducación de las mujeres en Sevilla. Según los contratos que se conservan en el archivo histórico de la capital andaluza, la Junta Provincial abonó en 1947 a la congregación seis pesetas al día por cada joven tutelada en uno de sus reformatorios. Y, además, los gastos de luz, agua, sostenimiento del culto, servicio médico, farmacéutico, material escolar y de trabajo, ropa y calzado de las recluidas corrían a cargo del presupuesto del Patronato. La madre superiora tenía un sueldo de 2.000 pesetas al mes.

Esclavas de la Virgen Dolorosa: castigos físicos y poca comida

Uno de los centros más grandes del Patronato de Protección a la Mujer y quizá el que más se ha investigado estos últimos años es el conocido como Peñagrande, por el barrio madrileño donde se ubicó. Su nombre oficial fue Colegio de Nuestra Señora de la Almudena y funcionó entre 1955 y 1984, destinado a madres solteras. Dos de las últimas congregaciones que lo gestionaron fueron las Esclavas de la Virgen Dolorosa y las Cruzadas Evangélicas.

Las mujeres internadas allí relatan el calvario ejercido por parte de las religiosas: vejaciones, trabajo esclavo, mala alimentación y castigos físicos. Un maltrato sistemático que ha quedado impune.

Las juntas provinciales del Patronato tenía capacidad para encomendar la gestión de centros a las congregaciones de su elección

Los testimonios de las mujeres fueron corroborados por las funcionarias del propio Patronato. En una visita que hicieron al centro, en 1968, las asistentes sociales consignaron en un informe todas las calamidades que sufrían las internas y la mala gestión de las Esclavas de la Virgen Dolorosa: "Los datos que nos proporcionó la reverenda madre sobre subvención por acogida y día, dotación de ropa para los niños, etc. no concordaron con los que teníamos del Patronato", consta en un apartado del informe, que alertaba también del escaso gasto en medicamentos que hacían las monjas teniendo en cuenta el número de niños recién nacidos y madres gestantes que había en el centro.

La alimentación del internado era deficiente, según las visitadoras del Patronato: "Comida insuficiente, abundancia de pan y escasez de carne y pescado". Pero lo más aterrador de todo lo que anotaron las funcionarias son las referencias a los castigos físicos. "Estos más que castigos son vejaciones que no parecen estar conformes con el respeto debido a la dignidad de la persona humana. Las privaciones de comida y de descanso nocturno impuestas a jóvenes madres gestantes y lactantes que trabajan todo el día no están indicadas". Pese a las recomendaciones de las funcionarias del Patronato de que el reformatorio de Peñagrande fuera clausurado y "se reorganizara totalmente con un espíritu nuevo", nada cambió. Dos años después del informe demoledor, las Esclavas de la Virgen Dolorosa fueron sustituidas por las Cruzadas Evangélicas, pero el modelo de gestión y de trato de las mujeres siguió inalterable hasta su cierre, en 1984.

Las Oblatas: de carceleras de las jóvenes a reivindicar el 8M

No muy lejos del reformatorio de Peñagrande, otras monjas ejercían su poder sin empatía alguna en otro gran reformatorio madrileño. La congregación de las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor regentó durante la dictadura un centro para mujeres instalado en el antiguo Palacio de Eugenia de Montijo, en Carabanchel. Allí las mujeres vestían un uniforme que más bien parecía el de las reclusas: una bata gris y alpargatas.

En el decrépito palacio, que en 1969 fue demolido y sustituido por un edificio moderno donde en la actualidad las Oblatas siguen instaladas atendiendo a mujeres víctimas de trata, las jóvenes 'rebeldes' de la dictadura tuvieron que fregar de rodillas las largas galerías de suelos de mármol y trabajar a las órdenes de las monjas para costearse la estancia.

La labor de redención para aquellas jóvenes, enviadas al reformatorio de las Oblatas por el mero hecho de contestar a sus padres, llegar tarde a casa o "frecuentar a chicos", consistía en fregar y coser trajecitos para recién nacidos, que luego las monjas vendían por un dineral. Rezar y limpiar fueron los ingredientes de las Oblatas para enderezar a aquellas jóvenes. Por el testimonio valeroso de algunas de las recluidas sabemos que las monjas pelaban al cero a las chicas rebeldes o que incluso golpeaban a las más contestarias.

Hoy en día estas monjas, ya desprendidas del hábito, se dedican a atender a víctimas de la trata y a salir el 8M a las calles reivindicando los derechos de las mujeres.

La impunidad y el prestigio

Mientras la memoria de las mujeres españolas que pasaron por aquellos reformatorios arroja datos de los castigos y humillaciones a manos de las monjas, algunas de las congregaciones religiosas que ejercieron esa violencia, amparadas por la oficialidad del Patronato, han sido galardonadas en los últimos años por su labor en defensa de las mujeres y, de hecho, siguen recibiendo subvenciones públicas para encargarse de centros de menores, de mujeres víctimas de violencia de género, de mujeres prostituidas o víctimas de trata.

Dos ejemplos de ello son las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, la congregación a la que pertenecía sor María Gómez Valbuena, agraciada en 2005 con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su labor hacia las personas desfavorecidas. Pero en su larga existencia también contribuyó a castigar a las mujeres republicanas a través de su labor en las cárceles de mujeres durante el franquismo. Las Adoratrices recibieron en 2015 el Premio Derechos Humanos Rey de España, concedido por la Universidad de Alcalá de Henares y el Defensor del Pueblo. El galardón provocó mucho dolor a las mujeres que habían sido recluidas en los numerosos centros del Patronato gestionados por todo el Estado por esta congregación. "¿Cómo es posible que monjas que pegaban a las chicas jóvenes para meterlas en vereda puedan ser merecedoras de un premio de derechos humanos?", me dicen algunas de las damnificadas del Patronato.