Acepta las carencias del sistema, pero se esfuerza en transmitir un mensaje positivo sobre la atención a las mujeres maltratadas en los juzgados españoles. Sólo en el suyo, el número 3 de Valencia, se realizaron el año pasado 410 juicios rápidos y se abrieron 10 sumarios por delitos graves.

¿Las mujeres que denuncian encuentran una actuación ágil de la Justicia?

Sí. Para empezar, la orden de protección se tramita en 72 horas. Y la mayoría de casos de malos tratos, a excepción de los que tienen resultado de muerte o de lesiones graves, acaban en un juicio rápido.

¿Hay suficientes medios?

Faltan juzgados especializados. El sistema de que los mixtos lleven la violencia de género atasca los juzgados. La falta de medios se suple con horas de trabajo.

Después de la sentencia, ¿las mujeres quedan amparadas? ¿Se les ayuda en el plano laboral, en el emocional, en la vivienda?

Teóricamente sí y, desde luego, estamos mucho mejor que antes de la aplicación de la ley. Pero para una atención integral se necesitarían muchos más medios. Donde más carencias hay es en el ámbito económico. En un gran porcentaje, hablamos de población inmigrante y es difícil que, de repente, una mujer que no tenía medios para sobrevivir pueda encontrar un trabajo o una casa. El Estado da una ayuda, pero a veces no alcanza.

¿Existen suficientes recursos para controlar las órdenes de alejamiento?

En la provincia de Valencia, la ratio está en torno a 25 mujeres por agente. Evidentemente, cuanta más reducida sea la ratio, más posibilidad habrá de controlarlas.

¿Debería obligarse a todo maltratador a seguir una terapia de rehabilitación?

Debería ser obligatorio intentarlo, pero, si no quiere, no surtirá ningún efecto. Es parecido a la adicción a las drogas: no se puede obligar a someterse a un programa de desintoxicación a una persona que no está dispuesta a desintoxicarse. Se le puede obligar a cumplir una pena, pero no a cumplir un programa voluntario.

¿Qué pasa cuando en un juicio una mujer decide no declarar contra su presunto maltratador?

Entonces, la atiende una psicóloga dentro del juzgado. Esperamos el tiempo necesario para que, debidamente asesorada, tome la decisión. Cuando se les explica que hay recursos a su disposición para salir adelante, se les quita el miedo y cambian de idea. De todas formas, aunque no se cuente con su testimonio, el proceso penal sigue adelante porque se trata de un delito público.