Una de las grandes apuestas de la Fiscalía Anticorrupción en el juicio de la pieza política de los ERE fue plantear, ante la sorpresa de muchos, un ensanchamiento del objeto de la investigación, para que no se limitase a abordar si era o no legal el sistema que diseñó la Junta para otorgar ayudas sociolaborales, sino que también indagase en cómo había funcionado ese procedimiento en las más de 200 subvenciones bajo sospecha que investigan otros juzgados. La Audiencia de Sevilla ha echado por tierra esta propuesta del Ministerio Público, pero lo ha hecho en un auto ajeno a este proceso -que sienta en el banquillo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos de la Junta- y donde los magistrados han volcado argumentos muy duros contrarios a la principal línea de acusación de los fiscales.

La Audiencia ha tumbado el recurso de Anticorrupción que pedía juzgar en una pieza separada (por una supuesta ayuda irregular de 30.000 euros a la Universidad de Sevilla) a uno de los acusados que se sienta en el banquillo de la pieza política de los ERE, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández. De haberlo admitido, los magistrados habrían enterrado el criterio que fijó la propia Audiencia para que los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz se sometieran a un único juicio (en aplicación del principio legal non bis in ídem) al considerar que el procedimiento específico por el que están siendo enjuiciados ya incluye cualquier conducta que se les pueda imputar penalmente en el resto de piezas vinculadas con los ERE.

El auto resuelve una situación anterior y concreta, pero los argumentos apuntan a que la Audiencia tampoco aceptará mezclar asuntos en el juicio contra Chaves y Griñán. “Una de las reglas fundamentales del proceso penal es que su objeto viene constituido por hechos, y no por voluntades, intenciones o deseos”, advierten los jueces. Y añaden: “El objeto de ese proceso en fase de enjuiciamiento no puede ser otro que esos concretos hechos objeto de acusación”.

Esta vez los magistrados no se han limitado a exponer sus fundamentos jurídicos, también han lanzado una rotunda crítica contra los fiscales y el resto de acusaciones particulares (PP y Manos Limpias), a quienes les reprocha que hayan “desbordado” el objeto del juicio de los ERE al introducir el delito continuado de malversación. “Lo que parecía que iba a tener por objeto (de investigación) el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico para desgajar de esta pieza las consecuencias de su utilización en un periodo dilatado de tiempo (lo que quedaría colmado con la acusación por delito de prevaricación), se ha visto desbordado por la propia Fiscalía Anticorrupción (y las demás acusaciones que nada han dicho en este recurso y otros similares) al acusar asimismo por delito continuado de malversación, esto es, por el uso de ese procedimiento”.

Los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en el juicio de los ERE. EFE/Jose Manuel Vidal

El auto se endurece aún más en las conclusiones, donde se sugiere que las acusaciones han bordeado las garantías constitucionales de los ex presidentes andaluces y del resto de imputados. “Lo que es del todo incomprensible es que se espere que este tribunal permita, vulnerando la Constitución, que tales acusados vuelvan a ser investigados y enjuiciados separadamente por cada uno de los hechos contenidos en la acusación en la pieza principal, en la que son acusados (reiteramos) por delitos continuados de prevaricación y malversación con petición de indemnizaciones, en muchos casos, millonarias. Desde luego, no es razón para sostener lo contrario que las acusaciones no hayan precisado, como hubiera debido hacerse, los nombres de las empresas o entidades implicadas”, reza el escrito.

A priori, este tirón de orejas de la Audiencia es una buena noticia para 15 de los 22 acusados de la pieza política de los ERE que se enfrentan a una pena de seis a ocho años de cárcel por malversación, entre ellos el ex presidente Griñán.

Las defensas piden otro aplazamiento

El varapalo a las acusaciones por parte del tribunal de los ERE también ha dado oxígeno a las defensas de los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz que se sientan en el banquillo. Algunos de sus abogados han pedido por escrito que se suspenda la vista oral del juicio, cuya reanudación está prevista para el próximo 12 de febrero, argumentando que la Audiencia ha admitido nuevas pruebas documentales presentadas por las acusaciones a las que ellos aún no han tenido acceso ni han podido analizar.

La defensa de los 22 acusados en la pieza política del caso ERE, en la Audiencia de Sevilla. EFE/Julio Muñoz

Las defensas creen que la admisión de estas pruebas “genera indefensión” a sus clientes, “vulnera el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial” de los acusados. Víctor Moreno Catena, abogado de la ex consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, afea a las acusaciones su “mala fe procesal” por presentar a última hora “un extenso elenco de pruebas tanto documentales como testificales”. El letrado reclama a la Sala la suspensión temporal del juicio “hasta que los medios de prueba se hayan traído al proceso y se pongan a disposición de las partes, así como que se conceda un nuevo trámite a las defensas para que (…) puedan reaccionar proponiendo nuevo material probatorio”.

En la misma línea apunta la defensa de Jacinto Cañete, ex director de la agencia IDEA (ente público que libraba las ayudas directas a empresas), al pedir que la vista oral no comience el 12 de febrero, como está previsto, y reclama “un prudencial pero suficiente plazo para el análisis” de la nueva documentación aportada por las acusaciones y admitida por el tribunal. El abogado de Cañete, Juan Carlos Alférez, solicita no reanudar el juicio hasta que no dispongan “de la completa y profusa prueba documental que se les ha admitido a las acusaciones”.

También la abogada del ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo, ha presentado un escrito con sus críticas a la admisión de nuevas pruebas. Encarnación Molino no ha pedido que se aplace el juicio, como han hecho sus compañeros de bancada, pero sí amaga con presentar un recurso de casación o un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional “por vulneración del derecho de defensa” de su cliente.