Socialistas y populares han intercambiado hoy sus papeles en los interrogatorios de la comisión parlamentaria de investigación de los ERE fraudulentos. El trueque se ha producido esta tarde durante la comparecencia del ex delegado del Gobierno y actual presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido: mientras la diputada socialista Antonia Moro, como han venido haciendo los diputados del PP con los comparecientes socialistas, se empleaba a fondo para arrancarle a Zoido su responsabilidad en la gestión de los ERE de la faja pirítica de Huelva, el diputado popular Carlos Rojas imitaba a sus compañeros socialistas de la comisión durante los días anteriores y formulaba a Zoido cómodas preguntas dirigidas no a aclarar su participación en las ayudas dadas en su día por el Gobierno central a la minería de Huelva sino a que el dirigente del PP pudiera seguir cargando contra la gestión de la Junta de Andalucía en los ERE fraudulentos. 

Las presuntas irregularidades en las ayudas otorgadas a los trabajadores de la minería onubense fueron desveladas en su día por el diario Abc, que denunció que hubo trabajadores que cobraron prejubilaciones que no se correspondían con su historial laboral, como limpiadoras que habrían recibido ayudas como si hubieran estado trabajando en las minas. El asunto está incluido en la instrucción de la jueza Mercedes Alaya. Lo que el diario conservador no sabía cuando publicó el tema era que esas ayudas habían sido en gran parte gestionadas y pagadas por el Gobierno central del Partido Popular. El tema despareció entonces prácticamente de la prensa conservadora, pero no de memoria de los socialistas, que se han agarrado a él como a un clavo ardiendo para no comerse en solitario el marrón de los ERE irregulares.

Aun así, la comparecencia de Zoido no aclaró demasiadas cosas, pese la dureza de los interrogatorios de la diputada de IU Alba Doblas y sobre todo de la diputada del PSOE Antonia Moro. A fin de cuentas el caso de la faja minera onubense es bastante colateral al núcleo del escándalo político de los ERE irregulares. Zoido negó que hubiera entre los trabajadores beneficiados ningún intruso, aunque no fue capaz de explicar por qué el Gobierno central no ha remitido hasta las tres de esta misma tarde la documentación sobre la franja minera que le había solicitado la comisión parlamentaria. Moro y Doblas se mostraron muy severas con el “ninguneo” del Gobierno a la comisión. El alcalde de Sevilla sí recordó en varias ocasiones, así como en su alocución final, que las ayudas extraordinarias dadas por el Gobierno central a la minería onubense, cuando él era delegado del Gobierno en Andalucía, tenían su respaldo jurídico en una orden ministerial aprobada en 1995 por el Ministerio de Trabajo, cuyo titular entonces era… José Antonio Griñán-

Por su parte, el diputado popular Carlos Rojas se tomó, metafóricamente, un merecido descanso a la hora de preguntar a Zoido. Su interrogatorio superó en dulzura incluso a los que los miembros socialistas de la comisión han venido formulando a sus compañeros de partido. Rojas proclamó en varias ocasiones que el PSOE había repartido “1.500 millones de forma fraudulenta”, pero no hizo alusión alguna al embarazoso tema de la franja pirítica onubense.

La sesión de la mañana había comenzado con la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y continuó con el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, si bien ninguno de los dos aportó novedades a lo ya conocido hasta ahora. Aguayo, que fue viceconsejera de Economía cuando el actual presidente José Antonio Griñán era titular del departamento, negó que su consejería fuera la competente para resolver las deficiencias observadas por la Intervención en el procedimiento de concesión de las ayudas. 'Ni de los informes se deriva acción concreta, ni se requirió acción específica, ni la ley le atribuye esta competencia a la Consejería de Hacienda, ya que es la consejería competente (en referencia a la de Empleo) la que tenía que desarrollar acciones', recalcó Martínez Aguayo. La consejera defendió con firmeza sus posiciones, pero al igual que sus compañeros de Gobierno o de partido en las comparecencias de los días anteriores tuvo dificultades para justificar por qué en última instancia no se hizo nada para cambiar o al menos mejorar un procedimiento de reparto de ayudas tan poco transparente y tan insuficientemente fiscalizado.

Gaspar Zarrías, por su parte, se mostró particularmente tranquilo durante su comparecencia, sin duda porque su relación con el escándalo de los ERE fue muy tangencial, a pesar de que era el responsable de la coordinación del Gobierno que presidía Manuel Chaves. Zarrías hizo una cerrada defensa de la “decisión política” de la Junta de amparar a empresas en crisis cuya desaparición dañaba gravemente la economía de comarcas enteras, y recordó que gracias a esas políticas se habían salvado muchos empleos y, sobre todo, se había dado cobertura con prejubilaciones a trabajadores que por su edad tenían muy difícil encontrar un puesto de trabajo. También aclaró que su relación con el ex director general Javier Guerrero, epicentro de la trama, había sido “inexistente” y que en ningún momento le había llegado ninguna información, queja o denuncia que hiciera sospechar lo que estaba ocurriendo en la Dirección General de Trabajo.

Por otra parte, las comparecencias de Chaves y Griñán previstas para el viernes se postergarán, según decidieron ayer PSOE e IU, porque los socialistas se proponen llamar a nuevos comparecientes no previstos inicialmente y quieren mantener su plan de que sean ambos presidentes andaluces quienes, por “dignidad institucional” cierren las comparecencias. El PP puso el grito en el cielo por esta demora en la declaración de los dos líderes socialistas. Los ex ministros del PP Javier Arenas y Eduardo Zaplana están citados para este jueves. Al igual que ha sucedido hoy, probablemente también mañana habrá intercambio de papeles de socialistas y populares.