Balas después del huracán

Para cuando quiso darse cuenta, María Antonia Paz, de 35 años, ya estaba con el agua al cuello. Comenzó a llover y creyó que todavía tenía tiempo. Una semana antes el huracán Eta había golpeado su comunidad en Olanchito, departamento de Yoro, al norte de Honduras, y su pequeña casita de adobe había resistido. No tenía por qué ser distinto ahora. Con las primeras gotas de Iota, el segundo ciclón en menos de un mes, mandó a su hijo a amarrar un caballo para evitar que se escapase y siguió preparando la cena. Estaba tranquila. Hasta que se dio la vuelta y vio cómo las piedras bajaban rodando a toda velocidad mezcladas con barro. El río se estaba tragando su comunidad y ella ni siquiera sabía nadar. Aterrorizada, avisó a los vecinos y logró salir con lo puesto justo cuando el agua comenzaba a llevarse por delante los precarios muros de su vivienda.

"Solo se miraba cuando se iban las paredes. Nosotros llorábamos, tratábamos de recoger las pocas cosas que pudimos y nos preguntábamos qué íbamos a hacer. Allá quedó todo: la casa, las bananeras, no hay nada", dice la mujer, sentada en un colchón en la plaza de la República de Reynosa, Tamaulipas, un municipio en la frontera noreste entre México y Estados Unidos. Tras el primer shock la familia tuvo que tomar decisiones. La matriarca, de 80 años, quedó al resguardo de una iglesia. Centroamérica es un lugar muy religioso en el que los templos evangélicos se han convertido en una especie de contrapoder que llega donde al Estado ni se le espera. María Antonia y sus dos hijos, de 11 y 9 años, emprendieron la peligrosa ruta hacia Estados Unidos. Uno de sus hermanos vive en Houston, Texas, y se comprometió a pagar el pollero (como se conoce a los guías que trasladan a los migrantes) para cruzar al otro lado del Río Bravo. Cada año, miles de centroamericanos como ella tratan de alcanzar Estados Unidos huyendo de la pobreza, la violencia, o ambas. A los huracanes Eta e Iota se sumó un nuevo colectivo: los damnificados por desastres naturales que la comunidad científica atribuye al cambio climático. A pesar de las evidencias no hay ley internacional que los proteja: oficialmente, los refugiados climáticos no existen. "No hay normativa internacional ni nacional, aunque es un debate que existe desde hace diez años, todavía no ha avanzado", dice Andrés Ramírez, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar).

María Antonia tiene la piel tostada, los ojos achinados y una pequeña discapacidad en su mano izquierda, en la que solo tiene tres dedos buenos. Los otros dos se quedaron a medio hacer desde que nació, lo que siempre le puso más difícil encontrar empleo. Ahora eso quedó atrás. A su alrededor se extiende un improvisado campo de desplazados que duerme en tiendas de campaña y se protege del sol bajo plásticos atados a los árboles. Un campamento de refugiados a menos de cinco minutos caminando de la frontera con Estados Unidos. Ella tiene suerte. Lleva aquí el tiempo suficiente para poder ocupar una litera junto a sus dos hijos en una caseta en la que se ubican ocho colchones y donde pasan la noche al menos 20 personas. A pesar de que México es el cuarto país con mayor número de muertos por la covid-19, con más de 250.000 víctimas oficiales y un estimado de que podrían ser el doble, aquí no hay opción para guardar distancia, por lo que los contagios se incrementan.

Médicos Sin Fronteras calcula que más de 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, malviven hacinados en el campamento de Reynosa. Todos ellos trataron de cruzar irregularmente a Estados Unidos y todos ellos fueron devueltos en aplicación del Título 42, una disposición legal implementada por el expresidente Donald Trump que permite las deportaciones exprés similares a las que la Guardia Civil practica en Melilla. Joe Biden, que prometió una política más humanitaria con migrantes y solicitantes de asilo, sigue aprovechando el mandato de su antecesor para impedir la llegada de más extranjeros. Así que, cuando alguien como María Antonia es atrapada nada más poner un pie al otro lado del Río Bravo, ni siquiera se molestan en preguntar por qué llegó. La anotan en una lista y la devuelven a México. Algunos son expulsados por Tijuana o Ciudad Juárez, municipios alejados a cientos de kilómetros, para dificultar que vuelvan a intentarlo. Otros, como la hondureña, recibieron la patada casi en el mismo lugar en el que habían tratado de cruzar. Desde principios de agosto hay un nuevo formato de deportación pensado para hacer más difícil la vida del migrante: aviones de Estados Unidos los llevan a Chiapas o Tabasco, en el sur de México, para que sean las autoridades de este país las que los devuelvan a Guatemala.

"Me preguntaron que cuántos años tenían mis hijos. Les dije que 11 y 9 y me dijeron que me quitara los cordones de los zapatos y que me iba para México", explica María Antonia. No hay una regla que marque la diferencia entre quién se queda y quién es deportado. Al menos, nunca se hizo pública. Sin embargo, los migrantes ya han establecido sus propias lógicas: menores no acompañados tienen más posibilidades para quedarse. Familias con hijos que tengan menos de 6 años, quizás. Dos familias con el mismo número de hijos y con edades idénticas pueden correr suertes completamente diferentes. La arbitrariedad también es un mecanismo de desestabilización. María Antonia dice que fue una lástima, pero que sus hijos eran demasiado mayores para que les permitieran permanecer al otro lado del muro.

