La ley andaluza del derecho a la vivienda, cuya entrada en vigor debe producirse en 2008 si no fallan las previsiones del Gobierno de Manuel Chaves, cerrará de un portazo y por primera vez en España la gatera por la que hasta ahora esquivaban los ayuntamientos el mandato legal de destinar el suelo público a la construcción de vivienda protegida.

El anteproyecto de la nueva ley, cuya aprobación el pasado 6 de septiembre por el Consejo de Gobierno andaluz abrió la caja de los truenos en el Ministerio de Economía, establece que todo el suelo municipal procedente de las cesiones inmobiliarias obligatorias (el 10% del aprovechamiento medio de cada parcela privada) ha de dedicarse a viviendas de promoción pública en régimen de alquiler.

En otras palabras, a garantizar un techo digno a todas aquellas familias cuyos ingresos no superen el Iprem, indicador muy similar al del salario mínimo y que en 2007 se sitúa en 6.988,80 euros al año.

En teoría, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), marco rector en esta materia, ya garantiza que el suelo municipal debe dedicarse a vivienda protegida. Pero la LOUA también prevé que los terrenos públicos se destinen 'a cualquiera de los usos admitidos por el planeamiento cuando así sea conveniente'. Y eso incluye la venta de terrenos para vivienda libre, lo que en la práctica permite especular a los municipios, burlando así el espíritu de la ley.

¿Cómo se financia la ley?

El contenido del anteproyecto quedó eclipsado por el puñetazo verbal que el mismo día de su presentación asestó el ministro de Economía, Pedro Solbes, a Chaves cuando afirmó que la ley auspiciada por la Junta de Andalucía contiene 'cosas que suenan bien' pero cuya aplicación resulta financieramente inviable. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, salió de inmediato en defensa del presidente andaluz.El Ejecutivo central, dijo enmendando a Solbes, es 'firmemente partidario de que se aprueben y promuevan' normas de ese tipo.

Tras el malestar causado por las palabras de Solbes, el Ejecutivo andaluz sostiene que la ley no requiere ninguna inyección económica especial: porque el suelo, el factor que más pesa en el precio final de la vivienda, está asegurado, recalcan los portavoces de la Consejería de Obras Públicas.

¿Cómo? A través de la ya conocida reserva de suelo del 30% en cada PGOU para VPO; y a través de la nueva cláusula relativa al patrimonio municipal de suelo para las viviendas públicas en alquiler. Fuentes del departamento que dirige Concepción Gutiérrez puntualizaron ayer que los consistorios podrán 'monetarizar un porcentaje de esos suelos', es decir, vender una parte siempre que lo hagan para financiar las viviendas públicas del área.

Las restricciones sobre los usos del patrimonio municipal de suelo pueden topar con un importante flanco de resistencia: los ayuntamientos, buena parte de cuyos ingresos -el 22%, según un estudio del BBVA- procede del urbanismo, mucho más rentable cuando se trata de poner en el mercado viviendas de precio libre que protegidas incluso ahora que la burbuja inflacionista se desinfla.