La pena por haber agredido a dos maestras y a la conserje del CEIP Eduard Marquina, según la sentencia emitida por una juez de Barcelona, es de un año de prisión para cada uno de los padres de un estudiante de esta escuela. También deberán pagar 6.500 euros como indemnización a las docentes y una multa de 720 euros por una falta de lesiones. Éste ha sido el primer caso en Catalunya que ha sido procesado como una agresión a la autoridad y no como un delito de lesiones, como regularmente se hacía.

Moscas a cañonazos

“Estamos matando moscas a cañonazos”, ha dicho el penalista Luis Batlló, especializado en menores por el Colegio de Abogados de Barcelona. “Esto discrimina al resto de funcionarios de otras áreas que también son agredidos con una cierta frecuencia. Es el caso de los conductores de autobús. Este suceso crea una nueva jurisprudencia. Antes, normalmente, las agresiones a funcionarios que no pertenecieran a los cuerpos de seguridad se consideraba un delito de lesiones”, explicó el jurista.

La polémica decisión crea un precedente en el tratamiento judicial de la violencia en los centros educativos, que está en aumento, según Batlló. “La solución más barata es ampliar y hacer más rigurosas las penas, pero la más eficaz es aplicarlas”, destaca Batlló. La diferencia entre un delito de atentado contra la autoridad y uno de lesiones es que en el primero se trata de cualquier agresión hacia funcionarios públicos y se castiga con penas de uno a tres años de prisión

“Recurriremos la sentencia. Mi hermana ha pagado por las verdaderas agresiones cometidas por otros padres”, dijo

Yolanda, la hermana de Montserrat M. G., que fue acusada por los hechos ocurridos el 11 de octubre de 2006. Aquel día, a las ocho y media de la mañana, Montserrat, junto a su pareja Juan V. A., quiso forzar el ingreso de su hijo Cristian en el centro. Entonces tenía cinco años. Pero la conserje Carmen Prados y las maestras Maria Dolors Cortadillas Queralt –directora– y Gloria Zaragoza Bas –jefa de estudios– se lo impidieron. Según ellas, los padres de Cristian habían contraído una deuda de 5 euros mensuales por el servicio de guardería de las mañanas.

Un caso aislado

“Este es un caso aislado y no se puede generalizar”, se esforzó en justificar ayer un portavoz del Departament de Educació. La sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 17 asegura que los padres actuaron “menospreciando el principio de autoridad que representaban –los docentes– en el centro”.Según el atestado, la madre agarró por el cuello a la jefade estudios del CEIP e intentó intimidarla con amenazasdel tipo “ya te esperaré en la calle, te pegaré, te mataré”. Mientras, el padre la animaba a seguir con esta actitud: “pégales, mátalas, que se enteren, que ya nos encontraremos en la calle”.La escena concluyó cuando llegaron los Mossos d´Esquadra, avisados por la conserje. A las maestras aquel episodio les dejó secuelaspsicológicas que la sentencia ha contemplado.