Cuenta la mujer que cuando la devolvieron a ella y a sus dos hijos, los oficiales estadounidenses les dijeron que allí no tenían nada que hacer, que regresaran por donde habían venido. "Vuelvan a casa" es el mensaje que pobres como ella recibieron también de los presidentes centroamericanos como Juan Orlando Hernández, de Honduras; o Alejandro Giammattei, de Guatemala. Obvian los mandatarios que muchos de sus ciudadanos ya no tienen dónde regresar. "¿Qué pudiera hacer allá si no tengo nada?", dice la mujer. Su casa ya no existe. Su casa, una precaria construcción de cuatro paredes de adobe cubierta con un techo de lámina, se vino abajo. Los cultivos con los que la comunidad se garantizaba la subsistencia se perdieron. Las fábricas que empleaban a los afortunados que no estaban en paro quedaron anegadas. No hay trabajo, no hay dónde resguardarse, todo se lo tragó el agua y lo que no quedó prácticamente inservible.

Refugio en la casa del crimen

Solo bajo esa perspectiva puede entenderse que Reynosa sea un lugar aceptable para familias vulnerables que huyen. Se trata de una ciudad fronteriza de poco más de 600.000 habitantes y donde la presencia del crimen organizado es evidente casi a simple vista. En algunas esquinas, y si a uno le indican dónde mirar, podrá descubrir a los halcones, el último escalafón del narco, jóvenes que cobran por informar a sus superiores de cualquier movimiento extraño. Aquí opera el Cartel del Golfo, una de las estructuras criminales más antiguas de México. Ellos son los que controlan la frontera, así que para cruzar al otro lado es imprescindible pagar. También se dedican al secuestro. Son habituales los relatos de migrantes que se suben en un taxi y terminan en manos de un grupo criminal que acaba pidiendo un rescate a sus familias. Por eso la consigna es no moverse de la plaza.

Así transcurre diariamente la vida de María Antonia, encerrada por los muros invisibles que delimitan los aproximadamente 100 metros cuadrados de la plaza de la República. Cada día, grupos religiosos llegan para rezar y entregar desayuno, comida y cena. Para todo hay que hacer fila. Pero al menos nadie muere de hambre. La rutina es muy limitada entre las tiendas de campaña y algunos plásticos con los que se cubren del sol. Levantarse y hacer fila. Desayunar y dejar que corra el tiempo. Hacer fila para comer y otra vez que llegue la tarde. Hacer fila antes de que caiga la noche y resguardarse, que en esta ciudad hay veces que pasan cosas.

Cuenta María Antonia que ella decidió ponerse en marcha obligada por la última embestida del huracán. En el campamento se escuchan muchos testimonios como el suyo. Habitualmente las historias de centroamericanos que huyen hablaban de amenazas de muerte a manos de las pandillas (el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha o MS-13 son las dos grandes estructuras criminales que operan en Honduras, El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos) y de la miseria que golpea a más de la mitad de la población de la región. Ahora también hay refugiados climáticos.

La CEPAL calcula que, solo en Honduras, los huracanes Eta y Iota causaron daños en las viviendas por algo menos de 6.000 millones de lempiras (poco más de 200 millones de euros) y que más de 90.000 hogares lo perdieron todo. En total, los daños a los sectores productivos, sociales y a las infraestructuras superan los 22.000 millones de lempiras (algo más de 790 millones de euros). La historia reciente de este país viene marcada por dos eventos: el huracán Mitch, en 1998, que destruyó el 70% de la infraestructura del país y del que nunca se recuperó, y el golpe de Estado de 2009 contra Mel Zelaya por su cercanía con gobiernos como el de Hugo Chávez en Venezuela. Los actuales desastres naturales han venido a terminar de hundir el país. Según la ONU, se trata de fenómenos que no pueden desligarse del cambio climático. Solo en 2020 se registraron 30 tormentas tropicales en la región, de las que 13 fueron huracanes y otras seis, huracanes en mayor grado. Esta cifra duplica la media de eventos climáticos extremos de los años anteriores. Y no solo Honduras sufrió el maltrato de la naturaleza. Amplias zonas de Nicaragua y Guatemala también quedaron gravemente dañadas.

Cándida Rosa Castro, hondureña de 38 años, tomó la decisión más difícil de su vida entre un huracán y otro. Atrapada en Piedras Negras, Coahuila, otro peligroso municipio fronterizo entre México y Estados Unidos, envió al otro lado a su hijo de 17 años para que cruzase como menor no acompañado y fuese acogido por su hermana. Cuenta la mujer que en México no aguantaba más, que era pobre y violento, "casi como vivir en Honduras", y que decidió dar la oportunidad al que más opciones tenía para permanecer al otro lado. Así que, solo con uno de sus dos hijos, se dio la vuelta y regresó a Cofradía, un pequeño municipio junto a San Pedro Sula, la segunda ciudad de su país de origen y hasta hace pocos años considerada la más violenta del mundo.

