Más de 500.000 personas piden al Gobierno un cambio en la legislativa actual que afecta al colectivo migrante. Lo hacen mediante la nueva Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca reunir medio millón de firmas para regularizar la situación administrativa de medio millón de personas extranjeras, y obligar al Congreso de los Diputados su debate.

Este limbo burocrático deja a cientos de miles de personas sin seguridad social, sin educación, sin ingresos económicos, sin sustento alimentario y sin acceso a los derechos básicos fundamentales de todo ser humano. Es más, una amplia magnitud de migrantes considera que carece de estos derechos esenciales tras desembarcar en "tierra de nadie".

La portavoz del movimiento Regularización Ya, Edith Espinola, ha explicado a Público que de este medio millón de personas extranjeras, una de cada tres es un niño. Si bien no existe un censo que registre el cálculo exacto de migrantes sin papeles en España, a la situación se le suma el miedo y las posibles represalias de la Administración al facilitar sus datos de contacto. "No cuentan todas las incertidumbres e inseguridades que supone ser migrante en un país extranjero que no te quiere; por eso tantos discursos de odio, la precariedad, es una condición de vulnerabilidad permanente", sostiene la también portavoz de la asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC).

Un país extranjero que no te quiere

Es el caso de Ikram B., una joven de 21 años que nació en la comunidad autónoma de Melilla, pero que se califica a sí misma como "una melillense no reconocida" al sentirse cuestionada por su religión y por la ausencia de una nacionalidad arrebatada por temas de racismo.

Así lo señala el artículo 17 del Código Civil, en el que serán considerados españoles de origen "los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad".

Sin embargo, el Estado no otorga esta documentación a los nacidos en el territorio cuando sus progenitores son marroquíes. "Las personas que vienen de Melilla y Ceuta no pueden empadronarse porque vienen de Marruecos; por eso, Ikram no pudo ni acceder a la escolarización del sistema educativo público español", argumenta la organización Solidary Wheels.

A pesar de las dificultades del Ejecutivo por garantizar la educación pública en la comunidad autónoma, la joven no ha renunciado a su formación y continúa estudiando un curso no homologado de cuidado de niños y ancianos. "Yo a los 21 años debería estar en la universidad pensando que carrera quiero o estudiar, o buscando trabajo de verano; no agobiada por un juicio del que no se qué va a pasar o si voy a meter en problemas a más personas", argumenta la melillense.

Ikram ha recurrido la sentencia que rechazó su empadronamiento. La joven tiene miedo de ser otra víctima de las represalias del Estado, el cual sancionó mediante órdenes de expulsión a las personas que reivindicaron sus derechos en torno a la solicitud del empadronamiento y varias familias fueron devueltas al país de origen de sus progenitores.

La melillense gana aproximadamente 30 euros al mes cosiendo trajes tradicionales marroquíes, unas cifras muy escasas que no aseguran su seguridad social ni su educación. "Te dicen: Mi hija está mala, pues la llevo al médico o vete a urgencias, pero no puedo; te cobran 200 euros", confiesa la joven costurera. "Lo que me duele no es eso, sino que mi hermana está igual, tiene ocho años", continúa entre lágrimas.

Como Ikram se encuentran cientos de jóvenes en la misma situación. Varios profesionales califican Melilla como una cárcel, ya que los ciudadanos marroquíes no pueden coger el ferry para desplazarse a la península. Sin embargo, la comunidad autónoma no puede tomar esta designación, al no garantizar el sustento alimentario básico. "No puedes estar en la calle, no puedes volver a tu país, no puedes tener una vida normal porque siempre estás con el temor de que cualquiera te pida los papeles", recuerda la portavoz de Regularización Ya.

"Europa no es fácil"

Yannik Tresor nació en Camerún, tiene 36 años y lleva esperando nueve meses para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez responda si su documentación es favorable o no. El migrante reside en España desde el 8 de mayo de 2017.

El camerunés toca el tambor djiembé en el grupo de música Griots d'Africa y se dedica a ayudar como intérprete de español a los jóvenes que ingresan en el centro social SERCADE, tras su mala experiencia en el sector de la construcción, del que todavía no ha percibido los ingresos económicos por su trabajo desde agosto del año pasado. Por ello, Yannik explica a los jóvenes que proceden del continente africano que "la vida es luchar". "Ellos cuando llegan piensan que la vida es fácil y no lo es; en África tenemos muchos sueños de que Europa es fácil, pero Europa no es fácil", añade el músico.

Una cuestión que recuerda Espinola. "Los migrantes llegan con un sueño, con expectativas de futuro que es trabajar; cuando yo trabajo tengo que pagar mi alquiler, hacer la compra, pagar cualquier impuesto que sea, pero voy pagando impuestos como cualquier persona y sin derechos; no es que sea vulnerable, el sistema me vulnerabiliza", añade la portavoz.

Tresor admite que salió de Camerún para llegar a España, pero tras la negativa reiterada de su solicitud del visado, decidió ir a pie por su hijo de 13 años. "He pasado más de 15 horas en el barco, solo estaba el agua y el cielo; no teníamos nada", ha recordado el varón. "Cuando llegué no fue lo que pensaba, me dijeron que tenía que pedir el asilo, estar tres años y conseguir un contrato de un año para poder entregar tus papeles, pero, ¿quién te va a dar un contrato de un año?", añade Yannik.

Sin embargo, tras hablar con Público, el migrante narra su relato con una sonrisa porque aclara que "tenemos que vivir en el presente y seguir adelante". "Por eso, quiero hacer mi vida, con mi familia, comprar mis cosas y dar la mejor vida a mi hijo, sin esperar nada de nadie; eso es lo que necesitamos", confiesa el músico.