Apenas le dio tiempo a llegar para ver cómo su vivienda se venía abajo. "De mi casa no quedó nada, el agua la arrastró. Solo quedó el terreno ahí destrozado", explica. Muchas de las colonias de San Pedro Sula quedaron anegadas. Sorprendidos por la riada, algunos vecinos tuvieron que refugiarse en los techos de sus domicilios y esperar a que alguien llegase en una barca para salvarlos. Eso los que tenían una casa lo suficientemente robusta como para aguantar la riada. Cuando el agua comenzó a bajar, miles de personas quedaron abandonadas sin un lugar en el que cobijarse. "No fue solo mi casita, la gente andaba viviendo debajo del puente, ahí quedó un montón esperando que el presidente les arreglase la casa", dice Castro.

Convencida de que nada había que hacer en Honduras la mujer retomó el camino de regreso a México. "Supuestamente estaban dejando entrar a las mamás con niños. Supuestamente era por acá, pero nos regresaron", maldice la mujer, que pagó 1.200 dólares (poco más de 1.000 euros) solo para que los narcos que controlan la frontera le permitieran cruzar al otro lado. En realidad no los pagó. Su deuda quedó anotada y, en principio, comenzará a ser cobrada en el momento en el que logre su objetivo.

Secuestrados en su huida

El camino que Castro emprendió es una ruta peligrosa en la que los migrantes deben huir de dos peligros: por un lado, los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), cuya misión es capturarlos para devolverlos a su país. Por otro, el crimen organizado, que controla las rutas y que no ve con buenos ojos a aquellos que, como Castro, avanzan sin pagar por todo el trayecto. Expuestos y vulnerables, los integrantes del éxodo centroamericano atraviesan México sin saber si llegarán a su destino. La política de Estados Unidos de devolverlos a ciudades fronterizas como Reynosa vuelve a dejarlos expuestos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que solo en 2019 fueron secuestrados en Tamaulipas 95 centroamericanos de los que no se ha vuelto a saber nada. La cifra es mucho mayor, pero en México solo unas pocas organizaciones de la sociedad civil se preocupan por ellos. Son las víctimas que menos importan.

"A mi cuñado lo secuestraron, pero logró escapar", explica Castro, una mujer de piel oscura y carácter extrovertido. Ella, que venía acostumbrada a la violencia en Honduras, terminó desquiciada en México. A mediados de junio un comando de sicarios perteneciente a una facción del Cartel del Golfo asesinó a 15 personas en Reynosa. A bordo de varios vehículos, realizaron un recorrido mientras disparaban a todo aquel que se encontraban. Murieron por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Aquella masacre tuvo lugar a escasos 20 minutos del campamento. Allí ya operaba la regla de no salir jamás de la plaza para evitar ser secuestrados por los criminales o extorsionados por los policías, que piden dinero a cambio de no entregar a los migrantes al narco. Cándida Rosa ni siquiera cruzó la carretera hasta que en agosto recibió la llamada de un abogado que colabora con una organización: había logrado incluir su nombre en una reducida lista de aspirantes al asilo. Actualmente está en Dallas, Texas, con su hijo. Para ella las miserias habían merecido la pena.

No todos lo consiguen. Desde octubre de 2020 más de 1,2 millones de personas fueron detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos. De ellas, casi 850.000 fueron expulsadas inmediatamente, sin posibilidad de pedir asilo. La mayoría eran mexicanos, seguidos por hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Con la llegada de Joe Biden al poder, los medios afines al expresidente Donald Trump aseguraron que el flujo se había disparado. Y aunque es cierto que se incrementaron las llegadas, las cifras se mantienen ligeramente por encima de los años en los que Trump estaba al mando de la Casa Blanca. Este incremento se explica por una tormenta perfecta: la suma de la violencia y la miseria de siempre, agravadas por la pandemia, a lo que se añadió la cada vez más destructiva temporada de huracanes. Los efectos del cambio climático no quedan ahí: hay zonas de la costa hondureña en la que el nivel del mar ya se ha elevado suficiente como para tragarse algunas casas. Las inclemencias provocadas por el cambio climático afectan a amplias zonas del Triángulo Norte de Centroamérica y el Banco Mundial calcula que si no se revierte esta situación para 2050 habrá casi un millón y medio de desplazados provocados por los desastres naturales. Fenómenos como los brutales huracanes de 2020 no son hechos aislados, sino consecuencia directa del actuar humano. A pesar de ello no hay ley internacional que proteja a sus víctimas. Se los reconoce como desplazados, pero sin posibilidad de recibir protección en otros países. En los últimos meses, más Antonias y más Rosas han seguido escuchando que abandonen la idea de ponerse a salvo en Estados Unidos, que no sigan con su viaje, que regresen a casa. Pero es difícil darse la vuelta cuando hasta el clima te arrebata las cuatro paredes a las que llamabas 'casa'.